Blanca Cruz, nueva presidenta del INE, enfrenta señalamientos por un contrato de 129.7 millones de pesos otorgado en Puebla a Comercializadora JVLY, empresa vinculada con irregularidades detectadas por la ASF durante la gestión de Guadalupe Taddei
CIUDAD DE MÉXICO.- Blanca Yassahara Cruz García asumió el 27 de octubre de 2026 la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, pero su llegada ocurre en medio de cuestionamientos por un contrato de 129 millones 700 mil 584 pesos otorgado durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla. La contratación favoreció a Comercializadora JVLY, empresa que también recibió recursos del INE y cuya documentación fue observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Aunque existen hallazgos de fiscalización, hasta ahora no se ha acreditado una responsabilidad personal de Cruz García por estos hechos.
De acuerdo con información publicada por Agencia Reforma, la empresa obtuvo el contrato estatal en 2024 para suministrar materiales utilizados en las elecciones locales. La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla detectó que el expediente de contratación no incluía documentos relacionados con la autorización presupuestal y las propuestas del proveedor. Por separado, una auditoría federal identificó posibles irregularidades por 63 millones 241 mil pesos en servicios contratados directamente por el INE con la misma compañía. Se trata de operaciones distintas, aunque involucran al mismo proveedor.
El nombramiento de Cruz García se produjo después de que Taddei dejara el cargo en medio de señalamientos por presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares. El Consejo General del INE eligió por unanimidad a la nueva presidenta provisional, quien tendrá que mantener la organización de las elecciones de 2027 y colaborar con las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.
¿Qué contrato otorgó el organismo electoral de Puebla durante la gestión de Blanca Cruz?
En marzo de 2024, cuando Blanca Cruz presidía el Instituto Electoral del Estado de Puebla, el organismo contrató a Comercializadora JVLY S.A. de C.V. por 129 millones 700 mil 584 pesos para fabricar y entregar materiales destinados al proceso electoral local.
Según información publicada por Almanaque, el procedimiento se realizó mediante la licitación pública nacional LPN-IEE-005/2024, relacionada con servicios de impresión y apoyo administrativo.
La contratación contempló la fabricación y entrega de los siguientes materiales:
- Urnas para recibir los votos.
- Mamparas electorales.
- Cajas, sobres y paquetería electoral.
- Materiales para simulacros y capacitación de funcionarios de casilla.
El contrato tuvo una vigencia del 3 de marzo al 15 de abril de 2024, con entregas programadas para los 26 consejos distritales del estado.
El suministro formó parte de la preparación de las elecciones en las que Puebla renovó la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local.
El monto contratado se dividió en tres pagos aproximados: 38.9 millones de pesos en una primera etapa, 64.9 millones vinculados con la entrega del material de simulacro y 25.9 millones correspondientes al material electoral.
¿Qué irregularidades detectó la Auditoría Superior del Estado de Puebla?
La revisión de la Cuenta Pública 2024 del organismo electoral poblano identificó faltantes en el expediente de contratación de Comercializadora JVLY.
Según el informe de resultados individuales de la Auditoría Superior del Estado, citado por Almanaque, el expediente revisado no contenía algunos documentos necesarios para respaldar el procedimiento.
Entre los faltantes señalados se encuentran:
- Oficio de suficiencia presupuestal: documento que acredita la disponibilidad de recursos para cubrir una contratación.
- Documentación legal del proveedor: información necesaria para verificar la personalidad jurídica de la empresa.
- Propuesta técnica: documentación que describe cómo el proveedor cumpliría con los servicios solicitados.
- Propuesta económica: información sobre los costos y condiciones ofrecidos.
- Actas de las etapas de licitación: registros que permiten revisar el desarrollo del procedimiento de contratación.
El organismo electoral respondió que no emitió el oficio de suficiencia presupuestal porque administraba sus recursos mediante un sistema contable.
Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado consideró que esa explicación no justificaba la ausencia del documento y emitió una solicitud de aclaración. También recomendó fortalecer los controles presupuestarios.
La documentación faltante importa porque permite verificar si una contratación contó con recursos autorizados, si el proveedor cumplía los requisitos y si la selección se realizó conforme a las reglas aplicables.
Una observación de auditoría no significa automáticamente que los recursos hayan sido desviados. Para determinarlo, las autoridades deben revisar las aclaraciones y pruebas aportadas por el organismo fiscalizado.
¿Por qué Comercializadora JVLY también está bajo investigación de la ASF?
Los cuestionamientos sobre el contrato de Puebla adquieren relevancia porque Comercializadora JVLY también fue contratada por el INE durante la administración de Guadalupe Taddei.
En una auditoría forense de la Cuenta Pública 2024, la ASF identificó posibles irregularidades por 63 millones 241 mil pesos relacionadas con un contrato para imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro destinados a la capacitación electoral.
La revisión identificó problemas para comprobar la prestación completa del servicio.
Entre los hallazgos documentados se encuentran:
- Diferencias entre las cantidades de materiales reportadas por las juntas locales, distritales y personal de capacitación electoral.
- Falta de información suficiente sobre costos, gastos, personal y empresas subcontratadas.
- Transferencias de recursos públicos a terceros cuya relación con los servicios contratados no pudo comprobarse.
- Inconsistencias en la información sobre trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Visitas de supervisión realizadas en instalaciones de otro proveedor, en lugar del domicilio establecido en el contrato.
De acuerdo con una investigación de La Jornada, publicada el 25 de octubre, la ASF encontró que los recursos pagados a JVLY fueron transferidos a nueve empresas y una persona física en menos de tres semanas, sin que pudiera verificarse su relación con el servicio contratado.
La auditoría también dio lugar a actuaciones para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMSS y el Órgano Interno de Control del INE revisaran posibles incumplimientos fiscales y responsabilidades administrativas.
Los hallazgos no equivalen, por sí solos, a una resolución definitiva que establezca que todos los servicios fueron inexistentes.
¿Qué relación tiene la empresa con Guadalupe Taddei y los contratos del INE?
Comercializadora JVLY aparece entre los proveedores que recibieron contratos del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei, quien asumió el cargo en abril de 2023 y presentó su renuncia el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con investigaciones publicadas por Excélsior y La Jornada, la compañía está vinculada con José Alfredo Hernández Casillas y con otras empresas que participaron en operaciones relacionadas con materiales electorales.
Entre las compañías mencionadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Plásticos y Metales MYC y Grumeec.
La auditoría federal identificó movimientos financieros entre algunas de estas empresas. Uno de los casos corresponde a recursos transferidos por Plásticos y Metales MYC a Grumeec, firma que había participado como competidora en un sondeo de mercado relacionado con JVLY.
Estas operaciones forman parte de los elementos que han motivado cuestionamientos sobre la selección de proveedores y el uso de recursos públicos.
Sin embargo, la existencia de relaciones comerciales y transferencias bancarias no demuestra por sí sola que todas las empresas hayan cometido una irregularidad. Corresponde a las autoridades determinar si hubo acuerdos indebidos, simulación de servicios o responsabilidades individuales.
¿Qué respondió Blanca Cruz sobre los contratos de Puebla?
Tras asumir la presidencia provisional del INE, Blanca Cruz fue cuestionada por las contrataciones realizadas durante su administración en Puebla.
La funcionaria rechazó que exista información de su trayectoria que deba mantenerse fuera del alcance de las autoridades fiscalizadoras.
“De mi parte no tengo nada que ocultar”, declaró el 27 de octubre, según información difundida por Infobae y MTP Noticias.
También manifestó su disposición a que las autoridades revisen su gestión.
“Pueden investigar las autoridades y es sano que lo hagan”, sostuvo, de acuerdo con El Universal.
Cruz García señaló que las auditorías deben seguir los procedimientos establecidos y que las conclusiones corresponden a los órganos encargados de fiscalizar los recursos públicos.
Hasta la información disponible, no se ha acreditado una sanción administrativa o penal contra la nueva presidenta provisional por el contrato de Comercializadora JVLY en Puebla.
¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García, la nueva presidenta provisional del INE?
Blanca Yassahara Cruz García cuenta con una trayectoria de más de una década en instituciones electorales.
Es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, además de maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
De acuerdo con la información oficial del INE, ha ocupado cargos relacionados con la organización de elecciones y la administración electoral.
Su trayectoria incluye estas etapas:
- 2022: fue designada consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
- 2024: encabezaba ese organismo cuando se contrató a Comercializadora JVLY.
- 21 de abril de 2026: fue designada por la Cámara de Diputados como integrante del Consejo General del INE.
- 27 de octubre de 2026: rindió protesta como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral.
Su nombramiento como presidenta del INE tiene carácter temporal. La Cámara de Diputados deberá designar a la persona que ocupe la presidencia durante el periodo restante del cargo vacante.
¿Qué pasará con las investigaciones del INE y las elecciones de 2027?
La llegada de Blanca Cruz ocurre mientras el INE enfrenta investigaciones por posibles irregularidades en la contratación de bienes y servicios.
Durante la sesión del Consejo General del 27 de octubre, el consejero Arturo Castillo Loza pidió revisar la actuación de funcionarios y áreas que pudieran estar relacionados con los señalamientos.
También planteó la necesidad de colaborar con las autoridades fiscalizadoras y llevar las investigaciones hasta sus consecuencias legales cuando existan elementos para ello.
Por su parte, Cruz García sostuvo que el funcionamiento del INE no debe depender de una sola persona.
“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”, expresó durante su toma de protesta.
La nueva presidenta provisional deberá atender dos asuntos de manera paralela: mantener la preparación del proceso electoral 2026-2027 y facilitar las revisiones sobre el manejo de los recursos públicos.
Para la ciudadanía, esto significa que el relevo en la presidencia no suspende las actividades de organización electoral ni modifica, por sí mismo, los procedimientos para ejercer el derecho al voto.
El punto pendiente es conocer si las autoridades fiscalizadoras consideran suficientes las aclaraciones sobre los contratos observados y si encuentran elementos para iniciar procedimientos contra personas servidoras públicas o proveedores.
El contrato de 129.7 millones de pesos en Puebla y las observaciones federales por 63.2 millones corresponden a operaciones diferentes. Ambas involucran a Comercializadora JVLY, pero requieren revisiones y determinaciones independientes para establecer si hubo irregularidades y quiénes serían responsables.
Te puede interesar: Blanca Cruz García es elegida presidenta provisional del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei por señalamientos sobre contratos y conflictos de interés
El Imparcial
