Le Magistrade y el tribunal de la opinión pública Excelsior

El deshonroso segundo lugar en crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ en América Latina lo ocupa México, en abierto contraste con avances legales que reconocen sus derechos en el país.
Esa contradicción es patente en el caso del magistrade Ociel Baena, en que los hilos legales y la justicia caminan en realidades paralelas.
El magistrade es un ejemplo de lucha por la diversidad sexual en México e identidad de género, que conquistó con el primer pasaporte y credencial del INE a una persona no binarie; y ser el primero en asumir con santo y seña un alto cargo judicial en Latinoamérica.
Rompió barreras y abrió espacios a una comunidad históricamente discriminada.
Pero lo que no pudo hacer su lenguaje inclusivo de empatía civilizatoria fue borrar el estigma del “crimen pasional” en su propia muerte, como ocurre con asesinatos de odio que a diario se ceban contra las personas LGBTQ+.
Los cadáveres de Baena y su pareja, Dorian Hernández, fueron hallados el 13 de noviembre en su casa en Aguascalientes, aunque las imágenes del crimen y hasta el acta de defunción se conocieron profusamente, en horas, en las redes.
Desde la Ley Ingrid, la filtración de ese tipo de fotografías es un delito contra la administración de justicia cometido por funcionarios públicos.
Pero la difusión de fotografías de víctimas de violencia es un ilícito recurrente; en este caso, crea ambientes en la opinión pública favorables a la hipótesis de la fiscalía de un asesinato-suicidio de la pareja sentimental, sin una investigación adecuada.
Ésa no es la única violación al debido proceso, también la omisión de protocolos de una investigación con perspectiva de género a seguir en crímenes así, aun si se tratara de un asesinato por violencia familiar, como ocurre a muchas mujeres con sus parejas heterosexuales.
No todo asesinato de una pareja homosexual es crimen de odio, pero en ninguno puede descartarse a priori, menos si la familia lo rechaza y revela amenazas de muerte previas contra Baena.
Es innegable el avance de derechos con cambios como el matrimonio igualitario, contabilizar a la población LGBTQ+ en el censo de Inegi y protecciones legales, pero insuficientes para exorcizar los peligros sociales del discurso de odio de extrema violencia.
Los tratamientos periodísticos del crimen demuestran que siguen vigentes en la opinión pública ideas como imputar a la víctima por sus propios actos como a las mujeres violentadas por usar minifalda o conjeturas de “crímenes pasionales”, que fueron eliminados en los años 70 y no figuran en ningún código penal.
Pero sí están en sesgos informativos que inducen conclusiones en el tribunal de la opinión, que sentencia con imágenes filtradas o suposiciones, como la relación en la intimidad de una pareja.
 La persistencia de prejuicios es el terreno perfecto para que las fiscalías encubran o den carpetazo a un crimen de alto impacto público.
Las barreras de discriminación e intolerancia como las que tuvo que romper le magistrade son, paradójicamente, las que desactivan a las leyes y desgarran el entramado de la justicia.
La garantía a la impunidad.
Contrario a la falta de diligencia de la justicia en el país, al fiscal de Aguascalientes le tomó apenas 24 horas llegar a la conclusión de que Baena murió a manos de su pareja, tras sostener una discusión, y luego el suicidio de Hernández, bajo el consumo de metanfetaminas.
Caso cerrado, antes de investigarse con perspectiva de género, que obliga a la fiscalía estatal desde 2017.
Todas las líneas de investigación tienen que examinarse exhaustivamente, porque está en juego el miedo de una comunidad que se siente amenazada por el segundo crimen contra un activista LGBTQ+ en menos de cinco meses en Aguascalientes, tras el de Ulises Nava.
La familia rechaza la versión oficial de su muerte y organizaciones LGBTQ+ piden a la FGR atraer el caso por desconfiar de la justicia en un estado en el que el jurista alcanzara una posición relevante, que a muchos molestaba y a otros inconformaba.
Paradójicamente, también su visibilidad en la opinión pública es el recurso póstumo de Baena para obligar a una investigación profunda, incluso con peritos extranjeros, como se ofrece.
Su notoriedad es el seguro para tejer los hilos de la justicia, incluso si fuera para probar que la víctima compartió funeral con su victimario, como dice la fiscalía.
 Columnista: José Buendía HegewischImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0