Qué es el principio de preclusión, el proyecto que genera polémica en Bolivia y podría “salvar” las elecciones Infobae
En Bolivia crece la incertidumbre sobre la continuidad e integridad de las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto, luego de que a los pocos días del registro de candidatos se presentaran al menos diez demandas contra partidos políticos que pueden derivar en la anulación de su personería jurídica y restar competitividad a la votación.
Esta preocupación tiene fundamentos: el último proceso electoral, para la renovación de jueces de las altas cortes, se retrasó un año debido a fallos judiciales que torpedearon el desarrollo de los comicios y finalmente se celebraron de manera parcial porque a último momento unos jueces decidieron anular la votación en los lugares donde se iba a elegir a sus reemplazantes.
La postergación de las elecciones judiciales ocasionó que los jueces anteriores se “auto prorroguen” en sus cargos, lo que generó dudas sobre la legitimidad de sus actos. Las decisiones que dilataron la votación fueron ampliamente rechazadas y muchos en Bolivia consideraron que se instrumentaliza la justicia con intereses políticos. En paralelo abrió el debate sobre la independencia del Órgano Electoral que subordinó sus decisiones a lo que dictaron los jueces.
Para evitar que la historia se repita, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para garantizar la preclusión de las elecciones. Se trata de un principio que ya está establecido en la ley electoral pero de manera general y consiste en que ninguna etapa de un proceso electoral puede ser repetida o paralizada, con el objetivo de dar seguridad jurídica y estabilidad al proceso.
El proyecto de ley enviado a la Asamblea boliviana complementa el principio citado en la ley y especifica que ninguna autoridad pública puede violar la preclusión y que cualquier sentencia que pudiera entorpecer el proceso electoral será nula de pleno derecho.
A pesar de que las elecciones generales de este año enfrentan procesos que pueden dilatar las elecciones o restarles competitividad, el proyecto que podría evitar la intromisión de la justicia y salvar la votación de la intromisión judicial no ha prosperado en la Asamblea Legislativa. Al contrario, enfrenta una campaña de desinformación que malinterpreta el principio de preclusión bajo el argumento de que evitará el control ciudadano o que no se podrá impugnar los resultados.
Dunia Sandoval, ex vocal del TSE, desmiente esas versiones y dice que es una “propaganda exagerada” que tergiversa un principio que asegura el cumplimiento del calendario electoral.
De hecho, la preclusión ya está establecida en la normativa electoral y en todos estos años se permitió la fiscalización, la observación ciudadana y partidaria a través de delegados, las misiones de observación internacional y hasta se anuló la elección de 2019 por indicios de fraude. La preclusión no es una rareza y está vigente en países con democracias consolidadas y se aplica en otros aunque no lo tengan escrito de manera explícita en sus leyes.
Ante el retraso en la aprobación de esta ley, los vocales electorales convocaron a los otros poderes del Estado y a representantes de organizaciones políticas a encuentros para lograr mediante acuerdos que no hayan interferencias en la votación.
Sin embargo, una vez que el proceso estuvo en marcha surgieron demandas y denuncias que pueden perjudicar las elecciones o comprometer su integridad. Algunos vocales han denunciado presiones y ataques al sistema político, que ponen en riesgo el desarrollo de las actividades.
Sin una ley específica pero con un principio legal y con compromisos de las autoridades públicas, el vocal Francisco Vargas exhortó a los jueces a no perjudicar el proceso electoral y velar por “el bien mayor, que es preservar la democracia”.
