Rebaja de penas a miembros del Tren de Aragua aumenta la presión sobre ministro de Kast
Santiago de Chile, 28 oct (EFE).- La revelación en las últimas horas de que tres supuestos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua se vieron beneficiados con rebajas de penas, gracias a unos polémicos decretos del Gobierno chileno, aumenta la presión sobre el presidente, el ultraderechista José Antonio Kast, para que remueva a su ministro de Justicia.
El titular de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, se encuentra en el centro de las polémica desde que la semana pasada el medio chileno Interferencia reveló que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos, emitidos por el ministerio entre marzo y septiembre de 2026.
La mayoría de los 56 abusadores y violadores quedaron en libertad, a los que se sumaron al menos dos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo la prensa local.
Interferencia publicó en las últimas horas que también fueron beneficiados con rebajas de penas (de entre tres y nueve meses) tres ciudadanos venezolanos procesados como miembros de una banda dedicada a la extorsión en la ciudad de La Serena, a 470 kilómetros al norte de Santiago.
Pese a que tanto dirigentes de la oposición de izquierdas como de los partidos que integran la coalición oficialista han señalado que la permanencia de Rabat en el Gobierno es "insostenible", Kast lo ratificó en el cargo el pasado lunes.
El mandatario ultraderechista reconoció que se cometió un "error" al aprobar los polémicos decretos, pero explicó que mantiene en el cargo a Rabat para "liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse".
La oposición ultima este miércoles la presentación de una solicitud de juicio político contra el ministro, cuyo nombramiento el pasado marzo ya fue controvertido pues en el pasado integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en varios juicios por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
La legislación chilena permite la rebaja de penas y establece que Gendarmería (policía carcelaria) es la responsable de elaborar un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio por buen comportamiento, un documento que luego es revisado por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su autorización final.
El ministerio, como ha ocurrido en Gobiernos anteriores, puede rechazar la solicitud y derivar la decisión final a los tribunales.
Rabat, que este miércoles comparecerá ante una comisión especial en el Congreso, defiende que hay un "vacío" en la legislación y que gran parte de los casos contaban con recursos de amparo antes de la firma de los decretos.
Desde 2022 existe una ley que excluye de este tipo de alivios a pederastas, pero no se puede aplicar de manera retroactiva y hay varios proyectos de ley en tramite para solucionar este vacío.
La polémica de las rebajas de pena ha hundido aún más la popularidad de Kast, que llegó en marzo al poder con la promesa de reactivar la economía y aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.
Según una encuesta de Cadem publicada este martes, un 66 % desaprueba la gestión del mandatario y cuatro de cada 10 personas identificadas con la derecha quieren que Rabat abandone el Ejecutivo. EFE
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