Exasistente de Adela Micha acusa a la comunicadora de fabricarle delitos
Desde el penal de Santa Martha Acatitla, Suzanne Faugier Dracoulis denuncia que enfrenta acusaciones penales fabricadas tras demandar laboralmente a la periodista Adela Micha por un despido injustificado.
La imputada sostiene que el proceso penal busca frenar el reclamo de sus derechos laborales. Asegura que la conductora utilizó denuncias judiciales para evitar el pago de una liquidación tras 27 años de trabajo conjunto.
Faugier permanece en prisión preventiva en el penal femenil de la Ciudad de México desde el 4 de junio. Un juez de control la vinculó a proceso por el presunto delito de uso de documento falso.
La disputa laboral y la intervención política
En el documento titulado “Justicia para Suzanne”, Faugier afirma que su despido ocurrió el 18 de octubre de 2024.
Al no alcanzar un acuerdo económico con la comunicadora, presentó una demanda formal por la vía laboral en noviembre de ese mismo año.
La imputada señala que el exdiputado y exsenador del PAN Roberto Gil Zuarth intervino en las negociaciones por instrucciones de Micha. Asegura que el político buscó presionarla para aceptar una compensación mínima.
El convenio planteado por la defensa de Micha exigía además una cláusula de exclusividad. Dicho documento obligaba a Faugier a no trabajar en medios de comunicación durante un plazo de cinco años.
Al rechazar la propuesta legal, Faugier sostiene que su exempleadora inició cuatro carpetas de investigación penal en su contra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Bertha Alcalde Luján.
Señalamientos de entregas de dinero en efectivo
En su pronunciamiento escrito, Faugier expone detalles sobre los manejos financieros internos de los proyectos informativos en los que colaboró.
La exasistente afirma que su nombre figuraba como socia y administradora de la empresa Conducción de Telecomunicaciones por órdenes directas de la periodista.
Esa estructura corporativa tenía como fin evitar que el nombre de Micha apareciera en contratos comerciales y de asesorías.
Los convenios involucraban acuerdos de publicidad tanto con empresas privadas como con diversas entidades gubernamentales.
Faugier declara que recibía “grandes cantidades de dinero en efectivo” provenientes de gobiernos estatales. En el texto, acusa de forma directa al exmandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de enviar fondos de manera periódica.
Hasta el momento, ni el gobernador sinaloense ni la oficina de representación del gobierno estatal han emitido una postura oficial sobre los señalamientos financieros expuestos en el documento.
Acusaciones de influyentismo en el tribunal capitalino
La exempleada acusa la existencia de un presunto tráfico de influencias que mantiene trabada su defensa legal. Sostiene que la conductora presumió vínculos cercanos con el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Faugier sostiene que esas presuntas relaciones institucionales facilitaron la imposición de la prisión preventiva justificada en su contra.
Argumenta que los delitos imputados no contemplan la privación oficiosa de la libertad dentro del catálogo constitucional.
El escrito añade que la periodista utilizó como argumento legal sentirse vulnerable por pertenecer al grupo de personas de la tercera edad.
Faugier refuta esa condición y afirma que su madre de 86 años es la principal afectada.
La excolaboradora denuncia que la conductora incurrió en un esquema similar en el pasado. Asegura que la contadora Aline Aguilar enfrentó un encarcelamiento de varios meses en Santa Martha Acatitla para evitar el cumplimiento de obligaciones de carácter laboral.
La imputación por desfalco financiero y contratos apócrifos
La contraparte mantiene una acusación por afectaciones que superan los 2,240,000 pesos. De acuerdo con la defensa de Micha, a cargo del despacho Coello Trejo y Asociados, Faugier habría falsificado firmas para adquirir compromisos de deuda.
La carpeta de investigación detalla que la denuncia inicial comenzó en junio de 2025. Peritajes oficiales en grafoscopía detectaron irregularidades en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por 1,000,000 de pesos y un pagaré por 1,240,000 pesos.
La Fiscalía capitalina mantiene además una segunda indagatoria abierta en diciembre de 2024 por presunta administración fraudulenta. Las autoridades investigan el desvío de pagos de terceros realizados para pactar entrevistas en el canal La Saga.
Faugier rechaza las imputaciones bancarias y asegura que todos los movimientos administrativos contaron con la autorización previa de la comunicadora.
La imputada solicitó la revisión de sus medidas cautelares para continuar su proceso judicial en libertad.
Infobae
