Las 2 armerías legales de México muestran la conflictiva relación del país con las armas Diario.mx

Para comprar municiones, algunos clientes acuden desde lugares ubicados a dos horas de distancia. Para comprar pistolas, un grupo de policías alquiló una furgoneta e hizo un viaje de ocho horas. Para adquirir un rifle de precisión, el trabajador de una aseguradora manejó nueve horas durante la noche.

Solo hay dos armerías legales en todo México, lo que las convierte en los destinos para clientes de todos los rincones del país y en una encarnación de la conflictiva relación de México con las armas de fuego.

La Constitución consagra el derecho a poseerlas, y hay millones de armas en manos de civiles, con un mercado negro inundado de armas de fabricación estadounidense. Pero las dos tiendas legales, dirigidas por militares y estrictamente reguladas, son emblemáticas de los esfuerzos del gobierno por controlar mejor las armas en México.

Guardias de seguridad privados, tiradores deportivos y otras personas realizan extenuantes viajes hasta las tiendas, que parecen un cruce entre una oficina del Departamento de Tráfico y un pequeño museo. Los solicitantes tienen que presentar casi una decena de documentos en las tiendas, una vez que han esperado unos meses a que les aprueben la compra de un arma.

Cristian Ulices Ocaranza Márquez, de 32 años, policía municipal, alquiló una furgoneta con otros seis agentes y manejó ocho horas desde su casa hasta Ciudad de México para conseguir armas. Su estado, Colima, tiene una de las tasas de homicidio más altas del país, y él tiene prohibido llevar su arma de trabajo a casa, así que solicitó una pistola, esperó tres meses a que se la aprobaran y pagó 518 dólares (el salario medio mensual en México es de unos 320 dólares).

“Al tener este empleo, también mi familia corre peligro”, dijo Ocaranza Márquez, padre de dos niños pequeños.

Aunque deseaba que fuera más fácil para los empleados del gobierno comprar armas de fuego personales, Ocaranza Márquez dijo que “está bien que no cualquiera pueda tener un arma”, y que había visto personalmente lo que las armas ilegales podían hacer en su estado.

Las estrictas restricciones de México son, en parte, una reacción a una dolorosa historia de violencia, desde las revoluciones del siglo XX hasta la elevada tasa de homicidios actual, impulsada en gran medida por la delincuencia de los cárteles en un grupo de estados. Pero también reflejan la compleja relación del país con Estados Unidos, cuyo propio derecho constitucional a las armas de fuego ha contribuido a generar un flujo constante de armas hacia el sur.

El gobierno mexicano estima que, cada año, entre 200.000 y 500.000 armas procedentes de Estados Unidos se introducen de manera ilegal en México. Muchas terminan en manos del crimen organizado, según funcionarios de ambos países.

El problema ha frustrado al gobierno mexicano durante años y, en 2021, demandó a los fabricantes y proveedores de armas de Estados Unidos, un caso que ahora está siendo analizado por la Corte Suprema estadounidense.

El tráfico de armas también se ha convertido en un punto clave en las negociaciones de México con el presidente Donald Trump, quien ha amenazado con imponer duros aranceles mientras presiona a México para que actúe contra los migrantes y las drogas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vinculado repetidamente el problema de las drogas en Estados Unidos con el de las armas en México, y ha exigido la actuación de Estados Unidos para detener el flujo.

Durante mucho tiempo, los líderes mexicanos han planteado esa cuestión, aunque se ha convertido en una prioridad bajo el mandato de Sheinbaum.

David Pérez-Esparza, exfuncionario de seguridad del gobierno, dijo que si bien las aduanas mexicanas claramente no están haciendo lo suficiente para detener las armas que entran al país desde Estados Unidos, sus homólogos estadounidenses —con mejor tecnología de inspección en la frontera— tampoco lo están haciendo.

Al igual que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, el Artículo 10 de la Constitución mexicana de 1857 establece que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa”.

Pero, tras una sangrienta revolución a principios del siglo XX, una nueva Constitución estableció normas que decían que algunas armas solo podían ser utilizadas por las fuerzas armadas y que la gente tenía que cumplir las normas policiales para portar armas en “zonas habitadas”. Tras los violentos levantamientos de la década de 1960, las restricciones se hicieron más estrictas, especificando qué tipos de armas se podían poseer, quiénes podían tenerlas y dónde.

Para los mexicanos de hoy, eso significa un viaje a un local de alta seguridad, ya sea en Ciudad de México o en Monterrey.

Desde fuera, la sede de Ciudad de México se parece a los muchos edificios militares austeros de los alrededores. Está abierto al público durante varias horas entre semana, siempre que se sigan las numerosas medidas de seguridad.

Las identificaciones deben comprobarse y registrarse. Los visitantes pasan por un detector de metales y se les toma una foto al entrar y al salir. Los teléfonos móviles se dejan en casilleros. Los documentos se comprueban en la puerta. Aproximadamente 125 clientes acuden a diario, mientras que una cuarta parte de ese número visita la tienda más reciente de Monterrey, según dijeron las autoridades.

Los documentos incluyen un formulario de adquisición de armas, una prueba de que no tienes antecedentes penales federales, evaluaciones médicas y psicológicas, una prueba de drogas, una prueba de tu residencia y empleo, copias de tu documento de identidad, partida de nacimiento, número de identificación fiscal y, si procede, tu afiliación a un club de tiro. También hay que pagar una tasa de 25 dólares.

“Si cada proveedor coloca una tienda en cada estado ¿quién va a tener el control?”, dijo el coronel Jesús Alfonso Nava Bustamante, quien hasta hace poco supervisaba las autorizaciones para comprar un arma. “Los mantenemos aquí”.

El proceso tiene muchos requisitos a propósito, dijo, porque, si no, “cualquier persona estaría armada”.

A la mayoría de los mexicanos se les permite portar legalmente una pistola (de hasta calibre .380) para defensa personal por domicilio registrado, y hasta nueve armas de fuego más largas (rifles de hasta calibre .22 y escopetas de hasta calibre 12) si están inscritos en un club de tiro o de caza que esté registrado en el ejército. Los calibres superiores se reservan para uso oficial del gobierno.

En parte como consecuencia de estas leyes, hay muchas menos armas de fuego que en Estados Unidos, con unos 20 millones de armas civiles en México, en su mayoría no registradas, frente a 400 millones de armas de propiedad privada en Estados Unidos, según el Small Arms Survey, un grupo de investigación.

Aunque la posesión de armas no es inusual entre la población de zonas rurales o peligrosas en México, según Pérez-Esparza, exfuncionario de seguridad del gobierno, dijo que en general estaba mal visto que la mayoría de la gente tuviera un arma.

“Qué bueno que no se ve bien”, añadió.

El sentimiento no es universal. Eduardo Ignacio García Zavala, de 32 años, que trabaja en el sector de los seguros pero es tirador deportivo, acudió a la tienda de Ciudad de México para añadir un nuevo rifle de precisión a su colección, y dijo que ojalá México tuviera la variedad de armas y calibres disponibles en Estados Unidos.

Sin embargo, García Zavala dijo que prefería comprar a los militares que en el mercado negro. Y una de las razones es el costo: dijo que el rifle que compró habría costado cuatro veces más en el mercado negro, un cálculo que puede ayudar a contrarrestar el atractivo de la vía no registrada.

“Adquirir un arma de manera legal es muy satisfactorio porque sé que estoy haciendo las cosas bien”, dijo. “Pero también hay un temor de que tú vas ahí, a la calle, y cualquier persona puede estar armado”.

La tienda militar de Ciudad de México tiene una disposición sencilla. En una esquina hay bancos para la gente que espera a que la llamen en una de las muchas ventanillas de atención. En el resto del local se alinean hileras de expositores de madera y cristal, cada uno de ellos mantenido por diferentes marcas de armas de fuego, como la estadounidense Colt, la austriaca Glock, la italiana Beretta y la mexicana Mendoza.

Todas las armas que se venden a través del ejército tienen un número de serie y deben registrarse en el ejército. A diferencia de Estados Unidos, México tiene un registro nacional que exige que el comprador facilite su nombre, dirección y huellas dactilares.

En total, hay 145 marcas de armas y municiones disponibles, y el ejército actúa como intermediario y no obtiene ninguna ganancia, dijo el coronel Juan Rafael Martínez Benítez, quien supervisa las ventas. Dijo que, el año pasado, las tiendas vendieron casi 20 millones de cartuchos y 16.000 armas, un ligero aumento respecto a 2023.

Dijo que la tienda es “completamente sin fines de lucro” y que el ejército es el intermediario de las ventas por una sencilla razón. “Para que nosotros tengamos el control”, afirmó.