Honduras: Menos estudiantes y más docentes, deserción en aumento
El crecimiento de la planilla de la Secretaría de Educación (SEDUC), frente a la reducción de estudiantes matriculados, vuelve a poner en discusión la distribución del personal docente y administrativo, los mecanismos de contratación y la eficiencia del gasto público destinado a la enseñanza.
El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), identifica situaciones que, evidencian debilidades en los controles del recurso humano.
Entre los hallazgos figuran docentes registrados en oficinas administrativas, posibles duplicidades de cargos, pagos simultáneos en departamentos geográficamente distantes y salarios fuera de los rangos esperados.
Estas observaciones plantean interrogantes sobre cómo se asignan las plazas y si el personal contratado responde a las necesidades reales de los centros educativos.
Sin embargo, las inconsistencias señaladas en el documento requieren una revisión individual para determinar su origen y establecer si corresponden a errores administrativos, incumplimientos o posibles irregularidades.
Menos estudiantes en las aulas
Mientras los centros públicos registraron una pérdida de 87,134 estudiantes entre 2022 y 2026, la planilla institucional aumentó en 4,191 empleados durante el mismo período. El contraste también se refleja en las distintas áreas de la institución.
De acuerdo con el informe, la planilla docente creció 4.7%, mientras que el personal administrativo aumentó 21%. En el Nivel Central, la incorporación de 314 personas en tres años representó un incremento del 72%, según los datos divulgados por la organización.
La reducción de la matrícula no implica, por sí sola, que el sistema necesite menos maestros. No obstante, la diferencia entre el comportamiento de la matrícula y el crecimiento de las planillas hace necesario examinar si las contrataciones se concentran en las áreas que necesitan personal o si existe una distribución desigual entre las oficinas centrales y los centros escolares.
El problema adquiere mayor relevancia ante los señalamientos sobre plazas docentes ubicadas en oficinas y posibles registros de trabajadores con funciones o pagos incompatibles. Para establecer el alcance de estas situaciones se requieren procesos de verificación que permitan contrastar las planillas con la asistencia, las asignaciones laborales y las necesidades de cada establecimiento.
Los salarios y presupuesto educativo
El informe de ASJ también pone el foco en el costo que representa la planilla para las finanzas públicas. En 2025, alrededor de 85 de cada 100 lempiras del presupuesto de Educación se destinaron al pago de salarios, mientras que la planilla docente alcanzó un costo mensual de L 2,019 millones, equivalente a aproximadamente USD 77.7 millones.
Con ese mismo tipo de cambio, el costo mensual de la planilla docente representa cerca de USD 932 millones al año si se mantiene constante durante 12 meses. La cifra refleja el peso financiero del personal en el presupuesto educativo.
La organización estima que cada día de clases perdido representa al menos L 121 millones, unos USD 4,65 millones, que no llegan al aula en términos del servicio educativo previsto. Esta estimación debe entenderse como una valoración del costo asociado a la interrupción de las clases, no como dinero que necesariamente se pierde en efectivo o que pueda recuperarse automáticamente al reanudar las actividades.
A las dificultades de administración del personal se suma otro desafío: la cantidad de niños y jóvenes que todavía no acceden a la educación formal. Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales (INIEES) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señaló que más de 750 mil menores permanecen fuera del sistema educativo nacional.
La cifra pone de manifiesto que el desafío no consiste únicamente en administrar las plazas existentes, sino también en ampliar la cobertura y encontrar mecanismos para atender a la población que continúa excluida de las aulas. Hernández advirtió sobre la importancia de evitar que las contrataciones respondan a intereses particulares o partidarios.
La propuesta no elimina la necesidad de contar con maestros ni sustituye automáticamente la educación presencial. Abre, en cambio, la discusión sobre cómo combinar distintas modalidades para llegar a estudiantes que hoy no están matriculados, sin descuidar la calidad de la enseñanza ni las condiciones que permiten a los niños permanecer en el sistema.
En ese escenario, los datos de ASJ y las observaciones del INIEES apuntan a dos tareas que deben abordarse de forma conjunta: revisar la distribución y los controles del personal de Educación y diseñar estrategias verificables para ampliar la matrícula.
Infobae
