México enfrenta presión de Estados Unidos por la contratación de más de 3 mil médicos cubanos, luego de que una congresista denunciara presunto trabajo forzado y pidiera revisar si el programa contradice las obligaciones laborales del T-MEC
La contratación de profesionales de la salud procedentes de Cuba abrió un nuevo frente de discusión entre México y Estados Unidos. Una congresista republicana pidió que las condiciones laborales de estos médicos sean examinadas durante la revisión del tratado comercial de América del Norte, al considerar que el esquema podría involucrar prácticas de trabajo forzado.
Según información de Infobae, la representante estadounidense María Elvira Salazar, del distrito 27 de Florida, envió el 22 de octubre de 2026 una carta a Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. En el documento solicitó que Washington exija explicaciones al Gobierno mexicano por la contratación de más de 3 mil médicos cubanos y presione para terminar el programa.
La petición coloca el convenio médico en una discusión que va más allá de la cooperación sanitaria. Salazar sostiene que las condiciones denunciadas podrían entrar en conflicto con compromisos laborales vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque su acusación no equivale por sí misma a una resolución oficial que determine que México incumplió el acuerdo.
Qué denuncia la congresista sobre los médicos cubanos
En la carta, Salazar cuestionó el modelo mediante el cual profesionales cubanos llegan a México para prestar servicios médicos. Entre sus señalamientos mencionó presuntas restricciones a la libertad de movimiento, separación de sus familias y retenciones de una parte considerable de los ingresos que generan.
La legisladora afirmó que los médicos recibirían solo una pequeña proporción del dinero destinado a pagar sus servicios, mientras que el resto sería canalizado al Gobierno de Cuba. También sostuvo que estas condiciones podrían constituir trabajo forzado y pidió a la administración estadounidense que intervenga ante las autoridades mexicanas.
Como respaldo a su planteamiento, Salazar hizo referencia al Informe sobre la Trata de Personas de 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos, de acuerdo con la información publicada por Infobae. Ese documento fue citado en el debate sobre los programas de cooperación médica cubana y los riesgos de explotación laboral que distintas organizaciones y autoridades estadounidenses han señalado.
Las denuncias sobre estas misiones no son nuevas. Informes anteriores del Departamento de Estado también habían advertido sobre posibles retenciones salariales y restricciones que afectan a trabajadores cubanos enviados al extranjero. Sin embargo, las condiciones pueden variar según el país, el contrato y el programa específico, por lo que las acusaciones deben examinarse con evidencia correspondiente al caso mexicano.
Por qué Salazar relaciona el caso con el T-MEC
La congresista pidió que el asunto sea abordado en el marco de las obligaciones laborales del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Su argumento es que las presuntas prácticas denunciadas deben tener consecuencias en la relación comercial si se determina que contravienen los compromisos aplicables.
Salazar solicitó a Greer comunicar la postura de Washington al Gobierno mexicano y promover el desmantelamiento del programa. También propuso que México pague directamente a los médicos, en lugar de canalizar los recursos mediante las autoridades cubanas.
La petición busca introducir el tema en una revisión comercial que ya concentra discusiones sobre las condiciones de acceso a los mercados y los compromisos entre los tres países. No obstante, la carta de una legisladora no activa automáticamente sanciones ni demuestra que exista una violación del T-MEC. Para establecer consecuencias formales sería necesario examinar las disposiciones aplicables, los hechos y los procedimientos correspondientes.
Por ahora, lo que está documentado es la solicitud de Salazar al representante comercial estadounidense. El alcance que pueda tener dentro de la revisión del tratado dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Sheinbaum defiende la contratación y niega diferencias salariales
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos sobre el personal cubano durante su conferencia de prensa del 23 de octubre. La mandataria rechazó que estos profesionales reciban una remuneración menor que los médicos mexicanos y sostuvo que su contratación es directa.
Sheinbaum afirmó que los médicos cubanos ganan lo mismo que sus colegas mexicanos y explicó que su presencia ayuda a cubrir necesidades de atención en zonas donde no hay suficientes especialistas dispuestos a trabajar.
La presidenta también negó que el personal esté contratado mediante una empresa intermediaria. Con ello, defendió el esquema de colaboración sanitaria frente a las críticas sobre las condiciones laborales y el manejo de los pagos.
La postura del Gobierno mexicano contrasta con los señalamientos de Salazar, quien cuestiona el destino de los recursos y las condiciones en las que los profesionales prestan sus servicios. Ambas posiciones plantean una diferencia central: mientras la congresista pide investigar y terminar el programa por presuntas prácticas de explotación, la administración mexicana sostiene que la contratación responde a necesidades del sistema de salud y se realiza bajo condiciones salariales equivalentes a las de los médicos nacionales.
Qué puede ocurrir con el programa
La solicitud de la congresista estadounidense pone sobre la mesa la posibilidad de que el programa de médicos cubanos sea discutido en el contexto de la relación comercial bilateral. Sin embargo, todavía debe distinguirse entre una exigencia política, una investigación formal y una determinación jurídica sobre el cumplimiento del tratado.
Para evaluar las acusaciones será relevante conocer las condiciones contractuales aplicables, quién recibe los pagos, qué proporción llega a cada profesional y qué mecanismos existen para garantizar que los trabajadores puedan decidir libremente sobre sus empleos y conservar el control de sus ingresos y documentos.
También será importante conocer si las autoridades mexicanas o estadounidenses anuncian revisiones específicas, solicitudes formales de información o medidas relacionadas con el T-MEC. Hasta que exista una determinación de ese tipo, las afirmaciones de Salazar deben presentarse como acusaciones que buscan una intervención de Washington, mientras que la respuesta de Sheinbaum constituye la posición oficial del Gobierno mexicano.
El debate, por tanto, no solo gira en torno a la continuidad de la colaboración médica con Cuba. También plantea preguntas sobre la transparencia de los acuerdos, la protección de los trabajadores extranjeros y los límites de la presión comercial cuando se denuncian posibles vulneraciones de derechos laborales.
El Imparcial
