Columna | Al Aire: Pablo y Zoé

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En México hemos perfeccionado una modalidad de gobierno que permite permanecer años en el poder sin hacerse responsable de sus resultados. Consiste en administrar los problemas mientras todavía pueden ocultarse, reconocerlos cuando se convierten en escándalos y buscar culpables cuando la indignación ciudadana amenaza con cobrar la factura. Los funcionarios acumulan presupuestos, multiplican anuncios y presumen indicadores, pero conservan intacta una extraordinaria habilidad para declararse ajenos a las consecuencias de sus propias decisiones.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Zoé Robledo, director general del IMSS, ofrecen dos ejemplos de una misma patología política: la responsabilidad que desaparece justo cuando llega el momento de rendir cuentas.

Lemus no llegó ayer a la política jalisciense. Gobernó Zapopan entre 2015 y 2018 y Guadalajara entre 2021 y 2024. Seis años al frente de dos de los municipios más importantes de la zona metropolitana, con participación institucional en las decisiones sobre el abastecimiento de agua. Conocía las condiciones de la infraestructura hidráulica, las deficiencias del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y los problemas de un modelo de suministro que llevaba décadas deteriorándose. Hoy, desde la gubernatura, reconoce que durante mucho tiempo no se realizaron las inversiones necesarias para evitar que miles de hogares recibieran agua sucia y maloliente. Lo que sigue sin explicar satisfactoriamente es qué hizo durante sus seis años como alcalde para impedir que llegáramos a este punto.

La crisis tiene ahora una dimensión todavía más preocupante. El gobierno estatal propone sustituir el viejo sistema de abastecimiento desde Chapala mediante un nuevo acueducto cuya inversión se aproxima a los 12 mil millones de pesos. La obra, postergada durante más de una década, podría financiarse mediante un esquema de colaboración público-privada que comprometería recursos durante los próximos 20 o 25 años. Mientras tanto, cientos de colonias enfrentan restricciones en el suministro y los habitantes acumulan denuncias por la calidad del agua que reciben. La solución de una infraestructura abandonada durante años amenaza con convertirse en una deuda que pagarán generaciones de contribuyentes.

No se discute la necesidad de invertir en un sistema hidráulico que evidentemente requiere modernizarse. Lo que debe discutirse es quién tomó las decisiones que permitieron su deterioro, por qué se postergaron las obras y bajo qué condiciones financieras se pretende corregir ahora lo que no se atendió oportunamente. La emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco para contratar infraestructura sin transparencia ni escrutinio público.

La respuesta gubernamental a las protestas terminó de exhibir el tamaño del problema. El 11 de octubre, ciudadanos que salieron a las calles de Guadalajara para exigir agua limpia fueron reprimidos por elementos policiales. Hubo personas lesionadas, decenas de detenciones y denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos. La paradoja resulta indignante: una administración incapaz de garantizar agua en condiciones adecuadas encontró capacidad operativa para desplegar policías contra quienes reclamaban ese derecho.

Hoy Lemus asegura que asume su responsabilidad histórica y promete resolver la crisis. El reconocimiento es pertinente, aunque llega después de meses de inconformidad y de una protesta que terminó en violencia. Asumir responsabilidades exige algo más que pronunciar un compromiso frente a las cámaras. Supone establecer plazos verificables, explicar el destino de los recursos públicos y determinar quiénes permitieron que el problema alcanzara estas dimensiones. También implica esclarecer las responsabilidades de quienes ordenaron y dirigieron el operativo policial.

En el ámbito federal, Zoé Robledo protagoniza una versión distinta de la misma historia. Llegó a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social en mayo de 2019. Cuando en 2023 manifestó su intención de competir por la gubernatura de Chiapas, Andrés Manuel López Obrador lo convenció de permanecer al frente de la institución. Más de siete años después, Robledo sigue ahí, mientras el IMSS enfrenta protestas de trabajadores, saturación hospitalaria, carencias de medicamentos y deficiencias de infraestructura. No todas esas dificultades comenzaron durante su gestión, pero siete años son suficientes para dejar de presentarlas exclusivamente como problemas heredados.

Este miércoles, miles de trabajadores activos y jubilados del Seguro Social volvieron a movilizarse para exigir mejores condiciones laborales, abastecimiento de medicamentos, contratación de personal y cambios en su representación sindical. El conflicto escaló después del rechazo de numerosos trabajadores a la propuesta salarial negociada con su sindicato. La inconformidad obligó al gobierno federal a presentar una nueva oferta de incremento global del ocho por ciento, integrada por un cuatro por ciento al salario tabular y otro cuatro por ciento en prestaciones relacionadas con vivienda.

La cifra merece una precisión que el discurso oficial suele pasar por alto. Un incremento global del ocho por ciento no significa necesariamente que el sueldo base de los trabajadores aumente en esa proporción. Y aunque el ofrecimiento mejora la propuesta anterior, tampoco resuelve por sí mismo las condiciones en que médicos, enfermeras y personal administrativo deben desempeñar sus funciones. Los trabajadores reclaman un aumento directo del diez por ciento, pero también denuncian una realidad hospitalaria que no desaparece mediante una negociación salarial.

Robledo ha respondido con cifras sobre el crecimiento de la institución, la incorporación de personal y el número de consultas y cirugías realizadas. Son datos relevantes que merecen reconocerse, pero no responden por sí mismos a las denuncias de médicos que trabajan sin insumos suficientes ni a las de pacientes que deben buscar fuera del hospital los medicamentos que necesitan. La productividad institucional no cancela la obligación de garantizar atención oportuna y de calidad. Un sistema puede realizar millones de consultas y mantener, al mismo tiempo, deficiencias graves que afectan a quienes dependen de él.

La crisis sanitaria tiene responsables políticos que van mucho más allá de Robledo. López Obrador eliminó el Seguro Popular, apostó por el Insabi y terminó sustituyendo aquel experimento fallido con el modelo IMSS-Bienestar. La reorganización institucional, los problemas en las compras consolidadas y las dificultades de distribución de medicamentos forman parte de una transformación cuyos resultados deben evaluarse sin la complacencia de los discursos oficiales. Aunque el IMSS ordinario y el IMSS-Bienestar tienen estructuras y responsabilidades distintas, ambos pertenecen a una política sanitaria que lleva años prometiendo mejores servicios sin conseguir que desaparezcan carencias fundamentales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la permanencia de Robledo y participado en la búsqueda de una salida al conflicto laboral. Pero el respaldo presidencial no sustituye una evaluación de desempeño. Si después de más de siete años al frente del Seguro Social persisten denuncias por desabasto, insuficiencia de personal y deterioro de las condiciones laborales, corresponde a su director explicar cuáles fueron las decisiones que tomó para corregir esos problemas y por qué sus resultados siguen siendo insuficientes.

Lemus y Robledo pertenecen a proyectos políticos distintos, pero comparten una práctica que ha terminado por contaminar buena parte de la administración pública mexicana. Gobernar se ha convertido, demasiadas veces, en una competencia para controlar el relato antes que en una obligación de modificar la realidad. Cuando las cosas funcionan, los resultados tienen nombre y apellido; cuando fracasan, aparecen las herencias malditas, las limitaciones presupuestales y las circunstancias extraordinarias.

Nadie razonable puede exigir que un gobernador reconstruya en unos meses una red hidráulica deteriorada durante décadas ni que el director del IMSS resuelva inmediatamente todas las carencias de un sistema sanitario gigantesco. Lo exigible es bastante más elemental: que rindan cuentas sobre las decisiones que tomaron cuando ya conocían los riesgos, sobre los recursos que administraron y sobre las oportunidades que dejaron pasar. La antigüedad en el cargo debería aumentar la responsabilidad política, no proporcionar nuevas excusas para evadirla.

El problema de fondo es que en México hemos normalizado la permanencia sin resultados y la rendición de cuentas sin consecuencias. Se puede dirigir una institución durante más de siete años, reconocer que siguen pendientes problemas fundamentales y continuar como si la evaluación del desempeño fuera un asunto secundario. Se puede gobernar durante seis años dos municipios metropolitanos, llegar a la gubernatura y presentar como descubrimiento una crisis que ya se conocía desde mucho antes. Y todavía se puede pretender que los ciudadanos acepten las explicaciones oficiales con la paciencia de quienes no tienen derecho a exigir algo mejor.

Pablo Lemus y Zoé Robledo no necesitan más tiempo para enterarse de los problemas que administran. Necesitan responder por lo que hicieron, por lo que omitieron y por las consecuencias de sus decisiones. Porque el agua contaminada que sale de una llave y el medicamento que no aparece en una farmacia hospitalaria tienen algo en común: afectan directamente a personas que no pueden darse el lujo de esperar a que sus gobernantes terminen de encontrar a quién echarle la culpa.

El verdadero fracaso no consiste solamente en que los problemas sigan sin resolverse. Consiste en que quienes han tenido durante años el poder para enfrentarlos pretendan que sus promesas de hoy sean suficientes para absolverlos de sus omisiones de ayer.

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