La Corte Constitucional podría tumbar el Presupuesto de 2027 del Gobierno De la Espriella: qué hay detrás de la situación

El Gobierno de Abelardo de la Espriella expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, por $634,9 billones, después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones distintas del artículo 65 y no conciliaron sus diferencias antes del plazo legal del 20 de octubre. El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció la decisión desde la Casa de Nariño e indicó que el Ejecutivo actuará con base en el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Restrepo sostuvo que el proyecto no fracasó en el Congreso. “No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, afirmó, al defender que el monto y la distribución estudiados por los legisladores en primer debate conservarán vigencia.

Definió el presupuesto como “la carta de navegación sobre la cual se definen las prioridades de inversión, las apuestas regionales de disposición de recursos y el instrumento que orienta la política fiscal y el gasto social”. Según explicó, “por un error de trámite en un artículo” con diferencias entre ambas cámaras que no llegó a conciliación, regirá el texto gubernamental modificado en ese primer debate.

Ante esto, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, coincidió en que la discrepancia legislativa dejó dos documentos incompatibles al cierre del trámite. Henríquez afirmó que el Senado aprobó su versión tras más de 10 horas de discusión, mientras la Cámara avaló un artículo distinto, circunstancia que bloqueó la conciliación antes del vencimiento del plazo.

El desacuerdo entre Senado y Cámara que impidió la conciliación

Henríquez considera que el Gobierno debe adoptar el texto aprobado en las comisiones económicas conjuntas, incluida la versión inicial del artículo 65 y las proposiciones votadas en esa fase. “El Gobierno, con base en el artículo 59 del estatuto orgánico de presupuesto, debe acoger el texto que presentó y que se modificó en debate en las comisiones conjuntas económicas”, señaló.

De paso, evitó atribuir al Ejecutivo la responsabilidad política por el desenlace, aunque defendió la actuación de su corporación. “El Senado aprobó, debatió, ustedes son testigos de excepción, durante más de 10 horas y enviamos un texto”, dijo, antes de contrastar esa actuación con la de la otra cámara: “La Cámara debatió y aprobó un artículo que no estaba en el texto, distinto”.

La única vía jurídica del Presupueto General de la Nación

Sobre la situación, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo planteó una interpretación más restrictiva sobre la vía que debe seguir el Ejecutivo. En una publicación en X, recordó que el presupuesto debía aprobarse antes de la medianoche del 20 de octubre y sostuvo que, ante la falta de conciliación, “la única vía jurídica que está abierta es que el presupuesto original se apruebe por decreto, pues el país no puede quedarse sin presupuesto”.

Para el exfuncionario, las inversiones vinculadas al artículo 65 deberían discutirse posteriormente en un presupuesto adicional, aprovechando el espacio fiscal que, según indicó, abrió la reperfilación de la deuda. También alertó que “insistir en que el presupuesto quedó aprobado por el Congreso abre el inmenso riesgo de que luego la Corte Constitucional lo declare inexequible”.

Por su parte, el presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, José Ignacio López, reconoció el defecto procedimental, pero propuso privilegiar la discusión que sí alcanzó consenso. “Hubo un error procedimental en la aprobación del presupuesto”, manifestó, aunque añadió que el Congreso debatió el proyecto y que, salvo el artículo en discordia, existió acuerdo entre los legisladores.

Propuso que el Gobierno expida el presupuesto con base en lo acordado y mantenga el artículo cuestionado en la versión aprobada por las comisiones. “El Gobierno debería decretarlo con base en lo acordado, dejar el artículo en discordia en la versión que se aprobó en Comisiones y que sea la Corte Constitucional la que decida sobre cómo enmendar el fallo”, señaló.

Uno que hizo duras críticas fue el representante a la Cámara Óscar Benavides, que reclamó explicaciones por el desenlace y criticó el manejo legislativo del proyecto. “Como el Senado y la Cámara aprobaron textos diferentes, debían conciliar las versiones y someter el texto unificado a la aprobación de ambas corporaciones”, afirmó, al recordar que el plazo venció sin un acuerdo.

Benavides vinculó el retraso con los recursos que el país requiere para inversión territorial, agua potable, hospitales y escuelas. “La plata es del pueblo y el pueblo merece respuestas”, declaró el representante, quien pidió que las responsabilidades no se diluyan entre los funcionarios involucrados en el trámite.

Modificaciones presupuestales que podrían quedar por fuera

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que el retorno al texto aprobado en primer debate puede dejar fuera decisiones incorporadas después por las plenarias. “Los errores de trámite también tienen un costo fiscal”, indicó el órgano académico en X, al alertar que estas fallas generan incertidumbre sobre medidas necesarias para ordenar las finanzas públicas.

Dentro de los mecanismos que quedarían excluidos, el Observatorio Fiscal mencionó la obligación de hacer seguimiento trimestral a fondos extrapresupuestales, patrimonios autónomos y otras estructuras que administran recursos públicos.

La entidad considera que esos instrumentos requieren mayor trazabilidad y transparencia, y sostuvo que el error “también modificó decisiones que ya habían sido negociadas”.

Según este, el texto de primer debate tampoco incluye $3 billones destinados a salud ni otros $3 billones para asuntos energéticos relacionados con el fenómeno de El Niño. La entidad añadió que quedarían por fuera medidas sobre operaciones de deuda orientadas a generar ahorros, la posibilidad de reorientar recursos para atender el terremoto y la reducción de partidas del servicio de la deuda que las plenarias habían aprobado para elevar la inversión.

El ajuste fiscal pendiente tras el decreto presupuestal

Más allá de la discusión jurídica, López afirmó que el presupuesto de 2027 no incorporó recortes de peso y que el ajuste deberá llegar a través de una ley fiscal. “El presupuesto, en cualquiera de las versiones discutidas, no será ni financiable, ni viable” sin una estrategia de ajuste, advirtió, al mencionar el riesgo de que Colombia pierda la confianza de los mercados.

Señaló que esa futura ley debería permitir recortar gastos y derogar normas que ordenan desembolsos públicos. Puntualizó que el presupuesto aumentó frente al del año anterior y frente al presentado por el Gobierno precedente, pese a que cambios en partidas de algunos programas se perdieron al retomarse el texto de las comisiones.

Medidas concretas sobre el gasto administrativo

Por último, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, pidió que la anunciada ley de ajuste establezca medidas concretas sobre el gasto administrativo.

“Será relevante conocer el contenido de la anunciada ley de ajuste, especialmente sus medidas para reducir el gasto administrativo no esencial, eliminar duplicidades, focalizar mejor los subsidios”, afirmó la también exministra de Comercio, Industria y Turismo. Lacouture advirtió que el proceso no debe afectar la inversión productiva ni la protección de los hogares vulnerables.