Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: los 4 motivos que llevaron a Interpol a cancelar la ficha roja
Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga llevaban cinco años bajo una ficha roja de Interpol cuando el organismo determinó cancelarla, con efecto a partir del 25 de septiembre. La decisión responde a una solicitud que la defensa de la pareja presentó el 13 de octubre de 2025 y se sostiene en cuatro argumentos centrales que ponen en entredicho el propio proceso judicial mexicano.
La notificación formal llegó a la pareja casi un año después de que sus abogados plantearan ante el comité de Interpol que el caso violentaba los estatutos de la organización. La orden de aprehensión contra ambos, emitida en 2021, sigue vigente en México.
Los 4 argumentos de la defensa
De acuerdo con información a la que tuvo acceso el periodista Arturo Ángel en Milenio, el primer argumento de la defensa apunta directamente al estatuto fundacional de Interpol. Los abogados de Álvarez Puga y Gómez Mont sostienen que el caso tiene una motivación política, lo que violaría el artículo 3 de la Constitución de la organización, que prohíbe intervenir en asuntos de esa naturaleza.
El segundo argumento se enlaza con el primero: de ser entregados a México, la pareja enfrentaría un riesgo real de “detención arbitraria” derivado del uso de la prisión preventiva oficiosa. La defensa recordó que México ya fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abuso de esa figura legal.
A estos dos planteamientos se suma un tercer eje: la exposición pública que ha tenido el caso desde 2021 habría vulnerado el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia de ambos. La defensa atribuyó ese desgaste, en parte, a lo que calificó como ausencia de un poder judicial efectivamente independiente en México.
El cuarto argumento es el que más peso tuvo en el expediente, de acuerdo con el periodista: la falta de un recurso judicial efectivo. Los abogados documentaron que el amparo promovido en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión no ha tenido resolución de fondo ni siquiera en primera instancia, pese a casi cinco años de litigio.
El expediente de amparo quedó radicado el 9 de enero de 2022 en un juzgado de la Ciudad de México, donde impugna la orden de aprehensión girada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde entonces, el proceso se estancó por diferimientos de audiencias y, después, por un conflicto de competencias entre juzgados capitalinos, del Estado de México y de Sinaloa, que se resolvió hasta este 2026 con la radicación del caso en un juzgado de distrito del Segundo Circuito, en territorio mexiquense, tras permanecer cuatro años en la capital del país.
Hasta la fecha no existe un pronunciamiento judicial que confirme o desestime si los derechos de la pareja fueron violentados, señaló la defensa ante el organismo internacional.
La acusación de la FGR sostiene que la pareja encabezó una estructura que, mediante empresas fantasma, desvió recursos federales ligados a contratos del sistema penitenciario firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, aunque el juez que giró la orden desestimó el señalamiento de que ambos fueran los jefes de esa estructura criminal.
Sheinbaum ha pedido su reactivación y exige reciprocidad a EEUU
La presidenta Claudia Sheinbaum se adelantó a la confirmación oficial cinco días después de que la decisión se hiciera efectiva. El 30 de septiembre, durante su conferencia matutina, informó que le habían notificado el retiro de las fichas esa misma mañana.
“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México, pero con todas las pruebas habidas y por haber”, declaró la mandataria.
Sheinbaum adelantó que su gobierno solicitará a Interpol conocer las razones de la cancelación y pedirá que las notificaciones fueran reactivadas. “Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja porque, si van a otro país, pues tiene que ser bajo orden de aprehensión porque son delincuentes”, dijo.
El 8 de octubre la presidenta reiteró su exigencia y la vinculó con la cooperación judicial entre ambos países. “Estamos pidiendo su extradición. Pedimos reciprocidad, porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”, afirmó, en referencia al gobierno de Estados Unidos.
Una fuga a Florida y una detención migratoria en Miami
El caso contra la pareja arrancó en noviembre de 2019, cuando la FGR abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/00001339/2019 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía los señaló como líderes de una estructura que, junto con Alejandro Álvarez Puga —hermano del empresario— y otras cinco personas, habría usado empresas fantasma para simular operaciones y desviar recursos de dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2,950 millones de pesos.
El antecedente fiscal de Gómez Mont es anterior a ese expediente: en 2018 había llegado a un acuerdo con el SAT por 10.9 millones de pesos en impuestos omitidos, adeudo que, de acuerdo con registros posteriores, dejó un remanente de 2.6 millones de pesos sin cubrir. Apenas se reveló la nueva investigación por lavado de dinero, la pareja salió de México hacia Florida.
El 29 de septiembre de 2021, el juez Iván Aarón Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró diez órdenes de aprehensión por los delitos imputados. Días después, a solicitud de la Fiscalía, Interpol activó la ficha roja que buscaría a la pareja en 194 países.
En diciembre de ese año, ambos solicitaron a la FGR un “criterio de oportunidad” para colaborar con la investigación a cambio de evitar prisión, solicitud que la Fiscalía rechazó en enero de 2022.
Ese mismo mes, la FGR detuvo a tres de los ocho implicados en el esquema, mientras Gómez Mont y Álvarez Puga permanecían prófugos en Estados Unidos. En noviembre de 2022, una demanda civil presentada en ese país expuso el patrimonio inmobiliario que la pareja había acumulado en Florida: propiedades valuadas en más de 11 millones de dólares. En 2023, la UIF los incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas y congeló sus cuentas, medida que la defensa logró revertir ese mismo año mediante un amparo ratificado después por un tribunal colegiado.
El 4 de marzo de 2025, por orden del Poder Judicial, la UIF reanudó todos los servicios financieros de la pareja, decisión que su titular, Pablo Gómez, calificó públicamente de “corrupción judicial”.
Sin que las autoridades mexicanas lograran su detención ni su extradición, la pareja continuó radicando en Florida. El 24 de septiembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Álvarez Puga por su situación migratoria irregular y lo trasladaron al Centro de Procesamiento Krome North, en Miami. El empresario obtuvo libertad bajo fianza y espera una audiencia migratoria programada para noviembre de este año.
Mientras enfrentaba el proceso judicial, Gómez Mont publicó el 11 de septiembre su primera novela, Ley de Fuego, un thriller legal sobre una abogada penalista que defiende a un empresario acusado de delincuencia organizada. Dos semanas después de ese lanzamiento, Interpol notificó la cancelación de la ficha roja contra ambos.
Infobae
