El PP propone una ayuda de 600 euros para los celiacos, pero se queda corto: la comida sin gluten supone un sobrecoste de casi 1.000 euros al año Infobae
El pasado martes, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció que su partido había presentado una propuesta legislativa en el Congreso de los Diputados con el objetivo de aliviar el coste económico al que se tienen que enfrentar las personas celiacas cuando compran productos sin gluten. Entre las medidas de esta iniciativa, destaca una deducción fiscal de 600 euros al año, con la posibilidad de recibir ese dinero antes como una ayuda.
Sin embargo, aunque los populares hayan sido los primeros en poner a los celiacos en el foco mediático, lo cierto es que se han quedado cortos. Y es que, según los datos de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), una persona que tiene que comprar comida sin gluten se enfrenta a un sobrecoste de casi 1.000 euros al año.
Productos entre dos y cuatro veces más caros
Aunque muchas personas tienen la falsa creencia de que la celiaquía es una alergia o una intolerancia, la realidad es que se trata de una enfermedad autoinmune. Esta condición hace que el sistema inmunitario reaccione de forma anormal al gluten, dañando el intestino y dificultando, entre otras cosas, la absorción de vitaminas.
En España, además de no contar con ningún tipo de apoyo económico o alimentario para las personas con enfermedad celiaca, tampoco hay ningún registro oficial. Se estima que alrededor del 2% de la población sufre esta patología y que el 75% de las personas celiacas en el país estarían sin diagnosticar, según la Federación.
El único tratamiento efectivo es seguir una dieta estricta libre de gluten, pero los precios de los productos lo ponen muy complicado. Desde FACE destacan que las familias con al menos un miembro celiaco deben asumir un coste adicional medio de 997,85 euros al año, en comparación con otros hogares. Al final, este incremento se traduce en casi 21 euros más a la semana, y 83 euros más al mes. Los productos básicos, como el pan o la harina sin gluten, pueden llegar a costar entre dos y cuatro veces más que sus equivalentes con gluten.
Otros países europeos como Francia, Portugal, Italia y Bélgica han ido implementando ayudas económicas o alimentarias destinadas a las personas celiacas. Desde las asociaciones españolas, consideran que este tipo de subvenciones son esenciales para garantizar la igualdad de condiciones y evitar que el acceso a una alimentación sana y equilibrada sea un lujo.
La propuesta del PP
Durante el Fórum Europa del pasado 20 de mayo, Feijóo afirmó que esta ayuda consistía en un paquete de medidas con una dotación económica de 500 millones de euros anuales, y la calificó de “ambiciosa”. Además, explicó que está diseñada para beneficiar a aproximadamente 500.000 personas celiacas que residen en España. Una cifra que, según destacó, equivale a la población total de Málaga.
Entre las medidas incluidas en la propuesta, tal y como publicaron en El Español, el PP plantea la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celiaca, que dependerá del Ministerio de Sanidad. Este registro, de carácter administrativo, tendrá como objetivo recopilar datos epidemiológicos, mejorar la planificación sanitaria y determinar con precisión quiénes podrían acceder a estas ayudas fiscales. La inclusión en este registro sería un requisito indispensable para que los pacientes puedan beneficiarse de la deducción fiscal.
El núcleo de la iniciativa legislativa radica en la incorporación de un nuevo artículo en la Ley del IRPF, que permitirá a los contribuyentes reducir su cuota tributaria hasta 600 euros anuales por cada miembro de la familia diagnosticado con celiaquía e inscrito en el registro. La deducción se aplicaría de manera proporcional al número de meses en los que se cumplan los requisitos establecidos.
Asimismo, la propuesta contempla la posibilidad de que los beneficiarios soliciten el abono anticipado de esta cantidad a la Agencia Tributaria, incluso en casos en los que no exista una cuota a ingresar, lo que convierte la ayuda en una prestación económica reembolsable.
