Laisha Wilkins y el ‘surrealismo judicial’ ¿nuevo intento de silenciamiento del espacio público?, cuestiona Figueroa Editorial Aristegui Noticias
La historia de Laisha Wilkins y su reciente notificación judicial ha puesto sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión y la censura en México.
Todo comenzó cuando la actriz y columnista respondió en redes sociales a una nota de Aristegui Noticias con la frase: “ja ja Dora la censuradora ja ja”. En dicha nota se informaba que Martínez Valero había pretendió censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” en su contra, mediante una solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE).
Posteriormente, Laisha informó que recibió un requerimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para explicar el motivo de su tuit. El tribunal le pidió a Wilkins aclarar si su comentario fue parte de una estrategia política, si recibió algún pago por publicarlo y si tiene vínculos con partidos o candidatos.
“Aquí lo importante es la CENSURA CIUDADANA… debemos unirnos como sociedad, no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades”, escribió Wilkins en redes sociales, mostrando su inconformidad.
Sin embargo, tanto el INE como el Tribunal Electoral concluyeron que no había elementos para sancionar el trabajo periodístico ni los comentarios.
Según informó Alfredo Figueroa, analista y exconsejero electoral, “las personas periodistas no son objeto de sanción por la vía de calumnia en materia electoral”. La jurisprudencia protege especialmente el ejercicio periodístico para evitar inhibir la libertad de expresión y el derecho a la información.
Durante ‘Aristegui en Vivo’, Figueroa calificó de “surrealista” que se inicie una investigación por un simple comentario irónico en redes sociales.
“¿Quién le pagó la risa?”, ironizó, cuestionando la lógica detrás de pedir explicaciones por una expresión de humor. Figueroa advirtió que este tipo de procedimientos, junto con otros casos recientes, apuntan a un intento de silenciamiento del espacio público y a la imposición de sanciones desproporcionadas a quienes ejercen su derecho a opinar o informar.
Te puede interesar>CNLE denuncia caso de ama de casa que publicó crítica en ‘X’ y fue demandada por diputada del PT
No es el único caso que preocupa. Figueroa mencionó también a la ciudadana sancionada por denunciar nepotismo en Sonora y al periodista Héctor de Mauleón, a quien se le pidió bajar una columna.
El contexto que estamos viendo empieza a dar evidencia de que aquí alguien manda, y lo que manda no es el derecho de las personas y la Constitución, sino los intereses de un determinado poderoso o poderosa.
Mientras el caso de Wilkins sigue su curso, el debate sobre la protección de la reputación y la defensa de la libertad de expresión sigue abierto.
