La justicia británica declara "ilegal" expulsar a solicitantes de asilo a Ruanda Milenio

La justicia británica declaró el jueves "ilegal" el controvertido proyecto del gobierno conservador que consiste en enviar a Ruanda, nación africana a 6 mil 500 km del Reino Unido, a solicitantes de asilo llegados irregularmente al país.
Tres magistrados del Tribunal de Apelación de Londres revocaron un fallo precedente por considerar que Ruanda no puede ser considerado "un país seguro", en una decisión tomada por mayoría.
Según dos de los jueces, las deficiencias del sistema de asilo ruandés implican un "riesgo real" de que los refugiados sean devueltos a su país de origen y sufran persecución o tratos inhumanos.
"A menos que se corrijan las deficiencias de sus procedimientos de asilo y hasta que no se corrijan, la expulsión de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal", aseguró el presidente de la sala.
Los magistrados precisaron "que su decisión no implica opinión alguna sobre los méritos políticos o de otro tipo de esta política", considerando que "esa es una cuestión que compete exclusivamente al gobierno y sobre la que el tribunal no tiene nada que decir".
El ejecutivo puede recurrido este fallo ante el Tribunal Supremo.
Ruanda dijo "discrepar" con la sentencia y aseguró que pese a ella "sigue plenamente comprometida" con el acuerdo alcanzado con las autoridades británicas.
Pero la oenegé Human Rights Watch aprovechó la decisión para pedir de nuevo a la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, que "abandone este sueño febril impracticable y contrario a la ética".
RepresiónEl controvertido plan, anunciado en 2022 por el entonces primer ministro Boris Johnson, fue inicialmente bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) obligando a abortar el despegue del primer avión en junio del año pasado.
Desde entonces ha estado enzarzado en recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que hasta ahora nadie fue deportado.
La Alta Corte de Londres lo declaró legal en diciembre, pero el Tribunal de Apelación admitió a trámite este recurso presentado por diez solicitantes de asilo -procedentes de Siria, Irak, Irán, Vietnam, Sudán y Albania- y la oenegé de ayuda a los refugiados Asylum Aid.
Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda -país gobernado con mano de hierro desde 2000 por el presidente Paul Kagame tras el fin del genocidio en el que murieron unas 800 mil personas- de reprimir la libertad de expresión y la oposición.
Los abogados del ministerio del Interior británico alegaban que el gobierno confía en las garantías dadas por Ruanda, que mostró la voluntad de "cooperar con los mecanismos internacionales de control".
DisuadirComo sus predecesores Boris Johnson y Liz Truss, el primer ministro conservador británico Rishi Sunak --nieto de inmigrantes indios-- considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.
Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular al país y enviar a esas personas a terceros países "seguros", como Ruanda.
Con este programa, el ejecutivo británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros, cuyos números se dispararon en los últimos años.
Más de 45 mil migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60 por ciento respecto a 2021.
Más de 11 mil personas lo han hecho ya desde principios de 2023.
El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el Parlamento y para convencer a los legisladores el gobierno publicó el martes una evaluación de su impacto financiero.
Esta señaló que el coste inicial de trasladar a una persona a un tercer país sería de unas 169 mil libras (210 mil dólares) pero se ahorrarían entre 106 mil y 165 mil libras durante cuatro años por cada refugiado que no llegue a suele británico o sea expulsado.
El informe admite sin embargo que son cifras "muy inciertas" y que el plan debería disuadir al 37 por ciento de los irregulares actuales para ser rentable.
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