Colombia ante los primeros pasos del gobierno de De la Espriella

Gaspard Estrada

Dos meses después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, Colombia atraviesa una rápida recomposición política. El nuevo presidente llegó al poder prometiendo ruptura con el gobierno de Gustavo Petro, restauración del orden, reducción del gasto público y recuperación de la relación privilegiada con Estados Unidos. En apenas unas semanas ha comenzado a aplicar ese programa. Pero la velocidad del giro está produciendo también una reacción igualmente rápida de la oposición y empieza a definir un país nuevamente organizado alrededor de dos proyectos antagónicos.
El primer frente es económico. De la Espriella recibió unas finanzas públicas muy deterioradas y ha convertido la situación fiscal en el principal argumento para justificar un programa de austeridad. Su gobierno acusa directamente a Petro de haber dejado al país al borde de una crisis presupuestaria y prepara recortes importantes mientras negocia posibles mecanismos de apoyo con el Fondo Monetario Internacional.
Ese diagnóstico puede ser económicamente defendible, pero políticamente entraña riesgos. Reducir gasto después de cuatro años de expansión de políticas sociales significa afectar programas que cuentan con beneficiarios concretos. Los recortes planteados para instituciones vinculadas al acuerdo de paz de 2016, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, han provocado especial controversia. Para el Gobierno representan burocracias costosas; para sus críticos, son pilares del proceso de reconciliación construido durante la última década.
La segunda gran transformación se produce en seguridad. De la Espriella ha desmantelado la lógica de la “paz total” de Petro y sustituido la negociación política con grupos armados por una estrategia basada en presión militar y sometimiento judicial. El Ejecutivo acaba de presentar un nuevo marco legal que ofrecería reducciones de penas a miembros del ELN, disidencias de las FARC y organizaciones criminales a cambio de desmovilización, entrega de bienes e información.
La apuesta responde a un diagnóstico ampliamente compartido: el Estado perdió presencia en numerosos territorios y varias organizaciones armadas utilizaron las negociaciones para expandirse. Sin embargo, el desafío será demostrar que el regreso de la mano dura puede producir algo más que resultados militares de corto plazo. Colombia conoce bien los límites de una estrategia que recupera territorios sin construir posteriormente justicia, infraestructura y oportunidades económicas.
El estilo presidencial añade otra dimensión. De la Espriella ha hecho de la comunicación directa y espectacular un componente central de su ejercicio del poder, apareciendo en operaciones de seguridad y utilizando un lenguaje deliberadamente confrontacional contra guerrillas y narcotraficantes. Esa estrategia refuerza su imagen entre quienes votaron por él buscando autoridad, pero aumenta el riesgo de personalizar excesivamente los resultados de seguridad: cada atentado, secuestro o retroceso territorial puede convertirse en una derrota presidencial.
El tercer frente es institucional. El gobierno ha ampliado la capacidad policial para intervenir frente a bloqueos y manifestaciones consideradas violentas. Oficialmente, la Presidencia garantiza plenamente el derecho de oposición y protesta. Pero organizaciones sociales temen que la nueva doctrina reduzca los mecanismos de diálogo y otorgue demasiada discrecionalidad a las fuerzas de seguridad. El recuerdo de las graves violaciones ocurridas durante las protestas de 2021 hace especialmente sensible cualquier cambio en esta materia.
La movilización nacional del 14 de octubre mostró que Gustavo Petro tampoco ha abandonado la escena política. Apenas dos meses después de entregar el poder, el expresidente participa nuevamente en marchas junto a sindicatos, movimientos indígenas, estudiantes y sectores del Pacto Histórico. La oposición intenta ahora presentar al nuevo gobierno como una contrarreforma destinada a desmontar los avances sociales y políticos del período anterior.
Eso plantea una paradoja para De la Espriella. Ganó prometiendo superar el ciclo Petro, pero corre el riesgo de mantenerlo como principal adversario durante todo su mandato. Cuanto más concentre su discurso en responsabilizar al expresidente por la crisis económica y de seguridad, más facilitará que Petro conserve centralidad y reorganice a la izquierda alrededor de su figura.
La política exterior completa el giro. El restablecimiento de las relaciones con Israel, la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el acercamiento a Washington simbolizan una ruptura frontal con la diplomacia del gobierno anterior. Colombia vuelve claramente al campo norteamericano en un momento de creciente competencia geopolítica en América Latina.
El problema para De la Espriella será evitar que la velocidad de la ruptura sustituya a la construcción de resultados. Seguridad, austeridad y alineamiento internacional le permiten diferenciarse claramente de Petro, pero no garantizan por sí solos gobernabilidad.
Apenas iniciado el mandato, Colombia vuelve así a organizarse alrededor de una polarización muy marcada. De la Espriella posee la iniciativa institucional; Petro conserva capacidad de movilización social. Entre ambos existe un amplio sector ciudadano que probablemente juzgará al nuevo Gobierno menos por su ideología que por resultados concretos en empleo, seguridad y costo de vida. Es allí, y no solamente en la confrontación entre derecha e izquierda, donde se decidirá la estabilidad política colombiana durante los próximos años.

* Miembro de la unidad del Sur global en la London School of Economics (LSE)

X: @Gaspard_Estrada

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