La UE estudia la propuesta de España sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego Infobae
Madrid, 27 may (EFE).- El Consejo de Asuntos Generales de la UE estudia este martes la propuesta española sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, para lo que el Gobierno debe recabar la unanimidad de los Veintisiete.
En las últimas semanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado los contactos con sus socios europeos e intentará hasta el último momento conseguir el respaldo unánime que necesita su petición, según ha dicho este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Para tratar de vencer las reticencias que a día de hoy siguen teniendo varios socios para que la UE pase de 24 a 27 lenguas oficiales, el Gobierno ha introducido cambios en su propuesta inicial, que se remonta a agosto de 2023.
Así, España prevé que la traducción de la legislación de la UE a los tres idiomas se haga por fases, a partir de 2027, empezando primero por los reglamentos desde el año 2017 y dejando para más adelante el resto de decisiones, como las directivas comunitarias.
Se seguiría de este modo una lógica similar a la que se adoptó con el gaélico, que se convirtió en idioma oficial de la UE en 2007, dos años después de que lo solicitase Irlanda, aunque las leyes no se empezaron a traducir hasta 2015, por la falta de traductores disponibles.
España, además, insiste en que asumirá el coste que supondría traducir la legislación comunitaria al catalán, el euskera y el gallego, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea, basada precisamente en la experiencia del gaélico, ascendería a los 132 millones de euros.
El Gobierno alega también que los tres idiomas están reconocidos como lenguas cooficiales en la Constitución española y que se pueden utilizar ya en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, por lo que la UE debe aceptar su oficialidad, una demanda que el Ejecutivo elevó a Bruselas a petición del Junts per Catalunya.
La negativa proviene principalmente de los países nórdicos y los bálticos, que temen que se abra un precedente para que se reclame la oficialidad de otras lenguas minoritarias como el ruso o el turco. También Francia recela, por las posibles demandas de corsos y bretones. EFE
