México: Los incendios del agua
DULCE MARÍA SAURI RIANCHO*
MÉRIDA, Yucatán (SEMlac). El agua apaga el fuego, pero también puede encender los ánimos. Cuando invade las viviendas, llega contaminada o deja de salir por las llaves, altera la vida cotidiana de las familias y convierte el malestar en reclamo ciudadano. Inundación, contaminación y falta de suministro: tres problemas distintos que ponen a prueba la capacidad de las autoridades para proteger a la población y garantizar un servicio indispensable.
No todo puede atribuirse al cambio climático. Sus efectos se combinan con la ocupación de zonas inundables, el deterioro de la infraestructura, la contaminación de las fuentes y las decisiones aplazadas. El agua necesita obras, mantenimiento y reglas para llegar en condiciones seguras a su destino. Necesita, también, gobiernos capaces de actuar antes de que los problemas se conviertan en emergencias.
Las inundaciones
Las lluvias asociadas al huracán Simón han vuelto a inundar viviendas y calles de Acapulco. En Cihuatlán, Jalisco, se realizaron evacuaciones preventivas. En distintas regiones del país, las familias enfrentan periódicamente la amenaza de perder en unas horas lo construido durante años.
La pérdida de vidas humanas es la consecuencia más grave. Le sigue la destrucción del patrimonio: muebles, ropa, aparatos y documentos; bienes generalmente escasos que quedan mojados o inservibles. Después viene el trabajo de limpiar, rescatar lo recuperable y comenzar de nuevo.
El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (DN-III-E) y los operativos de protección civil permiten auxiliar a la población. Pero atender la emergencia no sustituye la prevención. Conviene preguntar cuánto destinamos a reducir los riesgos y cuánto terminamos pagando por daños que pudieron evitarse.
En ciudades como Mérida, las deficiencias del drenaje pluvial también dejan calles inundadas, deterioran el pavimento y convierten el bacheo en una batalla interminable.
La contaminación
Guadalajara y su área metropolitana atraviesan un grave conflicto por la calidad del agua distribuida a los hogares. Las denuncias describen un líquido turbio, oscuro y maloliente. Las protestas incluyen a habitantes de Zapopan, además de otros municipios conurbados. Este fin de semana me tocó presenciar esa indignación ciudadana.
El abastecimiento metropolitano depende en buena medida del lago de Chapala, junto con otras fuentes. En agosto de 2024 fue inaugurado el sistema hidráulico El Zapotillo. La ampliación se presentó como una solución de largo plazo, acompañada de la promesa de asegurar el abastecimiento durante cincuenta años.
La obra incrementó la infraestructura disponible, pero no resolvió integralmente el servicio. Agregar agua no garantiza que llegue limpia a las viviendas si persisten problemas en las conducciones, la potabilización y las tuberías. Entre la inauguración y la llave del hogar hay un sistema completo que debe funcionar.
Las familias afectadas denuncian que no pueden utilizar el agua ni siquiera para bañarse o lavar ropa y utensilios. Tienen que comprar garrafones o contratar pipas para cubrir necesidades elementales. El recibo del servicio sigue llegando, al que se suma el gasto de conseguir por otros medios el agua que debería proporcionarles la red.
La carga tampoco se reparte por igual. Cuando falta el agua o llega en condiciones que impiden utilizarla, alguien tiene que conseguirla, almacenarla y reorganizar la preparación de alimentos, la limpieza y los cuidados. Estas tareas siguen recayendo principalmente en las mujeres.
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra que ellas dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario. La falla del servicio aumenta una carga que ya era desigual.
Llevan meses denunciando el problema. Las advertencias académicas y las demandas de análisis públicos obligan a preguntar: ¿qué sabían las autoridades, desde cuándo lo sabían y qué hicieron para impedir que el deterioro llegara a los hogares?
El domingo 11 de octubre, miles de personas caminaron de La Minerva a Casa Jalisco. Durante la intervención policial se utilizaron chorros de agua contra manifestantes. La ironía es dolorosa: el líquido exigido para vivir dignamente se convirtió en instrumento para dispersar la protesta.
Desde el 6 de octubre, el gobernador Pablo Lemus había anunciado restricciones del suministro y un nuevo acueducto Chapala–Guadalajara. Los anuncios deberán traducirse en resultados verificables. A las familias no les resuelve nada que el gobierno federal sea de Morena y el estatal, de Movimiento Ciudadano. Sus diferencias políticas no los eximen de coordinarse, informar y rendir cuentas.
El agua que no llega
Mérida enfrenta otra paradoja: está virtualmente flotando sobre agua y, sin embargo, numerosas familias padecen dificultades para recibirla. Disponibilidad hídrica no significa seguridad hídrica.
Las conducciones envejecidas, las fugas, los problemas de bombeo y la expansión urbana comprometen el servicio de JAPAY, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. En algunas colonias el agua llega por unas horas, con presión insuficiente para subir a los tinacos. También hay denuncias de interrupciones y baja presión en Kanasín, donde existen sistemas municipales de abastecimiento.
Alguna vez Mérida captó agua de lluvia en los techos y la almacenó en aljibes o depósitos. La llegada de la red pública fue haciendo aparentemente innecesaria esa práctica. Si bastaba abrir una llave, ¿para qué blanquear anualmente los techos con cal? ¿Para qué llamar al hojalatero? También se cegaron pozos en los solares, antes acompañados por veletas que aprovechaban el viento para extraer el agua.
Según el IX Censo de Población, la ciudad tenía alrededor de 212.000 habitantes en 1970. Desde entonces, el crecimiento urbano ha desbordado aquella escala. La infraestructura necesita renovación y mantenimiento permanente; las familias necesitan respuestas mientras las obras se realizan.
Quienes conocen la historia política de Yucatán recuerdan el potencial explosivo del agua potable. El conflicto por sus tarifas contribuyó a la primera derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la alcaldía de Mérida, en 1967. Hoy vuelve a ser motivo de protesta y de exigencia pública.
El financiamiento anunciado para rehabilitar el sistema deberá evaluarse por las mejoras que produzca: menos fugas, mayor continuidad y presión suficiente. “Dios nos da el agua, pero no la entuba”, dice el refrán. Captarla, distribuirla, sanearla y proteger sus fuentes exige decisiones y trabajo.
Los incendios del agua comienzan dentro de las casas. Para apagarlos hacen falta autoridades que escuchen, se coordinen y cumplan. El reclamo ciudadano es elemental: abrir la llave y poder confiar en lo que sale de ella.
* La autora es Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán.
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