El próximo 8 de noviembre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumplirá su primer año al frente del Gobierno. Estos casi 12 meses estuvieron marcados por protestas, bloqueos y una fuerte presión social y política, sumado a la severa crisis económica y energética que el país ya padecía desde antes de su arribo al Palacio Quemado.
Carlos Sánchez Berzaín, quien fue ministro de la República en cinco ocasiones, advirtió que el país no podrá dejar atrás sus problemas de fondo hasta que el poder siga en manos “del narcoestado”. Incluso, días atrás la propia representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el país reconoció que Bolivia en los últimos años se convirtió en un centro de operaciones para carteles internacionales de droga.
Durante una entrevista con Infobae, Berzaín opinó que el presidente Paz carece de control efectivo sobre las estructuras centrales de poder y sostuvo que “la unidad de la nación boliviana es el instrumento para generar una alianza que permita derrotar al narcoestado”.
“El presidente ha tomado parte del Gobierno, pero no ha tomado el poder, que está en manos de un sistema que genéricamente llamamos el narcoestado”, aseveró. De acuerdo a lo expuesto por el director del Interamerican Institute for Democracy, funcionarios, autoridades y personas vinculadas al gobierno participan en actividades ligadas al narcotráfico.
Esa extensa red vinculada al narco llevó al país a transformarse en un espacio de protección y operaciones para organizaciones criminales internacionales: “En Bolivia no solo está el Comando de la Capital o el Comando Vermelho; está la mafia rusa, están los chinos, los cárteles mexicanos, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los cárteles colombianos”, enumeró. Cabe recordar que en marzo de este año fue capturado en territorio boliviano el uruguayo Sebastián Marset, uno de los capo narcos más buscados del mundo.
En este contexto, el ex presidente Evo Morales, quien tiene dos pedidos de captura, aún sigue en libertad custodiado por sus bases en el Trópico de Cochabamba y no cesa en la presión que ejerce sobre el gobierno de Paz. “El gran jefe de esto es Evo Morales, que controla un territorio en el centro del país, en el Trópico de Cochabamba, al que el Gobierno no se atreve a entrar”, comentó Berzaín.

Consultado sobre por qué el líder cocalero aún sigue en libertad, el ex ministro boliviano afirmó que la Policía boliviana fue “penetrada y cambiada en su doctrina y en sus mandos para servir al narcoestado”. Esto, detalló, hace que el actual presidente no pueda tener “control total de la Policía”.
“En la década de los noventa, en ese territorio del Trópico se creó la Novena División del Ejército. ¿Para qué? Para reinstitucionalizar esa zona en la que ya una vez Evo Morales montó su republiqueta, que la desmontamos en el año 94. Y después del desmontaje se fortaleció la policía, se hizo el aeropuerto de Chimoré y se instaló la DEA y se hizo la Novena División de Ejército. Hoy día, la Novena División le da parte a Evo Morales, no le da parte al presidente Rodrigo Paz. Entonces, el tema es que tener el Gobierno es una cosa -parte del Gobierno-, y tener el poder es otra. El poder lo tiene el narcoestado que controla la justicia, las fiscalías, y el órgano electoral", resumió.
El abogado y politólogo recordó, además, que los dos jefes antinarcóticos de Evo Morales “han pasado por la justicia americana” por narcotráfico, y cuestionó la legislación sobre la coca: “Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca en 2003 y hoy tiene cerca de 70.000”.
Con su llegada al poder, el presidente Paz sumó al país al Escudo de las Américas impulsado por Donald Trump para hacer frente al narcotráfico. Desde entonces, varios capos narco, como el caso de Marset, cayeron, y Washington también retiró visas a funcionarios a los que acusa de estar ligados al narcotráfico. Según Berzaín, esta actuación de la Casa Blanca “es la única vía que está funcionando” actualmente para desmontar el complejo entramado vinculado al narco. Pero aclaró: “Funciona parcialmente porque no hay contraparte”.
“Evo Morales algún día tendrá que ser capturado; debería ser procesado internacionalmente. Es un narco. Está bien que lo acusen de abuso de menores, pero nadie lo acusa en Bolivia de narcotraficante, ni de asesino, ni nadie de la corrupción que ha cometido, ni de las masacres que ha perpetrado. Todos callados. ¿Por qué? Porque el sistema sigue funcionando así. El Gobierno está en manos de los que fueron los opositores funcionales de ese régimen", añadió el ex ministro boliviano.

A su juicio, el país vive “desagregado” y “fracturado”, también con problemas de tráfico de oro, trata de personas y sicariato. “Se están atendiendo los síntomas, pero no la causa”, planteó. “La causa de la crisis, en mi opinión, es el narcoestado, que suplantó todo el sistema democrático”.
Sostuvo, además, que desde la llegada del MAS al poder el ordenamiento jurídico boliviano dejó de garantizar el Estado de derecho. “En Bolivia no existe ninguna posibilidad de alegar Estado de derecho, porque el régimen, en la aplicación del modelo cubano-venezolano, sustituyó el Estado de derecho por el ‘terrorismo de Estado’”.
Berzaín propone una alianza nacional que reúna a sectores políticos y sociales para recuperar valores republicanos, modificar o derogar normas que cuestiona, terminar con la impunidad judicial y separar al crimen organizado de la actividad política. El ex ministro plantea esa movilización como una respuesta a la crisis que atribuye a un narcoestado y no como una iniciativa partidaria.
“La unidad de la nación boliviana es el instrumento para generar una alianza que permita derrotar al narcoestado”, afirmó.
Su primera medida consiste en recuperar “los principios y valores de la nación boliviana”. “Son los principios de la civilización, de la democracia y de la moral social”, declaró.
El segundo punto de su propuesta plantea eliminar o reformar el marco legal que describe como propio del narcoestado. “Hay que cesar las leyes del narcoestado, desde la Constitución hasta lo que yo llamo ‘leyes infames’ que violan los derechos humanos”. Esas normas, opinó, condicionan la economía y el sistema político. “¿Cómo va a superar la crisis económica Bolivia si la Constitución del Estado Plurinacional prohíbe la inversión externa?”. También cuestionó la representación política y aseguró que, a su juicio, el sistema constitucional habría afectado el principio de voto universal.
La tercera medida busca romper con la impunidad. El ex ministro consideró que la presión internacional ha abierto algunos procesos recientemente, pero sostuvo que Bolivia aún carece de una reacción interna contra quienes integran redes de corrupción y narcotráfico: “Está llegando presión externa, pero no hay una acción interna contra la impunidad (...) Le toca a Bolivia, pero llega último y por una presión que no nace dentro del país”.
El cuarto eje de su plan apunta a apartar a las organizaciones criminales de la política. “Hay que sacar al crimen organizado de la política”, enfatizó Sánchez Berzaín, quien afirmó que los grupos vinculados a la producción de coca contarían con recursos para incidir en procesos electorales y recurrir a bloqueos cuando no obtienen los resultados que buscan.
“Lo que hago en este documento es decir: hablemos en serio, sinceremos el país. Si seguimos atendiendo los síntomas y no la causa, no vamos a resolver la crisis”, reflexionó.
Sánchez Berzaín dijo que su propuesta no pretende excluir a los partidos, aunque considera que ninguna organización política puede ejecutar por sí sola el cambio que plantea. “Todos los partidos son bienvenidos, pero no hay un partido que alcance para hacer esto”.
Comentó, por su parte, que Bolivia construyó su identidad nacional sobre una “alianza de clases” y argumentó que las disputas contemporáneas multiplicaron las divisiones políticas, regionales, raciales, generacionales e indígenas. Frente a esa situación, propuso desplazar los debates ideológicos por una agenda de emergencia nacional: “Frente a esa confrontación general hay que hacer una gran alianza de la nación boliviana, donde no importa el partido ni la ideología (...) Este es un momento de emergencia nacional. No hay lugar para las ideologías”.
Pese a su llamado a una alianza nacional, el director del Interamerican Institute for Democracy cuestionó a los “opositores funcionales”. Es decir, aquellos “opositores de mentira” que convivieron políticamente con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
A su juicio, la alternativa requiere una movilización capaz de superar la lógica de las candidaturas individuales. “El eje de confrontación es la nación que quiere libertad y el narcoestado plurinacional que quiere a Bolivia como está”, afirmó. “La realidad muestra que necesitamos cambiar las reglas del juego”.
Sánchez Berzaín presentó su planteamiento en el artículo “La unidad y movilización de la nación boliviana va a terminar el narcoestado”, publicado por Infobae el 18 de octubre, que divide en una reconstrucción histórica, un diagnóstico de la coyuntura y su propuesta política.
“El documento comienza por preguntarse cuándo se arruinó Bolivia (...) Eso empieza el 17 de octubre de 2003, cuando se fuerza la renuncia y se da un golpe de Estado al presidente constitucional de ese momento”. Tras esos hechos, continuó, se impuso la denominada Agenda de Octubre, que incluía una Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, el libre cultivo de coca y la persecución de dirigentes políticos. “El objetivo era terminar con la estructura de lo que ellos llamaban la democracia pactada; es decir, terminar con la democracia”, afirmó.
Berzaín cuestionó la creación del Estado Plurinacional por parte del gobierno de Evo Morales y sostuvo que el proceso modificó el funcionamiento de las instituciones bolivianas. “Hacen su Constitución, que es la Constitución del Estado Plurinacional, donde técnicamente crean un nuevo país”, dijo, antes de añadir que, a su juicio, se desplazó a los órganos judiciales, electorales y de control que existían previamente.
El politólogo también vinculó ese proceso con el sector energético y con la política de cultivos de coca. “A título de nacionalización, suprimen los contratos de exploración y se concentran en la explotación”, sostuvo, y remarcó que desde entonces Bolivia perdió mercados de gas que antes mantenía con Argentina y Brasil.
Sobre la coca, el ex ministro afirmó que la política aplicada desde entonces favoreció a productores y procesadores vinculados al narcotráfico: “En 2008 expulsan a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), terminan con todo el sistema internacional de lucha contra el narcotráfico y arman el narcoestado”.
También aseguró que la persecución política se convirtió en una herramienta de control institucional. “Destrozan el sistema de partidos políticos y Bolivia tiene hoy más de 200 presos políticos”, afirmó, y recordó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados certificó más de 27.000 asilados y exiliados bolivianos en el mundo.
Sánchez Berzaín recordó que lleva 23 años en el exilio por razones políticas, pero aseguró que nunca abandonó la actividad pública boliviana.
Consultado sobre una eventual candidatura en el futuro, el ex ministro dijo que su objetivo es “recuperar la unidad nacional, la república, el Estado de derecho y la democracia”.
“Esto no es una candidatura presidencial; es un movimiento de la nación boliviana que tiene que tomar el poder”, aclaró.
Según explicó, una eventual opción electoral solo debería surgir después de construir una mayoría amplia y una estructura política colectiva. “En el momento de tomar el poder veremos quién está en mejores condiciones para tener la Presidencia”. Y afirmó: “Una candidatura no se hace con una persona; es un proyecto que tiene que estructurarse”.
Por último, descartó que su iniciativa responda a una ambición personal y sostuvo que la prioridad debe ser reconstruir las instituciones antes que definir nombres.
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