Ni casa ni hogar: cómo las adicciones se cuelan a las casas hogar del DIF Milenio

DOMINGA.
– A inicios de 2024, a las oficinas del DIF de Aguascalientes llegó un oficio que notificaba el ingreso de una niña con adicción a las drogas a una casa hogar.
No tardó en llegar un segundo, luego un tercero, un cuarto… Así, al cierre del año, el DIF recibió 30 avisos de menores con dependencia a los estupefacientes.
En las casas hogar del DIF de Chihuahua pasaba lo mismo, pero a otra escala con 68 casos.
No fueron los únicos.
También ocurrió en los establecimientos de asistencia social de la Ciudad de México, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, prácticamente todos los estados a los que llegan niñas, niños y adolescentes –sin absolutamente ninguna red de apoyo–, adictos a las drogas, con la metanfetamina como protagonista en los años más recientes.
DOMINGA realizó solicitudes de información para conocer cuántas infancias han llegado a las casas hogar del país con adicciones.
Sólo 13 entidades respondieron, aunque no todas lo hicieron a nivel del detalle requerido.
El resto se negó a transparentar cualquier dato.
Con este ejercicio limitado se puede saber que, desde 2016, se cuentan al menos mil 675 niños, niñas y adolescentes con algún grado de adicción en los Centros de Asistencia Social, a donde llegan los menores a quienes la autoridad no encontró familiar, amigo o vecino que pudiera acogerlos.
Lo grave es que a partir de 2020 hay un cambio en la tendencia de consumo: si antes figuraban el alcohol, la marihuana y la cocaína, ahora es la metanfetamina, un estimulante que es barato y altamente adictivo, que tiene impactos negativos en el neurodesarrollo de los menores de edad.
Entre las entidades con más infancias en esta situación se encuentran la Ciudad de México, Sonora y Querétaro, con poco más de 300 casos cada uno.
Quintana Roo, el que más detalles brindó, informó de 84 menores, entre 11 y 17 años, con adicción en casas hogares públicas desde 2016.
En el caso de Baja California Sur, una de las entidades donde se reporta el mayor aumento en el consumo del cristal, las autoridades se negaron a transparentar datos, pero sí aceptaron una entrevista.
Daniel Morales, procurador estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que hay cerca de 50 menores en las casas hogar públicas con problemas de adicción.
La mayoría, dijo, al cristal.
El trasvase de niños adictosEl DIF no cuenta con la infraestructura, facultades, presupuesto o personal para atender a población con adicciones, coincidieron especialistas, como Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, una organización de defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe.
No tienen clínicas para desintoxicación, no hay médicos o psiquiatras especializados en rehabilitación, ni programas especiales para atender a esta población.
Sin embargo, dada la emergencia epidemiológica, los están recibiendo.
Y como en México no existen centros de rehabilitación públicos especializados para niños y adolescentes; ante la cantidad de menores de edad con adicción que llegan a los DIF estatales, lo que están haciendo es trasladarlos a establecimientos privados con los que tienen convenios, pero que no cuentan con el aval federal, incluso, a sitios con investigaciones o señalamientos por violaciones a derechos humanos o comisión de delitos.
Por ejemplo, desde 2022, en Chihuahua, 42 niñas y niños han sido trasladados del DIF local al centro Unidas Por Amor, que ha sido investigado por la fiscalía del estado por trata de personas.
En marzo de 2023, familiares protestaron frente al centro de rehabilitación Koi, en Querétaro, porque ahí tres menores de edad fueron gravemente golpeados por el personal.
Aquí además han sido transferidos por parte del DIF estatal 30 infantes con adicciones desde 2019.
Juan Carlos, hoy de 27 años, que me pidió llamarlo así para proteger su identidad, pasó meses agonizando tras una brutal golpiza que le perforó un pulmón, luego de que intentara escapar de Poder Despertar, un anexo clandestino al que el DIF de Baja California Sur lo había trasladado cuando tenía 14.
Ninguno de estos centros de rehabilitación privados –ni otros tantos a los que el DIF recurre– cuenta con un permiso para operar como tal, expedido por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), autoridad rectora en la materia.
Operan, cuando mucho, con permisos o licencias de funcionamiento locales, a veces estatales, a veces municipales, como los que tramita cualquier negocio, sin importar el giro.
El trauma de la separación familiar para niños y madresSofía es una bebé que no descansa en el pecho de mamá, ni en los brazos de papá.
Duerme entre caras desconocidas, rodeada de un montón de niños y niñas extraídos de sus casas en Chihuahua, porque la adicción al cristal minó la estabilidad de sus familias y, a criterio de la autoridad, los ponía en un riesgo latente.
Es un caso de 2024, uno de los 511 menores de edad han llegado a casas hogar de Chihuahua, desde 2016, porque sus padres tenían problemas de adicciones.
Como la autoridad no encontró una abuela, tía o vecina que pudiera hacerse cargo de ellos, los albergó en algún Centro de Asistencia Social, muchos de ellos establecimientos privados que tampoco están en el directorio de la Conasama.
DOMINGA solicitó información sobre infancias albergadas en estos Centros de Asistencia Social cuyos padres tuvieran alguna adicción.
Las 13 entidades que respondieron dieron cuenta de mil 185 bebés, niños, niñas y adolescentes que fueron separados de sus padres o madres toxicómanos para luego trasladarlos a una casa hogar o centro de rehabilitación.
Algunos de ellos sólo durmieron ahí unos cuantos días, pero otros estuvieron por uno, dos o hasta cinco años.
Cuando existe una vulneración de derechos de algún infante dentro de la familia, ya sea por omisión de cuidados, abusos, abandono, corrupción de menores, explotación laboral, trata o sustracción, intervienen las fiscalías de protección de infancias.
Estos pueden solicitar, como medida cautelar, la separación y resguardo temporal de la víctima en lo que se le restituyen sus derechos.
En los casos relativos a drogas, lo que suele pasar es la criminalización de la madre, a quien separan del menor, lo cual genera un trauma significativo para ambas partes, advierte Corina Giacomello, investigadora en infancias y drogas por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas.
“Los padres consumidores de drogas son estigmatizados y viven con miedo de ser considerados negligentes y que les arrebaten a sus hijos, siendo este punto particularmente agudo en el caso de las mujeres.
Las intervenciones con niños cuyos padres consumen drogas deben considerar a la familia”, dice Giacomello.
“La separación debería ser el último recurso extremo.
Deben priorizarse programas y servicios que sean amigables para los niños, basados en los derechos humanos y la reducción de daños.
Urge, pues, reducir la criminalización y el estigma de las personas que consumen drogas”, agrega la especialista en infancias y drogas.
En otros países, como Italia, en vez de abrir carpetas de investigación contra la madre se han fundado centros de rehabilitación en los que se les recibe junto con sus hijos y se les brinda atención hasta conseguir mejoras en su salud.
“Esta criminalización es motivo para que las madres no pidan ayuda de rehabilitación, por el miedo a ser investigadas y a que se les quite al menor”, dice Giacomello.
Y pone de ejemplo a República Checa: tiene un modelo en el que, a la par que se le da atención médica a la madre en hospitales, por la tarde puede ir a centros especiales para convivir con sus hijos, bajo el acompañamiento y supervisión.
Mientras que en Europa se procura la maternidad, en México se separa a las familias, se abren procesos judiciales contra las madres y a los hijos se les traslada a casas hogares públicas, los más afortunados, o los menos, a centros de rehabilitación irregulares.
Los niños y el cristalDurante el sexenio pasado, se negó que existieraconsumo de drogas sintéticas y que sea un problema grave de salud pública.
Sin embargo, los informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones dan cuenta de lo contrario.
Desde 2017, según este organismo dependiente de la Secretaría de Salud, el cristal se ha colocado como la segunda droga ilícita con la cual se inicia el consumo de drogas, sólo por debajo de la marihuana.
De hecho, en casi todo el país se ha posicionado como la droga de mayor impacto, es decir, el motivo por el cual personas acuden a algún centro de rehabilitación no gubernamental a solicitar ayuda.
El cristal o metanfetamina ha impactado tanto en el país que no sólo afecta a adultos, sino que se ha colado entre las infancias.
¿Qué tanto? No lo sabemos porque no se han actualizado las cifras de la última gran Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que data de 2016-2017.
Han pasado ocho años desde entonces, de modo que hay exactitud en cómo se ha modificado el consumo de drogas, si hay niños usuarios, de qué sustancias y en qué medida.
Sin embargo, tras la revisión a las bases de datos que forman parte de las peticiones de información realizadas por DOMINGA se puede saber sobre estos cientos de niños y niñas con adicción a cargo del DIF.
Estados como Sinaloa, Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Quintana Roo reconocieron tener, desde 2021, registro de menores en Centros de Asistencia Social con adicción a la metanfetamina.
Impacto en los hijosEn años recientes, entre organismos internacionales, asociaciones civiles y la academia, se han realizado estudios y análisis para conocer el impacto de las drogas, ya no en el usuario directo, sino en sus hijos, en las infancias que se están criando entre estas sustancias.
Carolina Fuller advierte en el artículo “La perspectiva de los derechos de la infancia en los servicios de adicción”, publicado en el portal de Dianova, una organización no gubernamental suiza dedicada a desarrollar programas sobre salud, igualdad e inclusión social, que las niñas y los niños que viven con padres y madres consumidores o dependientes de sustancias tienen más probabilidades de desarrollar una serie de problemas sanitarios, sociales, físicos y psicológicos:“Los padres y madres con trastornos por consumo de sustancias suelen dedicar menos tiempo al cuidado de sus hijos o hijas que, como resultado, tienden a quedarse atrás en términos de educación, vida social y normas de higiene.
Lo que más experimentan es el abandono, seguido de la necesidad de cuidar de sí mismos y de sus hermanos o hermanas debido a la incapacidad de sus padres y madres”.
La Agencia de Drogas de la Unión Europea publicó en 2022 un estudio al respecto, en el que se dan más detalles.
Según este documento, los padres que están más preocupados por sus propios problemas de adicción pueden afectar la seguridad emocional de sus hijos y evocar sentimientos de ansiedad por separación.
Esto porque la inconsistencia y la falta de rutina aumentan la sensación de inseguridad y miedo, y pueden hacer que los bebés se tornen ansiosos y temerosos.
El desarrollo del lenguaje se ve afectado debido a la falta de estimulación, así como el desarrollo emocional y de la conducta, debido al trauma y al estrés que experimenta el niño.
Algunos pueden presentar síntomas de trastorno de estrés postraumático, sobre todo si el comportamiento de uno de los padres es errático o aterrador.
Y un niño también puede aprender respuestas de comportamiento inapropiadas si es testigo de violencia doméstica o maltrato infantil.
Es por ello que especialistas abogan por incluir estas experiencias adversas en las políticas públicas y marco legal sobre derechos de las infancias.
Además de catalogar a esta población como una en alto riesgo, a fin de que puedan contar con atención profesional e institucional.
“No es lo mismo tener una padre que se inyecta heroína y está bajo constante amenaza de criminalización y encarcelamiento, que uno que tiene acceso a servicios de reducción de daños; no es lo mismo ser hijo de una madre soltera dependiente del alcohol debido a antecedentes de abuso de género o violencia, que un niño cuidado en un refugio con su madre, mientras ella recibe tratamiento y está protegido”, dice Corina Giacomello.
La especialista recalca que los trastornos por consumo de sustancias se transmiten de generación en generación, aunque esto obedece a varios factores como la heredabilidad directa del padre o madre con adicción porque se convivió a diario con estas drogas, o el entorno social –el estado o el barrio– en el que crece el niño.
Con los datos obtenidos podemos saber que, desde 2016, hay más de mil niños que han pasado por esta situación, con problemas sanitarios, sociales, físicos y psicológicos derivado del consumo de sus padres, pero con un agravante más: que están albergados en un centro porque no tuvieron nadie más que les tendiera la mano en lo que su padre se rehabilitaba o su madre pasaba por su proceso judicial.
Las drogas sintéticas están dinamitando familias y enganchando a cada vez más niños, niñas y adolescentes en México.
Y mientras eso sucede, la autoridad no atiende el problema, separa familias, los condena a criarse entre desconocidos, sin ninguna política pública especial para esta población.
GSC/ATJ