Fenómeno El Niño: sin inversión en prevención aumentan los costos

Cada inundación suele dejarnos imágenes parecidas. Barrios enteros bajo el agua, familias evacuadas, rutas cortadas, pérdidas productivas, destinos turísticos afectados y recursos públicos destinados a atender una emergencia que ya ocurrió. Sin embargo, el riesgo no empieza cuando llega el agua sino que comienza a construirse mucho antes.

Este 24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático, Argentina atraviesa un escenario que obliga a discutir justamente la prevención. El Niño es un fenómeno climático natural que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y modifica la circulación atmosférica a miles de kilómetros de distancia. En Argentina suele estar asociado a una mayor probabilidad de precipitaciones abundantes en distintas regiones. Lo importante es que puede monitorearse y anticiparse con meses de antelación.

El propio Gobierno nacional aprobó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027. La Resolución 559/2026 señaló probabilidades superiores al 70% de ocurrencia de condiciones asociadas a El Niño y un mayor riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales durante la primavera y el verano 2026/2027, con particular atención sobre la Cuenca del Plata. Es decir, no estamos frente a un fenómeno inesperado.

A eso se suma una realidad más profunda. Aunque este fenómeno no es consecuencia del cambio climático, hoy El Niño ocurre sobre un planeta más caliente. El cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero altera las condiciones sobre las que actúan fenómenos naturales como el ENOS y aumenta los riesgos asociados a distintos eventos climáticos extremos.

Desde FARN venimos advirtiendo sobre el ajuste presupuestario en las políticas ambientales. Según nuestro análisis del proyecto de Presupuesto 2027, la Subsecretaría de Ambiente tendrá un presupuesto 84,3% menor en términos reales que en 2023.

Postergar obras hídricas, reducir capacidades de monitoreo, debilitar organismos especializados, disminuir recursos para políticas ambientales o llegar tarde con medidas de adaptación no hace desaparecer esos costos. Muchas veces los desplaza hacia adelante con pérdidas y daños más grandes, cuando hay que reparar rutas, asistir a productores, reconstruir infraestructura, atender familias evacuadas o, en algunos casos, lamentar víctimas fatales por situaciones que se pueden prevenir.

Prevenir también es cuidar los recursos públicos

Argentina no parte desde cero. Desde 2016 cuenta con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, creado por la Ley 27.287 para articular acciones entre Nación, provincias, municipios, organizaciones y sociedad civil.

En abril de este año se aprobó también el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029. La propia resolución oficial plantea como objetivo fortalecer la gestión integral del riesgo y coordinar políticas públicas de prevención, reducción del riesgo, respuesta y recuperación. La pregunta entonces debería enfocarse en qué presupuesto, información, infraestructura, personal y capacidad efectiva se cuenta para implementarlos.

Cuando pensamos en infraestructura nos referimos a obras hidráulicas, los drenajes, las defensas y el mantenimiento de la infraestructura. Estas son fundamentales, pero también los ecosistemas sanos cumplen funciones de enorme valor para la adaptación a los impactos del cambio climático. Los humedales, por ejemplo, reciben, almacenan y liberan agua. Regulan los flujos, retienen sedimentos, contribuyen a mejorar la calidad del agua, almacenan carbono y amortiguan períodos de exceso hídrico y sequía. Ese funcionamiento, muchas veces definido como “efecto esponja”, los convierte en aliados centrales para la adaptación climática.

Argentina continúa además sin una ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de humedales. Proteger estos ecosistemas no sustituye las obras necesarias, las complementa. Una política de adaptación necesita infraestructura hídrica, sistemas de alerta temprana, planificación urbana, ordenamiento ambiental del territorio, información pública, conservación de los ecosistemas que reducen impactos y una política científica sostenida, con organismos que cuenten con los recursos necesarios.

La capacidad de anticipar un episodio como el de El Niño existe porque durante décadas se construyeron sistemas de observación, modelos climáticos y conocimiento científico. Esa información sólo adquiere valor cuando se transforma en decisiones públicas.

Si sabemos con meses de anticipación que aumenta el riesgo de lluvias intensas, deberían activarse políticas antes de que aparezcan los primeros evacuados. El Niño 2026/2027 no es una sorpresa, Argentina puede observar, pronosticar y adelantarse a buena parte de sus riesgos. Si, aun contando con esa información, se reducen los recursos destinados al ambiente, la ciencia, la prevención y la adaptación, el problema deja de ser la falta de conocimiento y pasa a ser una decisión de política pública.