Volver a los principios del futuro

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobado en Diputados y vuelve al Senado por las modificaciones referidas a la Ley de Tierras, y así completar su sanción definitiva. Es un avance que reafirma uno de los principios fundantes de nuestro país: el respeto a la propiedad privada.

“El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”. ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte del presidente Javier Milei esta definición de Alberto Benegas Lynch (h.)?

Es la misma visión que inspiró la cláusula primera del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024, no solo por el Presidente, sino por autoridades del Congreso, expresidentes y 18 gobernadores. El inicio del Pacto incluía “La inviolabilidad de la propiedad privada”. Un examen rápido y poco minucioso de la oposición llegó a criticar la reiterada insistencia del Gobierno en la protección de la propiedad privada, esta vez encarnada en la votación por la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. ¿Por qué hacerlo cuando la Constitución Nacional, sancionada en 1853, ya incluye en su artículo 17 su protección? ¿Es un acto de demagogia legislativa poner mayores obstáculos a la expropiación? La historia responde por sí sola.

La expropiación constantemente necesitó ser supervisada y delimitada. Una potestad tan fuerte fue constantemente objeto de la tentación de los poderes de turno, a costa del ciudadano. Desde el histórico fallo de 1888 Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo, referente de los primeros límites a la expropiación, pasando por la misma Ley 21.499 de expropiaciones, siempre fue necesario custodiar la propiedad privada desde todas las aristas posibles. Y la historia de las últimas décadas volvía a confirmar la necesidad de salir, una vez más, a definir los límites. La expropiación de YPF puede ser señalada como paradigmática. Aunque el Gobierno haya logrado ganar la batalla legal heredada del kirchnerismo, los resultados dejaron un mensaje muy claro, sintetizado por el presidente Javier Milei en su cadena nacional del 27 de marzo de este año: “Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”.

Más allá de las consecuencias concretas y materiales (alto riesgo país, inseguridad jurídica, merma de las inversiones, etc.), hay una problemática moral detrás de la expropiación que, tanto el Gobierno actual como los constituyentes de 1853, avizoraron. La necesidad de que una expropiación sea con una sentencia fundada en ley (como indica el artículo 17 de nuestra Constitución) se puede rastrear hasta los padres del liberalismo, como John Locke, en su *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil* (1690), donde afirmaba que “el poder supremo no puede apoderarse de parte alguna de la propiedad de un hombre, sin el consentimiento de éste; pues como el fin del gobierno es la preservación de la propiedad, y ésa es la razón por la que los hombres entran en sociedad, ello implica necesariamente que al pueblo ha de permitírsele tener propiedades; pues si perdieran eso al entrar en sociedad —y entraron en ella a fin de conservarlo— estarían cayendo en un absurdo demasiado grande como para que alguien pudiese aceptarlo”.

Sin embargo, la idea de que el pueblo delibera a través de sus representantes se ha deteriorado en las últimas décadas, con una política burocrática cada vez más alejada de sus representados; una política que no paga los costos de sus decisiones, acostumbrada a diseñar políticas “con la ajena”, para sintetizarlo en criollo. No solo el Poder Legislativo sufrió esta deformación, sino que la Justicia también ha aportado a estos inconvenientes. Las tasaciones insuficientes de los inmuebles y la demora en las sentencias terminan de perjudicar al ciudadano afectado. La nueva Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pretende volver a encauzar a las expropiaciones en su vía correcta.

Por supuesto, no falta el argumento opositor que, otra vez con un análisis poco profundo, alza el dedo para señalar una supuesta incoherencia: ¿Cómo, un Gobierno que se jacta de reducir la deuda, pretende agregar el lucro cesante en las indemnizaciones por expropiación? ¿No terminaría endeudando más al Estado? Claramente ciertos sectores no tienen claro el nuevo (y fundante) paradigma de la Argentina: la propiedad es anterior al Estado; la propiedad es fruto del trabajo del individuo, no del Estado. Esta simple regla lógica sienta las prioridades que rigen al Gobierno. El Estado no está por encima de las personas; personas constitutivas de este. Como el absurdo del que hablaba Locke, este no puede actuar en contra de sus intereses. Por eso, hay que limitar las expropiaciones, darle fronteras certeras, a la vez que la política vuelve a alinearse con los verdaderos deseos de los argentinos.

Hoy el Gobierno argentino no concibe la expropiación como una herramienta constantemente a disposición, por eso no existirá endeudamiento tal. Los límites a la política se ponen, justamente, para no jugar con ellos diariamente. Sin embargo, en la vereda de enfrente, un gobernador dice “lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar”. Es el mismo ímpetu que llevó a Alberto Fernández a intentar expropiar Vicentin en 2020. ¿Por qué en ese momento miles de argentinos salieron a marchar en contra de esa medida? No porque fueran dueños de esa empresa, sino porque el kirchnerismo, hay que reconocerlo, siempre fue honesto con sus intenciones. El “vamos por todo” no era un eufemismo.

Al mismo tiempo, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad viene a subsanar la otra cara de la moneda de la problemática que atraviesa hoy la propiedad privada en Argentina: los (no) desalojos. Mientras que el Estado no solo debe evitar transgredir los derechos del ciudadano, también tiene que intervenir en los eventuales conflictos cuando un individuo no respeta los derechos del prójimo y, consecuentemente, castigarlo. Contrariamente a estos principios, en gobiernos kirchneristas no solo se alentaron expropiaciones, sino que también proliferaron las tomas y usurpaciones. Allí el Estado no cumple ninguna de las funciones para las que fue creado. La toma del barrio 8 de diciembre en González Catán, partido de La Matanza, resulta ser ilustrativa en este sentido. En la provincia gobernada por Axel Kicillof, una organización delictiva liderada por una ciudadana paraguaya se hizo ilegalmente de una serie de terrenos pertenecientes a tosqueras, los cuales comenzaron a lotear y a vender a precios a partir de 100 mil pesos. Mientras tanto, los “capos” del lugar imponían su propio orden de convivencia. En enero de 2024, una “reunión inmobiliaria” en el lugar terminó con un tiroteo y cinco muertos. La defensa de la vida, libertad y propiedad, fundamento del Estado liberal, brilló por su ausencia. ¿Cuántas situaciones parecidas se encuentran hoy latentes en el país por desalojos que no se pueden llevar a cabo, o llevan juicios pendientes desde hace años? ¿Acaso el enajenamiento ilegal de la propiedad por un tercero tiene un precio medido en tiempo?

La inmoralidad copó el Estado hace rato. Acelerar los desalojos y facilitar los procesos para devolver una propiedad a su legítimo dueño es un paso más para restablecer el orden que debe regir en nuestra sociedad; un orden que respete los derechos de cada una de las personas que la integran.

No se puede vivir con una mirada condescendiente hacia las violaciones de la propiedad privada. Ante la indignación por la situación en que pueden vivir ciertas personas, que recurren a la ocupación para garantizarse un techo, uno solo puede preguntarse: ¿Dónde estuvo esa indignación durante 16 años de gobiernos kirchneristas? ¿Qué hicieron por mejorar la situación de vida de aquellas? En la bancada que ocupo tenemos claro cómo contestar la última pregunta en relación a los últimos tres años.

Algunos datos ejemplificativos dan cuenta de ello: bajar la inflación de un 25% mensual en diciembre de 2023 a solo 1,9% en septiembre de 2026; bajar los robos y hurtos en un 17% entre 2024 y 2025; reducir y eliminar más de 20 impuestos. Si uno lo mira bien, todos tratan en el fondo de lo mismo: defender la propiedad privada. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un paso más en esa dirección.

Así como los constituyentes de 1853, inspirados en Alberdi, entendieron que había que consolidar los principios básicos del Estado liberal, dando a la Argentina un largo período de prosperidad, nosotros entendemos que, leyes como las votadas el día de ayer son también una visión clara de país. No nos guían los apetitos políticos del momento, sino el legislar para, como dice el Presidente Milei, “sentar las bases de 100 años de liberalismo”. Ese es el camino.