La destrucción del INE autónomo

El inaceptable daño al Instituto Nacional Electoral (INE) y su prestigio no es mera obra de unas cuantas personas sin ética: es el resultado de una estrategia expresa desde el poder para debilitar la autonomía y el profesionalismo del Instituto.

Veamos, en cinco apartados, lo ocurrido.

Primero: el incómodo INE autónomo. Tras las elecciones de 2018, el INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento ilegal con un fideicomiso con el que simuló apoyar a los damnificados de los sismos de 2017.

En 2021, el INE aplicó la ley e impidió a Salgado Macedonio ser candidato a la gubernatura de Guerrero, tras acreditar que omitió reportar ingresos y gastos de precampaña.

En esos años, el INE interpuso controversias ante la Suprema Corte por los recortes presupuestales sufridos, que con frecuencia ganó.

Ese ejercicio de la autonomía dio lugar a una campaña de acoso permanente desde la Presidencia de la República, incluidos amagos de juicio político e incluso a denuncias penales contra el consejero presidente y varias consejerías.

Pero franjas importantes de la ciudadanía defendieron a su INE autónomo y se movilizaron en las calles.

Segundo: iniciativas legales para minar la autonomía del INE. En 2022, López Obrador envió una iniciativa constitucional, el “plan A”, que terminaba con la autonomía del INE. Al carecer de mayoría calificada en el Congreso, fracasó. Optó por el “plan B”, un cambio legal para debilitar la estructura territorial y profesional del INE.

Por un proceso legislativo mal hecho, la Suprema Corte independiente anuló tal reforma. La división de poderes aún existía.

Tercero: la captura del Consejo General. En 2023 terminó el periodo constitucional del presidente del INE y tres consejeros. Morena no contaba en la Cámara de Diputados con la mayoría calificada requerida para hacer los nombramientos.

Decidió entonces —con la aquiescencia acrítica del PAN, PRI y MC— integrar un comité técnico de selección de perfiles de consejeros solo con personas afines al gobierno.

Así se conformaron cuatro quintetas de las que fueron eliminados académicos de prestigio y ciudadanos independientes. Luego, de un opaco sorteo surgieron la consejera presidenta y tres consejeros más.

Esos cuatro votos fueron indispensables para otorgar, en 2024, la inconstitucional sobrerrepresentación del gobierno en la Cámara de Diputados: no hizo falta desaparecer al INE, bastó con controlar a la mayoría del Consejo General.

Con el regalo de la sobrerrepresentación, se anuló la independencia del Legislativo y el gobierno aprobó la reforma al Poder Judicial, eliminando a la fastidiosa Corte independiente.

También constitucionalizó la militarización del país. La agenda autoritaria avanzó sin los contrapesos de una democracia constitucional.

En 2026, se renovaron tres consejerías más: los nuevos nombrados sólo tuvieron apoyo del gobierno. Siete de once consejeros del INE debidos al oficialismo.

Cuarto: el fin de la colegialidad. En el INE autónomo no había decisiones unipersonales; toda la vida era colegiada.

Los directores ejecutivos eran nombrados por la mayoría calificada del Consejo General —ocho de once votos al menos— y bajo el escrutinio de todos los partidos políticos.

Ello exigía directores con sólidas trayectorias profesionales y prestigio personal.

En 2024, Morena reformó la ley electoral para que la Junta Ejecutiva del INE, donde se toman decisiones administrativas, como las contrataciones, se nombrara unipersonalmente por la consejera presidenta.

Una junta de fieles, no de funcionarios probos y probados. A ello hay que sumar un Órgano Interno de Control alineado con el gobierno, no con la transparencia y la rendición de cuentas. Los resultados están a la vista.

Quinto: sumisión y desprestigio. Cuando la autonomía pasó a ser papel mojado, el INE organizó una desaseada elección judicial y avaló el uso de los acordeones. Hoy permite el inicio adelantado de las precampañas de Morena hacia 2027.

La prensa da cuenta de despidos y persecución interna a cientos de los funcionarios íntegros que quedan en el INE.

El árbitro autónomo y profesional fue el buque insignia de la democratización. Ha sido abordado por corsarios: una operación autoritaria concebida y ejecutada desde la cúpula del poder.

El daño no se repara con cambio de personas. Es indispensable que reglas y autoridades electorales sean fruto del amplio consenso de todos los partidos, del respeto a la autonomía. Justo lo que el gobierno abomina.