Ordenan a México eliminar figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa Milenio
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) consideró este miércoles al Estado Mexicano como responsable de violar la libertad y presunción de inocencia al permitir las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, por lo que, desde este tribunal, se ordena la adecuación de los ordenamientos jurídicos incluyendo disposiciones constitucionales.
En su resolución, la CoIDH consideró que estas figuras jurídicas son medidas contrarias a la Convención Americana que vulneran los derechos a la libertad.
Y con ello, se da respuesta al caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes -acusados del asesinato de la regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez Pérez- estuvieron 17 años en prisión preventiva.
“La Corte Interamericana de Serechos Humanos en su sentencia declaró que el Estado de México es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley, y a la protección judicial cometidas en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz en el marco de su detención y privación de libertad, y del proceso penal del cual fueron objeto”, declaró este miércoles el presidente de este tribunal Ricardo Pérez Manrique.
En este sentido, consideró es responsable por la violación a la libertad personal, y deberá “dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesar”, así como “adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa”.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz estuvieron 17 años en prisión, tras el asesinato de María de los Ángeles Taméz, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.
El 23 de agosto del 2019, recuperaron su libertad y abandonaron el penal de Barrientos en el Estado de México, luego de quedar en prisión domiciliaria, con un brazalete electrónico.
En mayo de 2022, ambos fueron condenados a 37 años de prisión, su defensa apeló, pero un Tribunal absolvió únicamente a Reyes Alpízar; y el 27 de marzo, Daniel García fue reaprehendido y reingresado al penal de Barrientos, pero recuperó su libertad tres días después tras la orden de un juez que calificó como ilegal su detención.
En esta audiencia, realizada de manera virtual desde Costa Rica, estuvo presente una delegación mexicana encabezada por Roselia Margarita Barajas, embajadora de México en Costa Rica; Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Rosalinda Salinas Durán, directora de Derechos Humanos y Democracia de la SRE; Claudia Nogales Gaona, consejera adjunta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Nancy Desiderio Noyola, coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de DH de la ONU, en representación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB; así como Arturo Guerrero, coordinador de DH y asuntos internacionales de la judicatura federal.
