El previo caso en el que Icbf debió indemnizar a cinco familias por abuso sexual a menores en jardín: sucedió en 2017 Infobae
Miles de ciudadanos en el país se han pronunciado para condenar, con indignación, el caso de presunto abuso sexual en el jardín infantil Canadá, en Bogotá.
Y ante las fuertes y contundentes reacciones de la opinión pública, salió a relucir un precedente judicial que revela que este tipo de crímenes no son nuevos en instituciones bajo supervisión estatal.
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Un informe que publicó Blu Radio trajo al debate un caso que sucedió antes de 2017, en el Hogar Infantil Corinto, también ubicado en la capital del país, en el que al menos 18 menores habrían sido víctimas de abuso sexual, tortura y maltratos, según determinó la justicia colombiana.
El caso fue revelado por familiares de los niños, quienes presentaron una demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Nación - Fiscalía General de la Nación.
En esa oportunidad señalaron como agresor principal al docente Fabián Vivas Guzmán. Según los documentos judiciales, Vivas tenía contacto directo con los menores y fue denunciado por múltiples hechos de violencia sexual y física.
La demanda argumentó que el Estado falló en sus deberes de control y vigilancia, permitiendo que se produjeran los abusos sin intervención oportuna.
Ya en el 2024, en el mes de julio, cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia de segunda instancia y condenó al Icbf y al jardín Corinto a pagar indemnizaciones por perjuicios morales y daño a la salud a cinco de las víctimas directas identificadas como HRG, BAMV, JOBT, EHL y KCEL.
Cada menor fue compensado con el equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de sumas adicionales por reparación integral.
El fallo también reconoció como víctimas indirectas a padres, hermanos y abuelos de los menores, como comunicó el medio.
A pesar de que en el proceso fueron mencionados 18 niños afectados, el tribunal ordenó indemnizar únicamente a cinco.
Asimismo, impuso al Icbf medidas institucionales como la capacitación obligatoria de sus funcionarios, la divulgación interna del fallo y la entrega de una disculpa escrita a las familias involucradas.
Uno de los datos más inquietantes del caso es que el presunto agresor, Fabián Vivas Guzmán, falleció en 2022 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
Su muerte impidió un juicio penal en su contra, dejando vacíos judiciales sobre la magnitud de sus actos y su posible responsabilidad en otros casos no denunciados.
