Un sicario adolescente fue condenado por un quíntuple homicidio en Uruguay
Cuatro delincuentes llegaron ese 10 de julio a una casa de la periferia de Montevideo y simularon ser policías. Iban en moto, con ropa de trabajo, a las siete y media de la mañana. Treparon muros, entraron a una casa, se identificaron como agentes y luego hicieron lo que realmente pretendían: acribillaron a balazos a cinco de las personas que estaban allí. Entre los atacantes había un adolescente, que confesó el crimen y dijo que había recibido dinero.
Una familia entera murió en este quíntuple homicidio que conmocionó Uruguay y que, según las autoridades, se explica por un conflicto criminal que viene de mucho tiempo.
El adolescente fue condenado a estar durante seis años en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el centro de reclusión de menores del país, informó la Fiscalía General de la Nación.
El joven, de 17 años, fue hallado responsable de cinco “homicidios muy especialmente agravados por precio o promesa remuneratoria y por reincidencia, en régimen de reiteración real”.
Los cuatro hombres llevaban ropa de trabajo con elementos reflectivos y los cascos puestos. Escalaron un muro perimetral y comenzaron a efectuar disparos contra las personas que estaban en el interior de la vivienda. Algunas de las víctimas estaban acostadas, mientras que otras se encontraban en la cocina, según reconstruye el comunicado de Fiscalía.
Cuatro personas murieron en el lugar mientras que una quinta persona –que había resultado herida– fue trasladada para recibir asistencia médica, pero falleció durante el traslado.
Los atacantes huyeron en moto enseguida: habían pasado apenas dos minutos de su llegada.
El ataque estuvo motivado por una disputa que había ocurrido aproximadamente una semana antes entre una de las víctimas y un hombre del barrio, según surge de la investigación. Este trabajo se realizó a partir del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitieron reconstruir los desplazamientos de los presuntos autores antes y después del ataque. También se realizaron pericias biológicas y balísticas, autopsias y el análisis de un celular incautado durante el procedimiento.
La incautación del teléfono permitió encontrar conversaciones en las que el adolescente reconocía su participación en los hechos y manifestaba que había recibido dinero para cometerlos. Además, se ubicaron fotos y otros elementos que coincidían con las características de las armas, los vehículos y la vestimenta que fue utilizada en el ataque.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el adolescente admitió su responsabilidad ante la Justicia. La causa finalmente fue tramitada a través de un proceso simplificado, que se da cuando el acusado admite que cometió el delito.
Cuando los Policías llegaron a la vivienda del barrio El Monarca, en la periferia de Montevideo, encontraron una escena dantesca: un hombre estaba muerto en el patio, una mujer sin vida en un sillón y dos hombres sin signos vitales en el ingreso a una habitación. En una cama, una adolescente de 14 años se debatía entre la vida y la muerte. Tenía varias heridas de arma de fuego.
Tres de las víctimas mortales eran hermanos: dos de ellos tenían 18 años y uno 28. Todos con antecedentes penales por porte y tenencia ilegal de armas. La cuarta víctima también era familiar: tenía 32 años y era la suegra de uno de ellos y madre de la adolescente fallecida.
Las víctimas eran integrantes de la banda de Los Suárez, un grupo criminal que hace unos años operaba en el barrio Villa Española, ubicado a unos 15 kilómetros de El Monarca. Este clan familiar había tenido varios conflictos en su zona anterior con Los Albín, otra banda criminal que disputa el territorio de venta de drogas.
La Policía cree que hay más personas involucradas en el crimen, informó el canal 12 local. Algunos de ellos son mayores de edad. La investigación continúa para dar con los autores materiales, pero también con el autor intelectual, que le pagó a los sicarios.
Infobae
