“El gobierno de Américo Villarreal me está extorsionando a cambio de mi libertad”: Rómulo Garza

“Soy el preso 868 del Cedes de Cd Victoria, Tamaulipas. Llevo injustamente encarcelado desde el 17 de enero de 2025. Los primeros seis meses estuvo puesta la cadena de mi celda y sólo se me permitía salir para ir al baño. De hecho, llevo un año y nueve meses sin salir de mi celda, sin ver el cielo. Sólo tengo derecho a una llamada por semana por 10 minutos. Las desgracias no llegan solas, mi mamá murió y yo no pude estar a su lado –visiblemente quebrado prosigue–. Ellos saben y están conscientes de que soy inocente. La venganza política no es justicia. Detuvieron mi vida, pero afuera la vida sigue y a mí la vida se me está yendo como agua entre las manos. Pero no puedo acusar a (García) Cabeza de Vaca de algo que no hizo a cambio de yo salir de la cárcel”: Rómulo Garza.

Un día, durante la campaña de 2024, Rómulo Garza, quien fuera el secretario de Bienestar Social de Tamaulipas en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, recibió una llamada en la cual lo querían extorsionar o alertar de que había una carpeta en su contra, pero que si entregaba 1.5 mdp no la judicializarían. Rómulo contestó: “No tengo el dinero, sabes que cuando me secuestraron entregué todo lo que tenía, casa, coches, dinero, todo. Hoy no tengo nada. Además, no he hecho nada”.

Como no se dejó extorsionar por la Fiscalía Anticorrupción y/o el gobierno de Américo, le judicializaron la carpeta.

Agárrese

El gobierno de Américo Villarreal metió a la cárcel a Rómulo Garza bajo el argumento de haber comprado por adjudicación directa despensas en la época Covid.

Sin embargo, las despensas fueron compradas en el marco de la ley. De hecho, y de acuerdo con el Art. 65 fracción IX de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, cuando se trate de bienes perecederos, granos y de productos alimenticios básicos, por fuerza mayor se deben comprar por adjudicación directa, pero peor aún, también lo mandaba el decreto publicado por AMLO; dos decretos que pedían evitar las licitaciones para atender con rapidez la pandemia, evitar contagios y muertes. No hay delito que perseguir.

El sábado 17 de octubre que entré a verlo al penal de Ciudad Victoria, Rómulo estaba cumpliendo 18 meses injustamente encarcelado. Gracias a Dios hacía frío, pues vive en una celda de 1.5 metros de ancho por 2.5 metros de largo. No tiene cama. Duerme encima de una colchoneta. Y hay unos vitroblocks que hacen que, cuando hace calor, su celda se convierta literalmente en un infierno, pues causan efecto de lupa.

“Tras mi secuestro (2010) jamás pensé volver a vivir algo similar, y hoy estoy nuevamente secuestrado, pero por el gobierno de Tamaulipas”.

Lo que leerán a continuación los dejará helados

A Rómulo le han ofrecido dejar la cárcel si firma un escrito redactado por el gobierno, por la fiscalía de Américo Villarreal, en contra de García Cabeza de Vaca, o si le fabrica algo, acusándolo de lo que él quiera, y de inmediato lo liberan. Así como trágicamente lo están leyendo.

“Estando secuestrado me propusieron intercambiarme por mi mamá y, obvio, no lo permití. Hoy la vida me vuelve a poner ante un intercambio, mi libertad a cambio de acusar a (García) Cabeza de Vaca. No lo voy hacer porque quieren que mienta. Le haría lo mismo que ellos me están haciendo a mí, y eso no va con mis valores”.

Cuando esta pesadilla comenzó, Rómulo estaba atendiendo su carrito de elotes en la calle en Ciudad Valles, SLP, cuando llegaron policías a detenerlo, lo esposaron y se lo llevaron a la fiscalía de SLP. Tras leerle sus derechos, le pidieron firmar y lo hizo, pero puso fecha y hora 17 de enero de 2025, 6:15 pm. Luego lo trasladaron a Victoria y lo presentaron en la audiencia.

Ahí escuchó al juez decir: “La compra estuvo de acuerdo con la ley, con el decreto, hubo una solicitud, pero en enero de 2021, la compra no se justifica por adjudicación directa en virtud de que el confinamiento sólo duró unos días”. Irreal, el juez mintió, el decreto estaba vigente. De hecho, en enero de 2021 estábamos viviendo la segunda ola de la pandemia. Fue hasta el 9 de mayo de 2023 cuando terminó.

“Me queda claro que no voy a salir de aquí, hasta que vaya este gobierno. Hay consigna. No existen elementos mínimos para considerar que existe un delito, por lo tanto nunca debieron abrirme una carpeta, pero como no pagué la extorsión, la judicializaron”.

En la carpeta no existe una sola prueba de corrupción, enriquecimiento ilícito, que sea primo del proveedor, vamos, de nepotismo; tampoco que exista un desvío de recursos, ni que las despensas fueran de mala calidad o que no se entregaran. Lo que se recibió fue lo que se pagó. ¿Entonces, dónde está el delito o el daño patrimonial al Estado? No existe. No hay.

Peor aún

Rómulo fue el secretario del Bienestar Social requeriente de 2 millones 660 mil despensas por las que la Secretaría de Administración adjudicó el contrato, repito, como lo mandataba el decreto de AMLO, y pagó 650 mdp.

Lo acusaron de peculado, pero ya se les cayó. Ahora de uso indebido de funciones, pero, otra vez, Rómulo no adjudicó y la adjudicación se hizo de manera correcta, mediante estudio de mercado, y se compraron las más baratas y se entregaron en tiempo y forma. Todo está en el contrato.

Rómulo sostiene que el gobernador García Cabeza de Vaca jamás le pidió reunirse o atender a ningún proveedor. Mucho menos pedir dinero. “Decir eso sería faltar a la verdad y meterlo en un problema similar al que estoy viviendo de manera injusta”.

Jamás la fiscalía ha podido aclarar cuál es su criterio para asegurar que fueron adjudicadas de manera errónea o qué hicieron mal.

La saña contra Rómulo también puede documentarse al decirles que le abrieron tres carpetas por las tres compras de despensas que requirió. De haber sido un delito, debería existir sólo una carpeta, no tres.

Ah, si es un delito adjudicar contratos de despensas, ya deberían girar órdenes de aprehensión en contra de los morenistas Verónica Aguirre, hoy presidenta municipal de San Fernando (busca reelegirse), quien fuera secretaria del Bienestar con Américo; Jesús Lavín, secretario de Administración, quien tras pelearse con Ameriquito se fue, y Gerardo Illoldi, exsecretario del Comité de Compras, hoy secretario del Trabajo y quien quiere ser presidente municipal en el 27.

Las consignas sólo son para los que ellos llaman adversarios

Aunque ellos sí cometieron un delito penal, al ser omisos y poner en riesgo a la población de acuerdo con el Art. 15 y el 72 del Código Penal, pues cancelaron la adjudicación de despensas porque el ganador, el Dr. Alejandro Valdez, no quiso caerse con el moche para Américo y Ameriquito.

“Yo sólo le pido a Dios que les ablande el corazón. Estoy viviendo un infierno. Américo, el fiscal, los MP y los jueces deben tener el corazón lleno de amargura y de rencor para destruirle la vida a alguien que no te hizo nada. Que es inocente. La venganza política no es justicia”, Romulo Garza.