Presunta colusión corralista Diario.mx

El viernes pasado, en la columna de opinión de esta casa editora, se mencionó que parecería que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua protegía a Javier Corral y sus cómplices, entre ellos Arturo Fuentes Vélez.

Se llega a esta conclusión simplemente por los hechos: ni Corral, ni Fuentes Vélez, ni tampoco el propietario de un despacho contable contratado por Fuentes Vélez para desviar cerca de cien millones de pesos están sometidos a proceso. Los tres están siendo investigados, pero nada más.

Dicha columna menciona que entre el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela y Javier Corral existe comunicación, y que hay una amistad añeja entre el primero y Fuentes Vélez. De ser así, la gobernadora María Eugenia Campos habría entregado una de sus principales herramientas de persecución del delito a Corral. Evidentemente por eso nunca fue detenido en la primera mitad del gobierno de Maru Campos.

En lo personal, nunca creí que existiera un acuerdo entre Campos y Corral. Los agravios del segundo hacia la primera fueron de tal magnitud que se antoja complicado que hubieran sido fingidos. En cada foro que podía, Javier Corral golpeaba de forma incesante a una candidata y gobernadora que nunca le respondía. Me parece que esa clase de ofensas no se toleran ni se negocian, aunque puedo estar equivocado. Sin embargo, si por las vísperas se sacan los días, lo más probable es que Valenzuela sí esté alineado a los intereses de Javier Corral.

Muchos chihuahuenses nos preguntamos ¿por qué el Gobierno de Chihuahua nunca procesó a Javier Corral? Había varias razones para hacerlo. Primero, la falsificación de pruebas. Corral intentó procesar a Maru Campos con unos documentos que comprometían a la hoy gobernadora, y que la señalaban como beneficiaria de un esquema de nómina secreta. La hoy gobernadora siempre señaló la falsedad de esos documentos. En lo personal nunca creí que esos documentos fueran reales. Sin embargo, ya una vez en el poder, Maru Campos no persiguió a quienes falsearon esos informes. ¿Serían entonces reales? Solo los involucrados lo saben.

Segundo, el gobierno de Javier Corral siempre fue señalado por haber cometido actos de tortura. En su momento, detuvieron a Francisco González Arredondo, el fiscal torturador que, como un digno émulo de Torquemada, se encargaba de arrancar confesiones con métodos de presión. Sin embargo, cuando la Federación les quitó el expediente (y al detenido, para liberarlo posteriormente) ni las manos metieron.

Tercero, los señalamientos de corrupción en el gobierno de Javier Corral han quedado impunes. De este tema, han sido señaladas tres personas: Javier Corral, Arturo Fuentes Vélez, y el socio del despacho contable que les ayudó a robarse cien millones de pesos.

Concretamente el caso de Arturo Fuentes Vélez fue pura pirotecnia del fiscal Valenzuela. Anunció con bombo y platillo que iban a detenerlo. Evidentemente esto alertó a Fuentes Vélez quien abandonó el país como el delincuente prófugo que es. En su momento, en este mismo espacio, critiqué la postura de Valenzuela por anunciar antes de detener. Parecía que lo que buscaba era justamente alertar a Fuentes Vélez y así evitar la pena de tener que detener a su amigo.

En el caso de Javier Corral, después de haber tenido casi tres años para detenerlo, y de haber podido hacerlo en marzo en la ciudad de Chihuahua, Valenzuela se esperó hasta agosto para detenerlo; quince días antes de que rindiera protesta como senador (y fuera investido con fuero) y en la Ciudad de México, entidad que no iba a colaborar con la detención de Corral.

Esto alimenta el “sospechosismo” de que hay acuerdo entre Corral y cuando menos Valenzuela. Especialmente porque una vez que le estaban mostrando la orden de aprehensión, le dieron la oportunidad de hacer llamadas y escabullirse, justo como lo hizo. En tiempos de Corral, sus orangutanes ejecutores de órdenes de aprehensión ni siquiera preguntaban, y se llevaban detenidas a personas incluso sin órdenes de captura. Esto aumenta más la sospecha de la colusión entre Corral y Valenzuela.

En marzo de 2024 el Partido Revolucionario Institucional impugnó la candidatura morenista de Javier Corral al Senado, por no cumplir el requisito constitucional de haber renunciado a la ciudadanía norteamericana para competir. Sé de primera mano que el fiscal Abelardo Valenzuela estuvo pidiendo de manera insistente copia de dicha denuncia a personajes priistas, para el efecto de “integrar debidamente” la carpeta de investigación. Su pretexto era ridículo, pues la impugnación de la candidatura de Javier Corral no guardaba relación alguna con los delitos que cometió siendo gobernador. Además, ni siquiera los solicitó mediante los canales oficiales de comunicación, sino que el fiscal lo hacía vía ‘WhatsApp’. Esto nos hace pensar que quería entregarle de primera mano la demanda a Corral.

No me consta que el fiscal Valenzuela sea inepto; de hecho no creo que lo sea. Sin embargo fue prácticamente lo que dijo Corral cuando intentaron detenerlo en una entrevista que dio a Carmen Aristegui. Quizá para distraer la atención de lo que en realidad estaba pasando.

Si genuinamente hubiera un ánimo de perseguir y sancionar la corrupción corralista, algunos de sus principales operadores hubieran terminado presos. Curiosamente, el único secretario corralista que acabó en prisión fue Antonio Pinedo, quien terminó peleado con Javier Corral al final de su gobierno.

Sería gravísimo que existiera un acuerdo entre Corral y Valenzuela. Pero sería más grave si a Corral no se le hubiera perseguido por petición de la gobernadora. Insisto, ese escenario se antoja complicado, pero no imposible. Lo que sí es cierto es que hace más de un año el suscrito presentó una denuncia en contra de varios personajes del aparato inquisidor de Corral y a la fecha ni siquiera se ha abierto carpeta de investigación alguna. No quisiera creer que los tentáculos de Javier Corral siguen operando al interior de las diversas fiscalías de Chihuahua.

Al margen de cualquier cosa, lo cierto es que hoy la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua solamente ha agarrado de ejemplo a la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Ahí le metieron todo el empeño que no le metieron con Javier Corral.

En su momento, también intentaron golpear al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, justamente a través de un cateo y aseguramiento de su domicilio. Siempre se dijo que había sido iniciativa de Valenzuela, no de la gobernadora. Me parece inconcebible que la gobernadora no estuviera enterada de esa operación. Pero suponiendo que así hubiera sido, entonces concluimos que los intereses de Valenzuela y del Gobierno de Chihuahua no están alineados.

Espero y hago votos porque la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua persiga adecuadamente a Corral y a sus cómplices y que toda esta especulación que se ha hecho solo se deba a fallas operativas. En cambio, si en efecto existe un acuerdo entre Corral y Valenzuela, que se tomen las medidas que se deban tomar. A menos que en Palacio de Gobierno estén enterados y decidan dejar pasar esa situación.