SCJN respalda recursos federales directos para pueblos indígenas y comunidades afromexicanas
Yasmín Esquivel defendió que estas comunidades administren y ejerzan directamente los recursos públicos destinados a su desarrollo, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó 12 controversias constitucionales relacionadas con la asignación de recursos federales a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como su compatibilidad con la autonomía presupuestaria de los municipios.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que la autonomía financiera municipal debe interpretarse en armonía con los derechos reconocidos a estos grupos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ministra destacó que garantizar recursos para su administración directa permite a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas atender sus necesidades, definir prioridades y decidir sobre su propio desarrollo.
Reforma constitucional fortalece la autonomía de las comunidades
Esquivel Mossa recordó que la reforma al artículo 2 constitucional, publicada en 2024, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Explicó que este reconocimiento debe traducirse en medidas concretas que fortalezcan su capacidad de decisión y les proporcionen los recursos necesarios para ejercer su autonomía.
“La administración directa de los recursos que les corresponden es parte de su autonomía y del respeto a su dignidad”, señaló la ministra durante su intervención.
Recursos públicos con transparencia y rendición de cuentas
La ministra también recordó un criterio de la extinta Segunda Sala de la SCJN, resuelto en 2025, en el que participó como ponente. En aquella resolución, aprobada por mayoría de tres votos, se determinó que era constitucionalmente válido que la Federación otorgara recursos a comunidades indígenas para que los administraran directamente.
No obstante, precisó que el ejercicio de estos recursos debe sujetarse a mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, además de respetar los objetivos y las reglas de operación correspondientes al fondo.
Debate sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Los asuntos analizados por el Pleno abordaron la obligación de los municipios de destinar al menos 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la relación de esta disposición con la autonomía municipal.
La discusión se enmarca en los criterios judiciales que buscan garantizar los derechos de estas comunidades y fortalecer su participación en la administración de los recursos públicos destinados a su bienestar.
De acuerdo con la información difundida sobre la sesión del 21 de octubre de 2026, el debate también se vincula con los precedentes de distintas integraciones de la SCJN que han contribuido al desarrollo de criterios para proteger los derechos de las comunidades indígenas y los grupos agrarios.
Nota: La información proporcionada no detalla el sentido de la resolución individual de las 12 controversias constitucionales, por lo que no se afirma que todas hayan sido aprobadas en el mismo sentido.
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