Apps de delivery piden a la SCJN analizar impuesto en CdMx por uso de infraestructura Milenio
A través de "Alianza In México", asociación que representa a algunas apps de delivery como Didi, Lalamove, Rappi y Uber, se hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se analice a fondo la constitucionalidad por el uso y explotación de la infraestructura urbana de la Ciudad de México.
Análisis al artículo 307 TerEn un comunicado, la asociación solicita que se analice el impuesto fiscal establecido en el artículo 307 Ter del Código Fiscal local, ya que consideran quese están violando los principios de justicia tributaria.
Según el organismo, estas pautas que regulan la creación y aplicación de impuestos para asegurar que el sistema fiscal en Ciudad de México sea justo, se están violando al no aplicarse el cobro del dos por ciento sobre las comisiones o tarifas cobradas por plataformas de intermediación digital a otras industrias logísticas que también hacen uso del espacio urbano.
El 30 de abril, durante una sesión pública, la Segunda Sala de la SCJNse pronunció en contra de forma mayoritaria, ante un proyecto que buscaba confirmar un amparo previamente concedido a una de las empresas integrantes de "Alianza In México" en contra del impuesto también conocido como “aprovechamiento”.
Bajo el rechazó del amparo, el caso fue turnado nuevamente, ahora a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, para posteriormente ser sometido a la consideración en la misma sala.
"Alianza In México" expresó su preocupación por los efectos que esta medida podría tener sobre el ecosistema digital en el país.
Considera que este tipo de disposiciones desincentivan la digitalización, distorsionan la competencia y frenan el crecimiento de sectores clave para la economía.
Al mismo tiempo, que resalto la relevancia de las plataformas, que contribuyen a la inclusión digital, el crecimiento del comercio electrónico y la generación de empleo.
Confianza en los ministros de la corteFinalmente, la asociación reiteró su confianza en que los ministros de la Corte durante la próxima discusión de este asunto, consideren la inconstitucionalidad de este cobro, que compromete el desarrollo económico en México.
ARE
