Violencia política de género como arma de censura Excelsior

La estrategia legal de acusar de violencia política de género para acallar críticas a los políticos encaja en la vieja expresión “quien hace la ley, hace la trampa” cuando se usa como arma para restringir libertades.
El problema hoy en México es que no es sólo un ardid para censurar en redes, sino que también da lugar a una atmósfera de abuso de poder de personajes públicos que manipulan la prohibición en beneficio personal.
En los últimos tiempos crecen notablemente las sanciones a periodistas y tuiteros por parte de autoridades administrativas y judiciales que, deliberadamente o no, muerden el cepo de esta nueva forma de hostigamiento judicial para inhibir la participación social y política en plataformas digitales.
El mensaje crea nuevos y preocupantes precedentes.
Caer en esta estratagema limita la voz de la ciudadanía en favor de los políticos, cuando el balance debía ser el contrario; ¿o es que acaso criticar sus acciones puede considerarse violencia política cuando, al revés, esta figura se creó para proteger la participación política de las mujeres en el debate público? Sería tanto como creer que sus intereses están por encima de los derechos políticos de ellas y, en general, de la gente, y de su libertad de expresarse.
Esta trampa desvirtúa una protección legítima de luchas históricas de las mujeres, que se instrumentaliza como una forma de censura: Al tiempo que aparecen y aprueban leyes en estados como Puebla para sancionar el ciberacoso con penas excesivas de hasta 3 años de cárcel para acallar la crítica.
Son artificios en los que se asoma el abuso del poder para evadir el cuestionamiento valiéndose de un escudo que comienza a aplicarse hasta para denunciar violencia política contra hombres o justificarse en la protección de menores en la red con conceptos ambiguos e imprecisos.
En esa ratonera engañosa han caído muchas resoluciones desproporcionadas del TEPJF contra medios, periodistas y tuiteros por denuncias de funcionarios, en su mayoría ligados al gobierno y políticos de Morena.
Es el caso de Karla Estrella, que fue multada e inscrita en el registro de sancionados como violentadores del INE por un mensaje en X que cuestionaba las listas de candidaturas de la elección judicial en Sonora contra la diputada Karina Barreras, con alusiones a su marido, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
Por similares acusaciones, el INE ordenó bajar una columna de Héctor de Mauleón en Tamaulipas, en la que criticaba a otra candidata judicial, al igual que otros medios castigados, como Código Magenta, Tribuna y SinEmbargo.
La violencia política de género está tipificada como delito electoral desde 2019 para impedir que expresiones discriminatorias o descalificaciones afecten las capacidades de las mujeres para hacer política.
Pero es tal la manipulación del concepto, que la autoridad electoral admitió hasta una denuncia contra un hombre, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.
C.
, de parte del exconsejero jurídico de la Presidencia y, rayando en el absurdo, un comentario de la actriz y conductora Laisha Wilkins sobre un tuit de un medio que mereció castigo por reírse del apodo de una aspirante judicial.
El mayor riesgo de desnaturalizar su sentido es que las reformas sobre ciberacoso utilicen ese delito de manera abusiva y arbitraria contra cualquiera que incomode a algún personaje público; y de emplearlo como subterfugio para inhabilitar cuestionamientos de medios y periodistas sin tener que pagar el costo de la censura abierta en los medios tradicionales.
La sanción del delito alcanzó en sus primeros 4 años de aplicación, según el registro del INE, a 289 hombres y 74 mujeres, de las cuales casi un tercio en 2024 eran procesos abiertos contra periodistas.
Pero, en el marco de las campañas judiciales y estatales, desde mayo se multiplicaron los procedimientos.
Frente a todo esto, el gobierno rebate que no hay censura porque los medios dicen o escriben cuanto quieren, una afirmación que, en muchos sentidos, es cierta y, en otros, no, cuando la protección a la mujer para hacer política sin demérito de sus capacidades se convierte en una ventaja para los personajes del poder político sobre la ciudadanía, como los principales usuarios y beneficiarios del mal uso de este delito para anular a sus críticos.
  Columnista: José Buendía HegewischImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0