Venezuela: advierten que reforma de Ley contra el Odio mantiene carácter punitivo y restricciones a la libertad
Le quitó los colmillos, pero dejó las garras. La presidenta encargada Delcy Rodríguez cumplió su promesa de “despenalizar” la Ley contra el Odio, mas la norma conserva multas, sanciones y prohibiciones que encienden las alarmas de los defensores de Derechos Humanos que insisten en demandar su derogación.
“Destaca la eliminación de los tipos penales, lo cual va en sintonía con la previamente anunciada ‘despenalización’. No obstante, los infractores serán sometidos a la imposición de multas que pueden llegar a 10 mil veces la moneda de mayor valor”, subraya la ONG Acceso a la Justicia al analizar el proyecto de reforma planteado por Rodríguez.
Acceso a la Justicia detalla que la propuesta establece “el tipo de cambio de la moneda de mayor valor como base de cálculo del catálogo de multas”, y mantiene las sanciones administrativas y prohibiciones, razón por la cual ratifican su posición de exigir la eliminación de una norma que en la práctica solo ha sido utilizada para perseguir y encarcelar a la disidencia.
La propia Delcy Rodríguez reconoció que ese instrumento “lamentablemente fue mal aplicado, se hizo un uso abusivo de esa ley”. La ONG Foro Penal señala que desde 2017, año de la promulgación del texto, unas 927 personas han sido imputadas por el delito de “instigación al odio”.
“Según nuestro Código Penal, las penas se dividen en ‘corporales’ y ‘no corporales’. La prisión es una pena ‘corporal’, la multa es una pena ‘no corporal’. Cambiar el tipo de pena, de una ‘corporal’ a otra ‘no corporal’ no es ‘quitarle el carácter punitivo’ a una ley”, cuestiona el abogado Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
Censura
La ONG Espacio Público advierte que “la reforma de la Ley contra el Odio elimina la cárcel, pero mantiene la censura”. Critican que “las sanciones ahora las impone el Ejecutivo” a través del Ministerio de Relaciones Interiores, hoy en manos de Diosdado Cabello, “que dirige los cuerpos policiales e instruirá y decidirá los procedimientos”.
Con la reforma presentada por Delcy Rodríguez continúa vigente el “control arbitrario de plataformas y medios: las empresas de redes sociales siguen obligadas a retirar ‘inmediatamente’ contenidos, sin orden judicial. El Estado puede ordenar la difusión de mensajes, y ese deber se extiende a todo prestador de servicios de comunicación”.
Espacio Público alerta que el texto sigue dejando abierta la vía penal. “El artículo 26 permite acudir a los tribunales ‘sin perjuicio de las sanciones administrativas’, mientras el delito de ‘instigación al odio’ del artículo 285 del Código Penal sigue vigente”.
El experto en Derecho Internacional, Mariano de Alba, enfatiza que “varias de las disposiciones (de la norma) siguen siendo incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”.
“Es preocupante que las infracciones de ‘hostigamiento’, ‘mensaje discriminatorio’ y ‘mensaje de violencia’, además de ser difusas, no excluyan expresamente las opiniones políticas ni la labor periodística”, comenta De Alba.
Infobae
