JEP imputa a nueve exjefes de las Farc por tomas guerrilleras y masacres en Tolima, Huila y Quindío
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exintegrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas Farc, entre ellos "Pablo Catatumbo" y "Marlon", por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas guerrilleras contra la población del Tolima, Huila y Quindío.
La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó 94 incursiones armadas del CCC entre 1991 y 2016, el mayor número de tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía de cualquier estructura de las Farc. Los campesinos son el 54 % de las víctimas acreditadas por los hechos de este comando, que suman casi 1.000 personas ante la JEP.
Antes de esta decisión, la mayoría de los procesos de la justicia ordinaria por estos hechos seguía en etapas preliminares y solo el 10 % había llegado a una condena. De los nueve imputados, cuatro estuvieron en la cárcel, pero es la primera vez que responden por estos crímenes dentro del Caso 10, que investiga los delitos no amnistiables de la antigua guerrilla que no entraron en otros macrocasos.
¿Quiénes son los nueve imputados?
Los nueve exguerrilleros imputados son Pablo Catatumbo Torres Victoria, "Pablo Catatumbo"; Luis Eduardo Rayo, "Marlon"; Henoc Capera Trujillo, "Giovanni" o "Giovanni Castro"; Jhon Jairo Oliveros Grisales, "Armando Pipas"; Gustavo Bocanegra Ortegón, "Donald" o "Donald Ferreira"; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, "Gonzalo"; Wilson Ramírez Guzmán, "Teófilo González"; Víctor Hugo Silva Soto, "Erick" o "El Chivo", y Raúl Agudelo Medina, "Olivo Saldaña".
Luis Eduardo Rayo, Marlon, reconoció secuestros del Comando Conjunto Central en Ibagué. Foto: JEP.
Ocho de ellos fueron señalados como máximos responsables porque "ejercieron un liderazgo regional, tenían mando para decidir sobre lo que hacían las estructuras a su cargo y poder para disciplinar a la tropa", según la Sala. Al noveno lo imputó por su participación determinante en los crímenes: "sin su actuación, algunos de los graves hechos no habrían sucedido".
"Marlon" y "Donald", entre otros exmandos del CCC, ya habían sido imputados en julio de 2023 por los secuestros de esa estructura en el Caso 01 y reconocieron esos hechos en una audiencia pública en Ibagué (Tolima) en abril de 2024. "Pablo Catatumbo" hizo parte del último Secretariado de las Farc, que empezó a cumplir en septiembre su sanción de la JEP por la política de secuestros y que en marzo reconoció su responsabilidad en el reclutamiento de menores.
¿Por qué no pueden recibir amnistía?
Los crímenes imputados no pueden recibir perdón judicial por su gravedad. Entre los de guerra están el homicidio de personas protegidas, incluidos policías y soldados que ya estaban fuera de combate; los ataques contra la población civil y contra hospitales, escuelas e iglesias; el saqueo, la tortura y "no dar cuartel", que según la JEP es "dar la orden de que no quede ningún adversario vivo".
A eso se suman los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de la población, desaparición forzada, tortura y persecución.
Para la imputación, la Sala revisó cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales y las versiones de 22 exguerrilleros. También escuchó los relatos de 967 víctimas y de cuatro comunidades reconocidas como víctimas colectivas.
La Sala también ordenó a los nueve exguerrilleros entregar a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en 30 días hábiles, toda la información que tengan sobre 30 personas desaparecidas relacionadas con estos hechos.
Asesinados por un corte de pelo o por ser novia de un policía
El 78,4 % de las víctimas acreditadas sufrió los crímenes que el CCC cometió para controlar a la población. La sospecha de colaborar con el Ejército o los paramilitares podía caer sobre alguien por haber prestado servicio militar, tener familia en la Fuerza Pública o "llevar un corte de cabello de apariencia militar".
La JEP imputó a nueve exmandos del Comando Conjunto Central de las Farc. Foto: Colprensa.
Por eso mataron a Édgar Ferney Cagua Cubillos, un comerciante de aguacates que viajó a Icononzo (Tolima) a celebrar el Día de la Madre. En Chaparral (Tolima), en 1999, una mujer fue asesinada frente a su hijo; según su familia, un mando guerrillero dijo después que la señalaban como colaboradora por haber sido novia de un policía.
La presión llegó a las autoridades. En Roncesvalles (Tolima), la guerrilla asesinó a la personera Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, de 23 años, que denunciaba violaciones de derechos humanos del grupo armado. En julio de 2002, las Farc amenazaron a 25 de los 47 alcaldes del Tolima y 16 terminaron despachando desde Ibagué.
En octubre de 2003, en el corregimiento El Limón, Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, fue bajado de la tarima en su cierre de campaña y asesinado frente a cerca de 200 personas.
El "Juzgado 21" y las extorsiones
El Frente 21 impuso multas, destierros y asesinatos a quien violara sus reglas sobre horarios, alcohol, animales o venta de tierras, a través de lo que la población llamó el "Juzgado 21" o la "Fiscalía 21". En San Juan de la China, una familia fue obligada a vender por $ 8 millones una propiedad que valoraba en $ 45 millones, y solo a un comprador autorizado por la guerrilla.
La señora R.A.P.G y su familia fueron desplazados de Rioblanco (Tolima) en 2008 porque ella se negó a coser uniformes para el Frente 21 en su taller. Los guerrilleros amenazaron con llevarse a su hija de ocho años y esa madrugada huyó con la niña escondida en un costal.
En Natagaima (Tolima), en 2003, Ariel Oyola fue asesinado después de que su familia se negó a pagar extorsiones. "Nos pusieron una bomba casera en la casa, nos fuimos para el monte mientras hubo enfrentamientos", dijo ante la JEP su esposa, Lilia Navarro Díaz.
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