Alma Grande 24 Horas

La mafia de Ruiz Esparza sigue viva

Por Ángel Álvaro Peña

Hacer caso omiso de las vallas que impiden el paso en las casetas de peaje no es vandalismo sino una protesta de los operadores que ven en el cobro un abuso que obligadamente deben padecer.

Quienes pasan sin pagar son los tráilers que llevan perecederos y que al pagar el peaje, –que se incrementa cada tres o cuatro meses– deben aumentar el precio de los alimentos, lo cual perjudica a todos, o bien los choferes de transporte público que al pagar el peaje ganan menos de su castigado ingreso diario.

En los 13 carriles de dicha caseta de peaje se colocó un sistema automatizado de puntas de acero que sólo se elevarán para pinchar los neumáticos si el conductor no realiza su pago y abate la barrera de paso. En ese momento, se encenderá una luz y se emitirá un sonido de alarma.

Las carreteras del Estado de México son las más caras del país si tomamos en cuenta que son tramos muy cortos por precios muy altos y que no dejan de incrementarse. El ejemplo de la autopista México-Toluca, donde se paga demasiado por menos de 50 kilómetros, y es uno de los caminos donde hay más accidentes automovilísticos en la República Mexicana.

Porque este camino terminado en 2003, año en que Enrique Peña Nieto era diputado, pero ya sabía que sería el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. De hecho, el cargo anterior a esa diputación fue el de secretario de finanzas del gobierno del estado, cuando su tío Arturo Montiel era el gobernador.

Por esos meses Peña Nieto estrechó lazos con el extinto Gerardo Ruiz Esparza, a la sazón, director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Dos años después sería su inseparable secretario de Comunicaciones y Transportes, tanto en el gobierno estatal, como federal cuando fue Presidente de la República. Desde entonces la mafia concentrada en el Grupo Atlacomulco empezó a adueñarse de los caminos del país y principalmente del Estado de México, cuyo Congreso local acaba de prolongar la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, inconclusa todavía, hasta por 41 años más, o sea que será de la empresa española Aleatica, antes OHL México, ese camino que pertenece a México.

El Congreso del Estado de México amplió la concesión de 2051 al año 2063, el 11 de junio de 2021, con mayoría del PRI. Es decir, la empresa se tarda en terminarla, pide más dinero porque dice que todo aumento y mientras no esté concluida puede definirse con precisión la fecha de la concesión, lo cual arroja una pérdida de millones de pesos donde se beneficia a funcionarios de la entidad y, desde luego, de la empresa extranjera.

Estos actos vandálicos ya no deben permitirse y castigar severamente a quienes se enriquecen con el dinero de los contribuyentes que son quienes en realidad padecen las consecuencias de las corruptelas en una entidad con graves problemas de inseguridad como el estado de México, donde existe un promedio de 120 personas diarias desaparecidas y una cada 20 minutos, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Durante febrero del 2003, la entidad otorgó a Concesionaria Mexiquense el título para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente del Estado de México, llamado Circuito Exterior Mexiquense, con una longitud total de 155 km, por 30 años inicialmente.

El 16 de diciembre de 2018, diputados de Morena en el estado de México denunciaron que la supuesta inversión inicial de cinco mil 600 millones de pesos, que aplicó la empresa Aleática para la construcción de 155 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense, en el proyecto autorizado por el gobierno estatal en el año 2003, al cumplirse 15 años “aumentó hasta alcanzar el monto de 77 mil 111.8 millones de pesos” y la autopista no se concluye todavía.

De enero a septiembre de 2018, Aleática reportó ingresos por cuotas de peaje en el Circuito por la cantidad de tres mil 099.4 millones de pesos. Según la empresa en ese mismo periodo la inversión creció en cinco mil 018.2 millones de pesos a pesar de ser la autopista más cara de la metrópoli y estar en malas condiciones.

Esto quiere decir que esa mafia sigue operando y no sólo en el estado de México sino en otras partes del país como es el caso de Tuxpan, Veracruz, donde existe el trazo de una carretera sobre el rancho Cuatro Ciénegas, propiedad de la familia Braniff, encabezada por Tomás Braniff, vinculado a la mafia del Estado de México, a través de una gestión de Ricardo Lara, prestanombres de la familia de Miguel Alemán, quien tiene el monopolio de las pedreras, y que asegura lleva piedra a las obras del Tren Ligero, para lo cual quiere construir una carreta innecesaria, pero que beneficia al grupo.

El tiro de la piedra es de 64 kilómetros que puede realizarse por el camino que ya existe, y al que sólo le falta asfaltar menos de cuatro kilómetros, pero Ricardo Lara quiere un camino nuevo, donde quiere utilizar una licitación de 2011 para realizar los trabajos que carecen de permiso.

Las piedras provienen de Tihuatlán en cuyo trayecto a Tuxpan, viola los derechos laborales de los trabajadores afiliados a los sindicatos de transportistas, al mismo tiempo que les roba terrenos a los campesinos, que invade hasta designarlos propios.

De esto nadie informa nada porque han mostrado un grave temor a las amenazas de Ricardo Lara, quien dice tener mucho poder incluso con las nuevas autoridades de Comunicaciones y Transportes, lo cierto es que la mafia enquistada en esa dependencia parece no haberse salido totalmente.

La mafia del Estado de México, asociada con los herederos de la familia Miguel Alemán, crean el clima adecuado para sobrexplotar a los trabajadores, arrebatar terrenos a los campesinos y realizar obras, sin permiso, en beneficio propio.

PEGA Y CORRE.– El PRI ni siquiera quiso disimilar en Oaxaca, registró un solo candidato a la gubernatura, acompañado de ocho personas en un acto que parecía sepelio… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

angelalvarop@hotmail.com