Detienen a ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero por los 43 El Sur de Acapulco

Tras una crisis nerviosa, la ex magistrada del TSJ de 79 años fue llevada en ambulancia a la FGR y luego a la Cdmx. La detención es importante, pero falta que el Ejército entregue archivos con información relevante para esclarecer el caso, señala Tlachinollan. Muere en un hospital y abandonado por el gobierno el sobreviviente Jonathan Maldonado

Chilpancingo e Iguala, Guerrero, 15 de mayo de 2025. Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron una orden de aprehensión y arrestaron a la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, de 79 años, acusada de los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Este miércoles a las 8 de la mañana, una veintena de agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR llegaron al domicilio de la ex magistrada, en la calle Abasolo de la colonia Ruffo Figueroa, en el centro de la capital, para detenerla.

Familiares informaron que los agentes irrumpieron con violencia destrozando una puerta y rompiendo vidrios de las habitaciones.

La situación provocó crisis nerviosas a la ex funcionaria y a familiares presentes.

Los agentes federales solicitaron la intervención de paramédicos y una ambulancia del gobierno de Evelyn Salgado, que llegaron al domicilio.

Lambertina Galeana fue sacada de su domicilio y conducida a la ambulancia donde fue valorada y trasladada a la delegación de la FGR en Chilpancingo, cerca del Congreso del Estado.

Familiares informaron que la octogenaria fue arrestada con violencia lo que le provocó problemas de hipertensión debido a que padece de diabetes.

A la 1:50 de la tarde después de las diligencias y trámites judiciales, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue sacada por una puerta lateral de la delegación de la FGR en Chilpancingo en la misma ambulancia.

Fuertemente resguardada, a bordo de una ambulancia y seguida por vehículos oficiales fue conducida por la Autopista del Sol hacia la Ciudad de México, problemente a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso).

El gabinete de Seguridad federal informó por la tarde que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivado del intercambio de información, elementos de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR , junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lambertina “N”, por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por servidor público, en Guerrero.

Por labores de investigación de gabinete y campo realizadas en el municipio de Chilpancingo, se tuvo conocimiento de un domicilio ubicado en la calle Abasolo, en la colonia Ruffo Figueroa, donde se resguardaba una ex funcionaría pública estatal, que contaba con una orden de aprehensión, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó una orden de cateo para intervenir el inmueble.

Por lo anterior las fuerzas federales efectuaron un operativo donde fue detenida Lambertina “N”, ex funcionaria pública vinculada a los eventos ocurridos en Ayotzinapa en 2014.

A la ex magistrada se le informó el motivo de su detención, sus derechos de ley y fue puesta a disposición de la autoridad que la requiere, quien dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Se informó que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de cámaras de video colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala. Frente a esas instalaciones, en el área de cobertura de las cámaras, fueron atacados por policías y agentes de diversas corporaciones estudiantes de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos.

Lambertina Galeana Marín fungió como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Guerrero en 2014, cuando el 26 de septiembre fueron desaparecidos los 43 normalistas.

Información federal indica que su detención está relacionada con la desaparición de las grabaciones de las cámaras 12 y 15 colocadas en las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala donde ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014.

Además, que tenía a su cargo en ese momento a Javier Uribe Iturbe, empleado en el área de informática del TSJ del Estado, y a Luis Europa Solís Jiménez, técnico en mantenimiento y soporte de cómputo del TSJ, adscrito al Distrito judicial de Hidalgo en Iguala.

Una carrera dentro del Poder Judicial estatal

Lambertina Galeana Marín tuvo una carrera que la llevó a ascender en el Poder Judicial de Guerrero. De mecanógrafa llegó a presidenta del TSJ en el 2014 con la recomendación del gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Es hermana de la fundadora del PRD en Atoyac, Guadalupe Galeana Marín.

El 8 de julio de 2013, el entonces presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, solicitó licencia como magistrado y presidente del TSJ luego de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, postulado por el PRD, lo nombró secretario general de Gobierno.

Su periodo fue continuado, tras una votación de magistrados, por Alberto López Celis, quien solicitó licencia el 3 de febrero de 2014 y Lambertina Galeana Marín asumió la presidencia del TSJ.

En ese lapso ocurrió el asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa, y tres civiles, así como la desaparición de otros 43 la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por parte de criminales de Guerreros Unidos, policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, con la presencia de policías estatales y federales y efectivos del Ejército.

El trienio que asumió la magistrada, pero que se inició en el 2013 por Jesús Martínez Garnelo, vencía el 30 de abril de 2015, pero fue ratificada por otros siete meses.

Galeana Marín impulsó reformas para digitalizar el sistema de recaudación de ingresos y el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

El 1 de noviembre del 2017 se jubiló como magistrada del Poder Judicial y fue sustituida por Norma Leticia Méndez Abarca.

Ocho años después del caso Ayotzinapa, en el gobierno de Andrés Manual López Obrador, en el 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), reveló en su informe que en el puente El Chipote a un costado del edificio del Palacio de Justicia de Iguala en la avenida Vicente Guerrero, patrullas con agentes de Policía Preventiva Municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula retuvieron al autobús Estrella de Oro 1531 y lo atacaron a balazos.

Los policías bajaron por la fuerza a unos 20 estudiantes que a la fecha permanecen desaparecidos.

En ese documento el GIEI confirmó la existencia de los videos.

“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero”.

La presidenta del TSJ declaró en ese momento que los videos nunca existieron.

Pero, el GIEI en su primer informe afirmó que la propia Galeana Marín le confirmó la presencia de los videos y que incluso les aseguró que los pondría a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para la investigación del caso de desaparición de los estudiantes.

El GIEI informó además que esa vasta evidencia visual, como los videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala fueron mal procesados y que “de manera negligente” fueron borrados o destruidos.

El representante legal de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, ha insistido que ese material es fundamental para dar con los responsables de la desaparición de los normalistas.

En agosto del 2022, la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), reveló una causa penal para ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos militares del 27 Batallón de Infantería on sede en Iguala y funcionarios del gobierno estatal y federal.

En esa lista de indiciados estaba Lambertina Galeana Marín, el ex procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco y el ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez. En total eran 83 funcionarios federales y estatales y policías y militares, con órdenes de aprehensión, pero la PGR se desistió de las acusaciones.

Tras el desistimiento se dio la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal del caso Ayotzinapa, en septiembre de 2022.

La FGR había solicitado a un juez la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra del grupo de militares, de Lambertina Galeana, Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez. No obstante, este último fue detenido un mes después en el estado de Nayarit, acusado de delincuencia organizada por sus nexos con la organización criminal Guerrero Unidos.

Tras la detención de Lambertina, Urióstegui pide a la FGR actuar “conforme a derecho”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, llamó a las autoridades judiciales correspondientes a actuar conforme a derecho en torno a la detención de la ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TS), Lambertina Galeana Marín, ocurrida la mañana de este miércoles.

Urióstegui García consideró en entrevista que las autoridades deben actuar “conforme a derecho” y ser “responsables en la investigación”.

La detención de la ex magistrada ocurrió a las 9 de la mañana, en su domicilio en la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo por agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

A pregunta sobre su postura sobre el caso, Urióstegui García consideró: “Ahí están las autoridades que se encargan de las investigaciones de los delitos, hacemos un llamado desde el Poder Legislativo para que las autoridades actúen conforme a derecho; hay leyes, procesos que tienen que cumplirse, pedimos que actúen conforme a toda responsabilidad”, dijo el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Consideró que el caso Ayotzinapa es un tema sensible por lo que la Fiscalía General de la República (FGR), debe desempeñar bien su función para que no haya dudas en las investigaciones.

“Reiteramos que la autoridad investigadora es la responsable, entiendo, la FGR, que está viendo este tema y desde el Congreso como presidente considero tiene que realizar su trabajo, siempre el tema sensible de los compañeros de Ayotzinapa es un tema demasiado sensible que nos tiene que unir, es un tema sentido”.

Importa la detención de Lambertina, pero el Ejército aún no entrega archivos: Tlachinollan

La detención por el caso Ayotzinapa de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “es importante porque fue una funcionaria que tuvo conocimiento del contenido de los videos de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a un grupo de estudiantes”, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Sin embargo, aclaró que no significa que haya más apertura y voluntad para avanzar en el esclarecimiento del caso, puesto que se sigue protegiendo al Ejército, que se niega a entregar los 800 folios con información relevante del caso.

Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández recordó que se sabe que había por lo menos diez cámaras en el Palacio de Justicia, que pudieron haber captado lo que sucedió ahí esa noche de donde se llevaron a casi la mitad de los 43 estudiantes desaparecidos.

El director de Tlachinollan, organismo que da acompañamiento al movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar qué pasó con esos videos.

“Obviamente la ex presidenta del TSJ tuvo una alta responsabilidad y se tiene que saber si de verdad destruyó los videos, y si fue así por qué, si se trataba de una evidencia tan importante”.

Explicó que Galeana Marín era la máxima autoridad en el estado en cuanto a la administración de justicia, y por tanto sabía que era un material muy importante y se requería conservarlo.

Pero si destruyó los videos fue para desaparecer la evidencia, “y eso habla de una complicidad para borrar cualquier indicio relacionado con la identificación del modus operandi de esa noche cuando desaparecieron a los 43 estudiantes”.

Indicó que por ello la detención de Galeana Marín será determinante, porque con la información que aporte se puede llegar a esclarecer qué pasó con los videos, o qué realmente motivó que estos videos se escondieran primero y después se destruyeran. “Se tiene que saber por qué se perdió esa información clave”.

Barrera Hernández declaró que Galeana Marín no era una ciudadana común y corriente, “fue una autoridad con un cargo muy alto y sabía de la alta responsabilidad que tenía para preservar estas evidencias, máxime que estamos hablando de uno de los casos emblemáticos de desaparición en nuestro país y no se puede pasar por alto esas actuaciones de autoridades que no están dimensionando la importancia que tienen estos videos”.

Opinó que aunque llega tarde esta actuación judicial, abre una oportunidad para saber qué realmente pasó. “Es importante que se aclare bien que pasó con esos videos y saber si tuvo conocimiento de su contenido para que se pueda avanzar en el paradero de los estudiantes”.

Pero aclaró que no ve que con la detención de la ex presidenta del TSJ haya más apertura en el caso, mayor interés o voluntad de las autoridades, “más bien, es la persistencia de las madres y padres que en todo momento en las reuniones que tuvieron con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron que se avance en todas las líneas de investigación”.

Dijo que lo mismo han insistido que se entreguen los archivos que tiene el Ejército mexicano.

“Con la detención de la ex presidenta del TSJ hay un avance, pero realmente el punto central que han planteado las madres y padres son los folios que solicitaron al ex presidente López Obrador y actualmente lo están solicitando a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Barrera Hernández declaró que en el caso del Ejército sigue detenido todo: “esto (la detención de Galeana Marín) no quiere decir que hay más apertura, se hablaría de una verdadera apertura si se accediera a los 800 folios del Ejército”.

“Esto es importante porque es parte de las líneas que se han planteado y se trata de pruebas y evidencias que se tienen que presentar, sobre todo para saber cómo se dio esa desaparición en ese lugar, porque de ahí se llevaron a un gran número de estudiantes”.

Pero reiteró que con todo y lo que se ha avanzado por la insistencia de las madres y padres para dar con el paradero de los estudiantes y con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “se ha visto que para seguir abonando en el paradero de los estudiantes, se tiene que adentrar a los 800 folios y ahí todavía no se ha podido”.

Insistió que es donde se ha estancado el avance de las investigaciones y no se ha sabido la participación del Ejército, “es decir, como participó, si por acción omisión o complicidad, por eso hay la necesidad de acceder a los documentos para salir de esa incertidumbre”.

Concluyó que las madres y padres han insistido y se lo han planteado a la presidenta Sheinbaum que el punto medular es ese; la entrega de los 800 folios en poder del Ejército.

Sobreviviente de la noche de Iguala muere en un hospital y abandonado por el gobierno

El maestro normalista de Ayotzinapa, Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, falleció el martes de la semana pasada en un hospital privado de Toluca, Estado de México, en el abandono y falta de atención psicológica y psiquiátrica de las autoridades federales.

El deceso, lo dio a conocer el colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, conformado por 23 egresados de la normal Raúl Isidro Burgos, entre los que se encuentra el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano.

Mediante el oficio CNSCA/2025/004 fechado el 12 de mayo, denuncian el abandono por parte de las autoridades federales, quienes le habrían negado a Maldonado Hernández el apoyo psicológico y psiquiátrico mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Jonathan Maldonado, fue uno de los cerca de 20 estudiantes que resultó herido durante esos ataques perpetrados hace más de una década por sicarios de Guerreros Unidos y agentes policiacos. Perdió varios dedos de la mano derecha a causa de un balazo que recibió.

El colectivo, denuncia que a pesar de haber colaborado en las investigaciones del caso, Jonathan Maldonado “murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso, sumido en la desesperanza luchando contra la depresión y ansiedad durante muchos años, con el estigma de haber sobrevivido al ataque y con la marca del cinismo gubernamental en una de sus manos, quienes pregonan apoyar en público, pero en la realidad sólo hay abandono, revictimización e ignorancia de las autoridades”.

En el oficio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación y familiares, denuncian que “a Jonathan Maldonado le fue negado el apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 2014, nunca obtuvo ayuda médica ni la rehabilitación adecuada tras la pérdida de los dedos de su mano”.

Aunque no se dan detalles de la causa de su muerte y no se logró contactar a miembros de este colectivo, en el comunicado se indican que durante sus últimos días de vida Jonathan se encontraba internado en un hospital particular “pues la ayuda en instituciones de salud pública fue inexistente”.

Asimismo, denunciaron que, tras su muerte ocurrida el 6 de mayo, el gobierno de México se comprometió a apoyar con los gastos funerarios, “cosa que, hasta la redacción de este documento, no ha ocurrido”.

De acuerdo con esta información, Maldonado Hernández colaboró en las investigaciones del caso realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como consta en las carpetas de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/00020/2020 y FED/SDHPDSH/OI-GRO/00021/2020.

Así como los trabajos documentales realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se materializó en seis informes entregados al gobierno de México en el período de 2015 a 2023.

También colaboró en los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), en el periodo de Alejandro Encinas Rodríguez como subsecretario de Gobernación, lo que ayudó en la detención de policías municipales, estatales y federales, así como efectivos del Ejército, y miembros del crimen organizado.

Justifican que el comunicado se elaboró una semana después de su deceso fue por el “respeto” que en vida le tuvieron, a su coraje y tenacidad frente a la adversidad, y como una señal de admiración y buena voluntad para con su familia. “A pesar de haber sobrevivido aquella fatídica noche, en realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones”, reclamaron.

El documento es firmado por el encargado de prensa y propaganda del colectivo, Eduardo Maganda, del que se envió copia al subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, a la comisionada de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, a la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez Estrada y al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Texto: Luis Daniel Nava, José Miguel Sánchez, Zacarías Cervantes y Alejandro Guerrero/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero

El cargo Detienen a ex presidenta del Poder Judicial de Guerrero por los 43 apareció primero en El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero.