El Gobierno relativiza la preocupación de EEUU sobre el efecto del proyecto Malvinas en sus empresas

El Gobierno le restó importancia a la inquietud que dejaron trascender los enviados de Donald Trump en el país sobre el impacto que la ley de soberanía de Malvinas, aún en ciernes, podría tener sobre compañías estadounidenses.

El planteo de la Casa Blanca se hizo explícito ayer por la tarde, en una conferencia en el Palacio San Martín, cuando el número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, dijo ante una consulta: “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

En la Casa Rosada, como única respuesta, destacaron la segunda mitad de la frase, sobre el “respeto al proceso legislativo”. Pero un importante dirigente de la cúpula violeta dio una mirada más amplia, entre risas para restarle relevancia al planteo que transmitió el número dos del secretario de Estado, Marco Rubio. “Dijo lo obvio. Estados Unidos mira los intereses de sus empresas, como cualquier país. Y también dijo que respeta el proceso legislativo argentino. ¿Qué más que eso se pretende?“, sostuvo.

El Gobierno no cree que esté siendo presionado a modificar el proyecto que Milei transformó en uno de sus caballitos de batalla. “La ley de soberanía protege recursos argentinos en Malvinas. Las empresas que quieran operar en la Argentina tienen que cumplir la ley argentina, y fin”, afirmó a este medio un alto dirigente del oficialismo, en reserva.

Poco después de la conferencia de Quirno, Santiago Caputo, autor del proyecto, escribió la sigla “TMAP” —Todo Marcha Acorde al Plan—, en alusión a la publicación con imagen con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró a posteriori su propia reunión con Landau.

Excepto en los encuentros semanales de la mesa política, Santiago Caputo suele trabajar tras bambalinas, pero esta vez también se sumó también a la mesa en la sede de Economía para intercambiar con los delegados de Rubio. “Fue porque es el asesor presidencial”, fue la explicación que dieron en Gobierno. Pero evitaron precisar si se habló allí del asunto Malvinas. “No tenemos información al respecto”, dijeron. Después se tomaron una foto con la comitiva, esta vez sin Quirno.

Además del ministro y del consultor, del encuentro participaron los asistentes de Landau, Juan Pablo Segura -de origen argentino- y William Herter; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico Matt Stokes; el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y su par estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

El episodio tiene un antecedente inmediato. El 15 de octubre, en la Cuarta Comisión de la ONU, Washington pidió disolver el Comité de Descolonización, el foro donde la Argentina reclama cada año por la soberanía del archipiélago. Como informó Infobae, el vocero Adrián Ravier admitió que la postura nacional estaba en revisión y no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario. En la conferencia de ayer, Landau encuadró la propuesta dentro de una reforma general de Naciones Unidas, mientras que Quirno calificó el reclamo como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del foro no afecta la posición argentina sobre la soberanía.

El oficialismo está sobre el borde del asiento con el tema Malvinas desde que lo transformó Malvinas en un tema central para la gestión. Milei buscó llevarlo al tope de la agenda en cadena nacional el jueves 3 de septiembre, con todo el Gabinete y una gran expectativa, y lo presentó como una “causa” nacional y sagrada, convencido de que no habría espacio para los cuestionamientos opositores.

Hace tres semanas, Santiago Caputo envió a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, de su círculo íntimo, a defender en comisión la iniciativa. Pero la firma del dictamen acaba de postergarse otra vez. El plenario de comisiones previsto para el martes fue cancelado, luego de cuatro reuniones sin acuerdo.

La iniciativa, entre otras cosas, reemplaza la ley de 2011 por un esquema más amplio, alcanza a quienes faciliten esas actividades y crea un Consejo de Seguridad Nacional.

Existe consenso en torno a las penalidades para las firmas que exploten recursos en la zona, pero la oposición por ahora sólo está dispuesta a acompañar esa primera parte de la iniciativa. Una de las controversias gira en torno al artículo 111, que contempla hasta 12 años de prisión para quienes impulsen “campañas de desinformación financiadas desde el exterior”, una medida que los opositores leen como una herramienta contra el periodismo. La otra es por el Consejo de Seguridad Nacional, que integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

En el Gobierno, como planteó Caputo en X, sospechan que el kirchnerismo pretende “meterse” en ese cuerpo que, para el oficialismo, no debería incluir representantes del Congreso. Sí admiten, en cambio, una comisión de seguimiento o, eventualmente, una bicameral. Pero por ahora los opositores duros no dieron el brazo a torcer y las negocaciones siguen.

Hoy será el turno de Javier Milei de recepcionar, en Balcarce 50, a los funcionarios del Departamento de Estado. El encuentro tendrá lugar una semana después de la conversación a distancia que tuvo por medios virtuales, desde Olivos y a poco de su regreso de Washington, con Marco Rubio. En Casa Rosada dicen que no es un problema que su principal aliado internacional -junto a Israel- muestre preocupación frente a uno de los proyectos más ambiciosos que el Presidente, además, decidió transformar en insignia de su administración.