El SENADO analiza una minuta que busca TIPIFICAR el RECLUTAMIENTO DELICTIVO
El combate al reclutamiento de personas por parte de grupos criminales dio un paso más en el Congreso. El Senado de la República recibió este miércoles 21 de octubre la minuta enviada por la Cámara de Diputados que propone incorporar a la ley el delito de reclutamiento con fines delictivos, con penas de 10 a 20 años de prisión y multas de cinco mil a 50 mil días, independientemente de las sanciones que correspondan por otros delitos.
- La Mesa Directiva turnó el documento a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, que deberán elaborar el dictamen antes de que pase al pleno. La propuesta reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
De acuerdo con la minuta, se sancionaría a quien invite, induzca, incorpore o reclute, directamente o a través de otra persona, a una o más personas para integrarse a un grupo delictivo o a la delincuencia organizada, o para realizar actividades vinculadas con ella. La redacción abarca cualquier vía: medios impresos, electrónicos o cualquier otro.
- Si el reclutamiento se realiza mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, se considerará reclutamiento forzado. En ese caso, la pena subiría a un rango de 15 a 25 años de prisión y de 10 mil a 80 mil días multa.
El tema no es nuevo en la agenda legislativa. Desde hace meses diputadas y diputados de distintas bancadas han presentado iniciativas en la materia, como se informó sobre la propuesta para castigar el reclutamiento forzado y sobre el avance de la iniciativa contra el reclutamiento de jóvenes. La minuta que ahora llega al Senado es el resultado de ese proceso en San Lázaro.
- El proyecto prevé que las penas aumenten hasta en una mitad cuando concurran circunstancias que agraven la conducta. Entre ellas, que quien reclute haya trabajado en seguridad privada y use información confidencial o capacitación obtenida en ese empleo; que sea servidor público; que la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o que se encuentre en situación de movilidad humana, sin importar su condición migratoria.
- También habría sanciones mayores si se causan lesiones o se recurre a tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes; si la víctima tiene conocimientos o habilidades especializadas, o si el responsable perteneció a instituciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente.
Cuando el responsable sea servidor público, además de la pena se impondría la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la prisión, contado a partir de que ésta se cumpla. En sentido inverso, la minuta plantea reducir hasta una tercera parte la pena a quien aporte a la autoridad información relevante y corroborada que ayude a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables.
- El reclutamiento de adolescentes y jóvenes por parte del crimen organizado es una de las preocupaciones más extendidas en materia de seguridad. Organizaciones civiles y autoridades han advertido que muchos menores son captados con ofertas de empleo falsas o mediante amenazas, y que la falta de un tipo penal específico dificulta perseguir a quienes los enganchan. Este medio ha dado seguimiento a propuestas para reforzar la protección de menores captados por la delincuencia organizada.
En la misma sesión, la colegisladora envió al Senado otra minuta para ampliar el plazo de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, de modo que su entrada en vigor sea gradual y acorde con las condiciones de los poderes judiciales del país. También fue turnada a Justicia y Estudios Legislativos, Primera.
El siguiente paso será la discusión en comisiones. Si se aprueba sin cambios, la reforma contra el reclutamiento pasará al pleno y, de avalarse, al Ejecutivo para su publicación./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
Punto Por Punto
