El TSJCyL declara nula la ordenanza de la ZBE de Segovia que iba a comenzar a funcionar en otoño Infobae
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado la nulidad de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que el Ayuntamiento de Segovia iba a iniciar en octubre, en cumplimiento de la directiva europea para ciudades de población superior a 50.000 habitantes.
En una comparecencia celebrada este miércoles, el alcalde de la ciudad, José Mazarías, y el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, han dado a conocer la recepción a primer hora de la jornada de la sentencia, por lo que el edil "apenas ha tenidos dos horas para leer los más de 125 folios de la resolución".
No obstante, Mazarías ha puesto en valor que la sentencia califica la ordenanza de "perfecta" y el trabajo técnico en su redacción como "impecable" y ha explicado que el caso está judicializado por una denuncia de la asociación Liberum que ha llevado a los tribunales la ZBE de Segovia y de varias ciudades más.
Por su parte, González-Salamanca ha ratificado la "calidad" de la redacción técnica de la ordenanza y ha aclarado que la resolución no es un rechazo al contenido técnico de la ordenanza, sino que "se basa en una formalidad, no en la materia que se juzga".
Según ha explicado el edil, "la sentencia anula la ordenanza porque el proyecto de ZBE debía estar incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que se redactó en 2008. En aquel momento, el equipo de gobierno municipal socialista no lo incluyó".
DIRECTIVA EUROPEA
Precisamente, ha señalado que la directiva europea sobre ZBE en ciudades con más de 50.000 habitantes se redactó más tarde y llegó años después a España.
El propio Consistorio de la capital segoviana, aún socialista, ha recordado, inició el trámite de diseño de ZBE y petición de ayudas europeas para desarrollarlo, pero el proyecto no se modificó para que la ZBE estuviera incluida en el PMUS.
Al llegar el equipo "popular" a la alcaldía, en 2023, continuó el procedimiento para desarrollar la Zona de Bajas Emisiones, pero la denunciante Liberum ya había denunciado esta formalidad ante los juzgados, por lo que no cabía sino esperar la sentencia judicial al respecto.
Ahora, con la sentencia ya en la mano, González-Salamanca ha subrayado cómo en el documento se considera "la calidad de la ordenanza, que en la sentencia se define como impecable, con una zonificación razonable de la ciudad y unos tiempos de puesta en marcha lógicos y aceptables".
Otro aspecto a destacar es que la ordenanza no necesitará volver a redactarse, sino que tal como está podrá llevarse de nuevo al Pleno, para su nueva aprobación, una vez que se haga una modificación en el Plan de Movilidad para incluirla en fecha actual, según acata el Ayuntamiento la sentencia, ha detallado.
Por último, el alcalde y el concejal han enfatizado en el hecho de que esta sentencia "no perjudica ni dificulta las subvenciones europeas para la puesta en marcha de la ZBE, dado que habrá un retraso en el inicio del proyecto, pero está causado por un hecho judicial, externo a la gestión municipal que se ha hecho en los plazos requeridos por la Comunidad Europea".
Ahora, los pasos inmediatos a dar son, en primer lugar, la modificación del PMUS, para incluir en él la ordenanza de ZBE. Tras este trámite, hay que llevar a Pleno nuevamente la ordenanza, para su aprobación, en un plazo que González-Salamanca ha comentado que "preferiría que fuera en el pleno de junio, antes que en septiembre".
