Guadalupe Taddei asegura que no dejará la presidencia del INE pese a los cuestionamientos por contratos con empresas vinculadas a una persona cercana a ella y la Constitución contempla dos vías para intentar removerla
Guadalupe Taddei Zavala aseguró que no renunciará a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), pese a los señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con contratos del organismo. Ante su decisión de permanecer en el cargo, existen dos vías legales que podrían buscar su destitución: el juicio político y el procedimiento para retirar la protección procesal que tiene como funcionaria, conocido como desafuero.
De acuerdo con la información publicada por Infobae el 24 de octubre de 2026 y los artículos 41, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos mecanismos tienen requisitos distintos y no garantizan por sí solos su salida.
Las acusaciones están relacionadas con contratos del INE con empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, señalado como una persona cercana a Taddei. Sin embargo, estos señalamientos no demuestran por sí mismos que la funcionaria haya cometido alguna irregularidad o delito.
¿Por qué piden la salida de Guadalupe Taddei del INE?
Taddei asumió la presidencia del Consejo General del INE en abril de 2023, tras un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados.
El 24 de octubre, durante una reunión virtual con las demás consejerías electorales, reiteró que no piensa dejar el cargo. Según los reportes periodísticos, sostuvo que no tiene responsabilidad en los contratos celebrados por el instituto con empresas relacionadas con Hernández Casillas.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la decisión de renunciar correspondía a Taddei. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, reconoció que los legisladores no pueden exigirle directamente que presente su renuncia.
Aunque distintos actores han cuestionado su permanencia, la presión política no equivale a una destitución legal. Para separarla del cargo tendría que aplicarse un procedimiento previsto en la legislación.
Primera vía: el juicio político
El artículo 110 constitucional establece que las consejerías electorales y la consejera presidenta del INE pueden ser sometidas a juicio político.
El procedimiento puede derivar en la destitución y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos cuando se determina responsabilidad conforme a la ley.
Estas son sus principales etapas:
- Denuncia: cualquier ciudadano puede presentarla ante la Cámara de Diputados con elementos que sustenten los hechos.
- Revisión: la Subcomisión de Examen Previo analiza si existen fundamentos para continuar.
- Investigación: la Sección Instructora examina el caso y determina si procede formular una acusación.
- Votación en Diputados: si el procedimiento avanza, se requiere mayoría absoluta de los legisladores presentes para aprobar la acusación ante el Senado.
- Resolución del Senado: la Cámara Alta actúa como jurado de sentencia y necesita el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes para imponer una sanción.
Por tanto, presentar una denuncia no significa que Taddei vaya a ser destituida. El caso tendría que superar las etapas legales y reunir los votos requeridos.
Segunda vía: el desafuero por posibles delitos
El artículo 111 constitucional regula el procedimiento para autorizar que se actúe penalmente contra determinados servidores públicos durante su encargo.
Esta ruta requeriría una denuncia por hechos que pudieran constituir un delito. Entre las posibilidades mencionadas en los reportes están el tráfico de influencias o el desvío de recursos, pero no se debe dar por acreditada ninguna conducta sin una investigación.
La Cámara de Diputados debe decidir, por mayoría absoluta de sus integrantes presentes, si ha lugar a proceder penalmente contra la persona señalada.
Si autoriza el procedimiento, las autoridades competentes pueden actuar conforme a la ley. Si lo rechaza, el proceso se suspende mientras la persona continúa en el cargo, sin impedir que la imputación siga su curso cuando concluya su encargo.
El desafuero no es una sentencia penal ni demuestra culpabilidad. Su finalidad es permitir que las autoridades puedan proceder conforme al marco constitucional.
¿Qué pasaría con la presidencia del INE?
El artículo 41 constitucional contempla la figura de falta absoluta de la consejera presidenta y establece reglas para designar a quien cubra la vacante. Sin embargo, estas disposiciones regulan la sustitución y no constituyen por sí mismas un mecanismo de destitución.
Hasta el 24 de octubre de 2026, Taddei había reiterado que no renunciaría. Su eventual salida dependerá de que se concrete una renuncia o se actualice una causa legal mediante el procedimiento correspondiente.
Por ahora, el juicio político y el desafuero representan dos rutas diferentes, pero ninguna garantiza automáticamente que Guadalupe Taddei deje la presidencia del INE.
El Imparcial
