El Gobierno dice no haber evaluado a menores que debe acoger por falta de documentación Infobae
Madrid, 29 may (EFE).- El Gobierno ha explicado al Tribunal Supremo que aún no ha evaluado individualmente a ninguno de los menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional a los que tiene que acoger por orden del alto tribunal, ya que Canarias no ha remitido la información necesaria para ello.
Así lo ha señalado la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, en una vista celebrada este jueves ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en la que debía explicar qué medidas había llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar, adoptada a petición del Gobierno de Canarias el pasado 25 de marzo.
El abogado del Estado ha reconocido que no se ha realizado ninguna medida de acogida aún porque para llevarlas a cabo antes es preciso identificar a los jóvenes correctamente y, en este punto, se le ha requerido a Canarias en varias ocasiones una serie de documentación que, según esta parte, la comunidad no ha remitido.
Una documentación que la letrada del Gobierno autonómico ha subrayado que ya debería tener el Estado, al haber sido facilitada a la Policía Nacional en el proceso de solicitud de protección internacional.
El tema de cuántos jóvenes deben ser afectados por la orden del Supremo ha sido una cuestión clave durante la vista, ya que, según Canarias, el Gobierno debía haber trabajado con el listado de 1.008 jóvenes que remitió en este procedimiento, mientras que el Ejecutivo ha utilizado otros datos, fruto del cruce de información remitida por la comunidad en otro contexto e información propia, lo que rebaja la cifra a 762.
El abogado del Estado ha subrayado que el sistema de acogida nacional de protección internacional no está preparado para atender a menores migrantes no acompañados, pero sí se ha adoptado alguna medida encaminada a preparar su sistema para ello.
Por su parte, la letrada del Gobierno de Canarias ha denunciado que, en la vista celebrada hoy, ha quedado claro que "no ha cambiado nada" desde que se acordó la orden, ya que, en la práctica, "absolutamente ninguno" de los menores ha sido evaluado individualmente.
Entre las medidas señaladas por el Ejecutivo encaminadas a cumplir con el auto, el Gobierno ha informado a la sala de que en los últimos meses ha trabajado para disponibilizar algunas de sus plazas de este sistema para los jóvenes, como trasladar a la península a las personas adultas que ocupan plazas actualmente en Canarias y "bloquearlas" para estos menores o abrir 150 nuevas vacantes.
En la vista han declarado en calidad de testigos varios cargos del Gobierno con responsabilidades en el sistema de acogida para solicitantes de protección internacional, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y del sistema de asilo, del Ministerio del Interior, además de una técnico de la ONG Accem.
Durante la sesión, el presidente del tribunal, Carlos Lesmes, ha intervenido en numerosas ocasiones para interrogar a los altos cargos del Gobierno ante los tecnicismos de algunas de sus respuestas: "¿Ustedes, entonces, de los menores se desentienden totalmente?", ha cuestionado.
Por su parte, la representante del Gobierno canario, en un duro alegato, ha acusado al Ejecutivo central "de dilatar los tiempos" porque, dos meses después, "absolutamente ninguno de los menores ha sido evaluado individualmente" pese a que "no se ha puesto de manifiesto que haya algo que subsanar", en alusión al argumento del Ejecutivo de que les faltaba documentación por parte de Canarias.
En respuesta al abogado del Estado, ha dicho que el Gobierno no ha solicitado personal para las evaluaciones, pese a que Canarias lo ofreció, y que en los dos últimos años la región "ha creado 83 centros con los mismos problemas a los que alude el Estado", por lo que "se presupone que el Estado podría hacerlo también".
La letrada también ha arremetido contra el borrador de un protocolo que "unilateralmente" presentó justo ayer el Gobierno, que se remite a crear un grupo de trabajo para luego aprobar un calendario de actuación no antes del 30 de septiembre. EFE
