
En la mañana del pasado lunes 25 de octubre, el senador Armando Benedetti denunció, a través de su cuenta de Twitter, que la Fiscalía había tomado una ‘decisión sospechosa, desmedida e ilegal’ de extinción de dominio en contra de su apartamento en Altos del Retiro, ubicado en el norte de Bogotá. Luego de calificar la acción del ente como una ‘vulgar persecución’, ahora se sabe que no solo fue aquel inmueble el que fue sometido a este proceso, por el contrario, se trata de ocho propiedades en total que ahora están en manos de la justicia colombiana. La ocupación de los bienes fue adelantada ayer por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con el Ejército, en Bogotá, Puerto Colombia (Atlántico) y Villavicencio (Meta).
En la mañana de este martes 26 de octubre, el senador, de nuevo, usó su cuenta de Twitter para explicar lo que estaría sucediendo. Argumentó que de los ocho bienes solo conoce tres, y desconoce totalmente los otros cinco. “(...) De los que conozco, uno de ellos lo tenía en leasing con el banco, otro tenía intención de comprarlo y el único bien que tenía era un apartamento en Bogotá del cuál no he podido ni sacar la ropa”.
“Sin un delito, sin un testigo o una prueba me quitan los bienes. Han investigado a 300 personas cercanas, han llamado a 150 testigos, han hecho varios informes patrimoniales y todos han salido positivos. La Fiscalía me está juzgando cuando MI JUEZ ES LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, agregó.

La Fiscalía señaló que la titularidad de los inmuebles que fueron afectados con las medidas de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio están bajo el nombre de Armando Alberto Benedetti Villaneda, Ruby Corredor Ruiz, Paola Andrea Lasso Corredor y Luis Alberto Nicolella de Caro. Todo estaría avaluado en más de $8.000 millones y entra en investigación por las acusaciones que existen en contra de las formas en las que los propietarios consiguieron los recursos para adquirirlos. Hay señalamientos que acusan sobre la presunta participación en delitos relacionados al enriquecimiento ilícito o, como lo dijo la Fiscalía, “evidenciaría un posible incremento patrimonial injustificado”.
Armando Benedetti, desde el inicio, y luego de aclarar que al extinción de dominio del apartamento del norte de Bogotá no era sobre él sino sobre la anterior dueña, ha señalado que estas acciones en su contra hacen parte de un seguimiento en su contra y que, según él, eso sería consecuencia de hacer parte de una corriente política contraria a la que ahora se encuentra en la administración de turno del país. “¿Si estuviera con la coalición del gobierno me hubieran aplicado la medida cautelar de extinción de dominio?”, cuestionó el también periodista.

Ayer, luego de que se entregara la noticia, y y tras la explicación de Benedetti sobre el procedimiento que se adelantó en su apartamento, el senador reiteró que no tiene nada que ver con Ruby Corredor Ruiz, la mujer que previamente le vendió el inmueble que hoy lo tiene bajo la lupa de la justicia. Es importante recordar que, según se ha establecido con la investigación a la que se enfrenta el político, Corredor Ruíz no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento que, antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía le imputó a ella los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009.
“Otra estupidez: Ruby Corredor nunca ha trabajado conmigo, nunca ha sido asesora mía. La están confundiendo con otra persona que sí ha trabajado conmigo más de 20 años. Sean serios con la información”, manifestó Benedetti que, el pasado lunes, ya había hecho un par de pullas en contra de los medios de comunicación por, de acuerdo con él, entregar la información incompleta y errada. “Para la ligereza y la estupidez de los medios: según la extinción de dominio, si alguien tiene algo por justificar no es Benedetti, es la anterior propietaria. Sean serios”, reiteró el político que, además, se vio afectado con la medida cautelar que le impusieron a 100 millones de pesos, al parecer, correspondientes a un leasing financiero contratado por él.

El expediente que recae sobre Armando Benedetti, teniendo en cuenta datos entregados por la Dian “se permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondientes a 2009, 2014, 2016 y 2017, lo cual se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor”.
La ocupación de la Fiscalía se realizó en tres lotes ubicados en Puerto Colombia (Atlántico), adquiridos por la cónyuge del Senador; y otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio (Meta), bajo el nombre de Ruby Corredor Ruiz y su hija. Los bienes afectados serán administrados, ahora, por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según el relato de Benedetti, el apartamento de Bogotá le fue quitado sin ‘una demanda de extinción de dominio ante un juez’.

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