Trabajadores perdieron $1,8 billones al año por falta de pago de horas nocturnas, dominicales y festivos, según congresista Infobae
El texto de la consulta popular por medio de la cual el Gobierno nacional busca revivir la reforma laboral que fue archivada por el Congreso ya llegó a manos de los senadores, que iniciaron su discusión para definir la conveniencia de su convocatoria. Las posturas al respecto están divididas y la iniciativa tiene varias voces en contra.
Uno de los argumentos de la oposición, que rechaza la consulta, se centra en su valor. Pues, según el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, convocar el mecanismo de participación costaría, como mínimo, $700.000 millones. Esto, teniendo en cuenta que se debe atraer a 40 millones de personas para votar.
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El millonario gasto es considerado un despilfarro y no una inversión necesaria para lograr mejorías en las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia. Una de las personas que dejó en evidencia esa postura es el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en cuyo cuerpo colegiado recae la responsabilidad de debatir sobre el texto de la consulta.
Ante varios medios de comunicación, afirmó que hay otros mecanismos más rápidos y menos costosos para discutir las 12 preguntas que se enlistan en la consulta, rechazando de facto la alternativa que presentó el Gobierno.
“¿No es más expedito que abramos un debate también en el Congreso sobre estas preguntas y vemos cuáles no están contenidas en esos proyectos, cuáles desecharía el Senado y cuáles podemos adicionarlas como proposiciones? Ese es un camino más corto, más expedito, más económico. Recordemos que la consulta vale $700.000 millones”, indicó el legislador a los medios.
María Fernanda Carrascal comparó costos para defender la consulta popular
La congresista María Fernanda Carrascal, que promovió la reforma laboral en la Cámara de Representantes, criticó el argumento de la oposición que se basa en el costo de la consulta, contrastando la cifra presentada por el registrador con las pérdidas de los trabajadores que no acceden a pagos adicionales por su trabajo.
Según explicó, los empleados en Colombia dejan de percibir billones de pesos por no ganar ingresos adicionales por su tiempo laborado en horas extras, domingos y festivos. Esto es algo que el proyecto del Gobierno busca recuperar.
“Veo mucha indignación que porque la Consulta Popular costaría 700 mil millones de pesos. Ah, pero no dicen nada de los 1,8 BILLONES de pesos que dejó de recibir la clase trabajadora en Colombia AL AÑO por la reducción de la jornada nocturna y del recargo de dominicales y festivos que nos dejó la reforma anti-laboral del uribismo en 2002″, indicó la congresista del Pacto Histórico.
Al igual que la representante, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los trabajadores en Colombia han dejado de recibir varios millones de pesos debido a la falta de reconocimiento de dominicales, festivos y recargos nocturnos.
De acuerdo con los datos que presentó durante uno de los consejos de ministros televisados del Gobierno, los cuales difieren de los revelados por la congresista, por concepto de recargos de horas nocturnas, la ciudadanía dejó de percibir $21 millones desde hace 23 años. Y, por sus horas trabajadas los domingos y festivos, dejaron de percibir $22,8 billones. Eso quiere decir que, en total, han perdido más de $44 millones.
“La reforma laboral devuelve ese derecho para que los y las trabajadoras recuperen sus recargos y puedan tener un ingreso digno por su labor”, dijo el jefe de la cartera.
Reforma laboral generaría miles de empleos
Por otro lado, contrario a lo advertido por el Banco de la República, una simulación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) demuestra que la reforma laboral del Gobierno podría ser beneficiaria para el país en materia económica. El Banco indica que más de 450.000 empleos se perderían, pero el estudio evidencia que se crearían más de 670.000.
Además, se impulsaría el Producto Interno Bruto (PIB), siendo los sectores de la industria textil, de la madera y los muebles, de la educación, de servicios de salud y de actividades financieras y seguros, los más beneficiados.
