LIBERAN A JUANA HILDA GONZÁLEZ, PRESA POR EL CASO WALLACE Sol Yucatán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció 19 años en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, en uno de los casos más polémicos del sistema judicial mexicano.
La SCJN determinó que la confesión en la que se basó su encarcelamiento fue obtenida mediante tortura, por lo que la declaró inválida y ordenó su liberación inmediata. La decisión revive las denuncias sobre violaciones al debido proceso, fabricación de pruebas y uso de la tortura en el llamado “caso Wallace”.
Juana Hilda fue una de las seis personas detenidas por el supuesto asesinato de Wallace Miranda, ocurrido en 2005. La narrativa oficial, impulsada por Isabel Miranda de Wallace, madre de la supuesta víctima y fundadora de la organización Alto al Secuestro, ha sido cuestionada durante años por periodistas, organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Entre las principales irregularidades denunciadas destacan declaraciones bajo coerción, pruebas periciales inconsistentes y contradicciones en la versión oficial. En particular, una gota de sangre hallada meses después en el departamento donde supuestamente ocurrió el crimen fue presentada como prueba clave. Sin embargo, investigaciones independientes han señalado que Hugo Alberto Wallace no era hijo biológico de quien se presentó como su padre, lo que invalida el perfil genético usado en esa prueba.
El caso cobró notoriedad nacional e internacional no solo por la campaña mediática impulsada por Miranda de Wallace, sino también por las acusaciones de tortura y detención arbitraria contra las personas involucradas. En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró ilegal la reclusión de Brenda Quevedo Cruz, otra de las acusadas, y exigió su liberación.
La reciente muerte de Isabel Miranda ha reactivado el debate en torno al caso, considerado un ejemplo paradigmático del uso del sistema judicial con fines políticos. Figuras como los periodistas Ricardo Raphael, Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga han documentado cómo las irregularidades del proceso fueron sostenidas durante años por el respaldo político e institucional que recibió Miranda de Wallace.
Hasta ahora, ninguno de los seis señalados por el presunto secuestro ha recibido una sentencia definitiva, y varios permanecen en prisión preventiva pese a los cuestionamientos nacionales e internacionales.
La liberación de Juana Hilda González representa un giro significativo en un caso que durante casi dos décadas ha sido símbolo de los abusos en el sistema de justicia mexicano.
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