Los tribunales bloquean los aranceles de Trump: ¿puede eludirlos? Infobae
Hace décadas, cuando Victor Owen Schwartz probó por primera vez un sake ginjo frío y refinado, fue una “idea reveladora”, según ha escrito. Su empresa, que importa alcohol a Estados Unidos desde más de una docena de países, empezó a añadir vino de arroz a su catálogo. Ahora ofrece variedades de 19 cervecerías.
Pero todo esto se vio amenazado cuando Donald Trump anunció amplios aranceles “recíprocos” el 2 de abril, o “Día de la Liberación”, como lo denominó el presidente. Los gravámenes se promocionaron como una solución al déficit comercial de Estados Unidos. Schwartz no podía simplemente trasladar el coste a los compradores: tenía que publicar su precio con un mes de antelación a los reguladores. Se le encendió otra luz: Schwartz decidió impugnar los aranceles en los tribunales. Se unió al Liberty Justice Centre, una organización de defensa legal, y a varias otras pequeñas empresas, entre ellas un fabricante de tuberías, un fabricante de equipamiento de ciclismo femenino y un importador de aparejos de pesca deportiva.
El 28 de mayo, dieron con una buena noticia. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que Trump carecía de autoridad para imponer sus aranceles recíprocos. En respuesta a otra queja, también falló en contra de los “aranceles por tráfico” impuestos a Canadá, China y México. Estos gravámenes pretendían persuadir a los líderes de los tres países para que intensificaran la lucha contra el flujo de fentanilo, un opioide sintético.
Los inversores recibieron con agrado la noticia: los contratos de futuros del índice S&P 500 de Estados Unidos subieron un 1,5 %. Los mercados financieros han castigado repetidamente a Trump por su imprudencia. El 9 de abril, tras el aumento repentino de los rendimientos de los bonos del Tesoro, Trump fue persuadido de suspender los aranceles más altos del Día de la Liberación hasta el 9 de julio. El gravamen recíproco de China, que alcanzó el 125 %, también se redujo durante 90 días tras las conversaciones en Ginebra. Pero incluso después de estas reducciones, un 10% residual permaneció vigente para casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, y los aranceles al fentanilo se mantuvieron para Canadá, China y México.
Los inversores esperaban que su desaprobación mantuviera bajo control al presidente estadounidense. Pero, en general, no habían previsto que Trump también se enfrentaría a la oposición de los tribunales. Sus órdenes, que imponían los aranceles al fentanilo y los gravámenes recíprocos, citaban una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Esta ley tiene sus raíces en la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada tras la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, que otorga al presidente margen de maniobra para interferir en las transacciones económicas internacionales durante emergencias nacionales. Trump había declarado que tanto la situación del fentanilo como los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos constituían una crisis de este tipo. A menudo, los tribunales se remiten al presidente en asuntos de política exterior y seguridad nacional.
Esta deferencia no aplica cuando se trata de imponer límites a la autoridad del presidente que el Congreso ha especificado, argumentó el tribunal. El estatuto exige, entre otras cosas, que cualquier medida adoptada “aborde” la emergencia declarada. El gobierno afirmó que los aranceles al fentanilo eran un intento de obtener influencia negociadora sobre los países en cuestión, para obligarlos a cambiar su comportamiento. Pero abordar un problema, afirmó el tribunal, requiere un vínculo más “directo”.
Si bien los aranceles al fentanilo se redujeron basándose en un lenguaje sencillo, los aranceles recíprocos se redujeron gracias a principios constitucionales elevados. En los últimos años, los tribunales han argumentado que el poder ejecutivo no puede basarse en delegaciones ambiguas de poder para tomar medidas de gran trascendencia, un principio conocido como la “doctrina de las cuestiones importantes”. La IEEPA no menciona los aranceles, pero sí otorga al presidente la facultad de “regular” las importaciones. Basarse en ella para “autorizar algo tan ilimitado” como los aranceles globales, declaró el tribunal, era incompatible tanto con la doctrina de las cuestiones importantes como con la idea establecida de que el Congreso no puede delegar sus poderes al presidente de forma generalizada.
La facultad del gobierno para imponer aranceles universales, argumentó el tribunal, se especifica en una ley diferente: la Ley de Comercio de 1974. Esta permite al presidente responder a las crisis de balanza de pagos, que podrían incluir los déficits comerciales que tanto irritan a Trump, con aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días. También permite aranceles ilimitados contra socios comerciales específicos cuya política comercial el secretario de Comercio considere “injustificable” o que “[sobrecargue] o restrinja” a las empresas estadounidenses. Sin embargo, estos gravámenes solo pueden imponerse tras una investigación exhaustiva, un aviso público y un período de comentarios. Es importante destacar que el Congreso especificó estas restricciones después de que el presidente Richard Nixon utilizara la Ley de Comercio con el Enemigo para imponer un arancel universal temporal durante la crisis de Bretton Woods de 1971, el principal precedente al que apeló Trump.
Es a estas facultades alternativas a las que se puede esperar que Trump recurra ahora. Un arancel universal del 10% aplicado bajo la Ley de Comercio daría al gobierno aproximadamente cinco meses para revocar el fallo en apelación, tiempo durante el cual los funcionarios también podrían realizar investigaciones bajo la Sección 301 para establecer una base arancelaria país por país. Sin embargo, sería difícil investigar a todos los socios comerciales a la vez. Parece probable que las disputas lleguen a la Corte Suprema. En ese momento, serían presididas principalmente por jueces que han sido firmes defensores de la doctrina de las preguntas importantes.
La reacción del mercado a la sentencia fue moderada en comparación con las enormes caídas observadas después del 2 de abril. Esto se debe, en parte, a que muchos inversores han llegado a asumir que las negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos resultarán en acuerdos que impedirán la plena aplicación de los aranceles “recíprocos”. Estas conversaciones se verán ahora enturbiadas por la falta de claridad sobre la autoridad de la administración para cumplir sus amenazas. De hecho, analistas del banco Goldman Sachs advierten que la incertidumbre comercial ha aumentado, en lugar de disminuir, como consecuencia de la decisión del tribunal. A menos que Trump tenga una idea clara, los importadores estadounidenses estarán operando a ciegas.
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