LA DENUNCIA RESPONSABLE. HACIA UNA NUEVA CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EFICACIA EN LA INVESTIGACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

POR: ALBERTO GÁNDARA RUIZ ESPARZA

PRESIDENTE DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

ABOGADO Y CONSULTOR

Durante mi paso por órganos internos de control pude constatar como históricamente los “buzones” de denuncia se saturan de denuncias improcedentes que no son promovidas por ciudadanos interesados en combatir la corrupción o las ineficiencias de quienes desempeñan un cargo público, sino por los mismos servidores públicos que lo hacen por diferencias personales con sus compañeros de trabajo.
La situación no solo no ha cambiado, se ha intensificado pues la recepción sistemática de denuncias que carecen de elementos objetivos mínimos para advertir la posible comisión de una falta administrativa continúa generando que las autoridades investigadoras de los OICs tengan que invertir mucho tiempo valioso para contestar y atender las mismas, en lugar de concentrar sus esfuerzos en casos que verdaderamente sean relevantes.
Es muy claro el derecho de cualquier persona a denunciar irregularidades, sin embargo, lamentablemente este mecanismo se utiliza como instrumento de confrontación laboral, represalia personal, hostigamiento institucional o disputa política.
Los órganos internos de control están obligados a recibir denuncias de ciudadanos y servidores públicos que advierten irregularidades administrativas, pero no todo aviso necesariamente constituye una denuncia procedente, ni toda percepción de injusticia permite presumir la comisión de faltas administrativas.
El poder disciplinario del Estado Mexicano debe activarse solo cuando se advierten indicios suficientes para iniciar una investigación que pudiera derivar en la emisión de un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
La eficacia del régimen no puede medirse solamente por la cantidad de denuncias recibidas y las que tuvieron como resultado una sanción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas y sus correlativas estatales, establecen que las denuncias deben contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de una falta.
El legislador no configuró el derecho de denuncia para que se ejerza de forma irresponsable o a capricho por lo que el denunciante debe aportar por lo menos indicios y circunstancias que permitan la apertura del expediente de investigación.
Considerar que cualquier señalamiento vago obliga a abrir una investigación, no resulta jurídicamente viable.
Un indicio razonable incluye información objetiva, verificable o susceptible de corroboración que permita a la autoridad investigadora formular una hipótesis inicial para abrir el expediente.
Afirmar de manera frívola que alguien es corrupto sin describir hechos concretos, no da elementos para abrir un expediente de investigación.
La autoridad investigadora no puede transformar automáticamente señalamientos genéricos en investigaciones.
Cada denuncia recibida genera un registro, análisis de competencia, clasificación, acuerdos, diligencias y gestión documental. Incluso una denuncia insuficiente requiere de un trámite y horas de trabajo.
La eficiencia no consiste en abrir de manera injustificada cientos o miles de expedientes y la ausencia de sanciones equivalentes al número de denuncias no es un indicador de falta de atención.
En toda esta problemática podemos distinguir las siguientes categorías:
Denuncia insuficiente. Es la que no proporciona datos necesarios para advertir una probable irregularidad.
Denuncia infundada. Es la que cuya hipótesis no encuentra respaldo jurídico tras la valoración correspondiente.
Denuncia maliciosa. Es la que asevera falsedades conscientes o imputa hechos de manera desordenada para tratar de inducir a la autoridad al error.
Estas categorías no distinguen si el denunciante es identificable o es anónimo pero la estadística nos lleva a concluir que en los tres casos arriba citados es más común que sean denuncias anónimas.
Por otro lado, la investigación administrativa no debe convertirse en una sanción anticipada por el escrutinio público o las publicaciones en redes sociales.
La finalidad de una investigación es esclarecer hechos y nunca debe basarse en la presión que puedan ejercer las publicaciones en redes sociales o medios de comunicación. Las decisiones deben responder a criterios jurídicos y no a conveniencias políticas.
Por ello, la denuncia responsable debe acompañarse de una investigación responsable que documente las razones de su apertura, evitar requerimientos arbitrarios o desproporcionados, registrar conflictos de interés y garantizar neutralidad absoluta.
No debe minimizarse la violencia laboral, la discriminación o represalias que sí exigen atención institucional, sin embargo, se deben identificar los hechos y derivarlos a las vías correspondientes
La enemistad entre el denunciante y el denunciado no invalida automáticamente una denuncia, pues alguien puede tener diferencias personales y además conocer de la comisión de faltas administrativas.
Sin embargo, es sumamente relevante que las autoridades investigadoras actúen de forma objetiva, evitando a toda costa imputaciones o persecuciones infundadas o injustificadas.
La divulgación injustificada de pronunciamientos o medidas cautelares desproporcionales pueden vulnerar derechos, particularmente cuando hay escenarios de rivalidad política.
La reputación profesional de las y los servidores públicos debe protegerse siempre, por lo que el objetivo de la denuncia responsable está relacionada con una cultura de garantías, no una política de protección de servidores públicos.
Desde hace varios años hemos insistido en la importancia de que se impulse un “Programa de Denuncia Responsable” cuyo principio rector debe ser denunciar responsablemente, lo que no significa tener pruebas suficientes, significa comunicar de buena fe hechos concretos, con los datos o indicios disponibles, que permitan investigar una posible irregularidad.
El programa debe incorporar sensibilización ciudadana sobre qué es una falta administrativa y cuáles son las competencias de un OIC, así como guías sencillas que inviten a describir hechos, fechas aproximadas, lugares y fuentes disponibles, protección de denunciantes anónimos; entre otras cosas.
Ahora bien, una denuncia anónima puede ser precisa y una identificable puede ser vaga. Hay de todo, pero el criterio debe ser la información proporcionada, no la identificación del promovente.
Las campañas anticorrupción suelen concentrarse en multiplicar canales y promover la denuncia, sin embargo, aunque estas son medidas necesarias, también se requiere promover la denuncia responsable.
Un Programa de Denuncia Responsable debe armonizar el derecho a hacer llegar los elementos que presuman irregularidades administrativas, el deber de investigar y los derechos de las personas denunciadas.
La ciudadanía debe poder denunciar sin probar anticipadamente una falta, pero sin inventar imputaciones o lanzar acusaciones sin elementos o de mala fe.
Los OIC deben recibir, analizar, investigar y resolver conforme a ley, sin perseguir adversarios ni encubrir aliados.
Insistimos en que la eficiencia de una Contraloría no se mide únicamente por expedientes abiertos o sanciones impuestas, debe medirse por investigaciones pertinentes, decisiones motivadas, garantías respetadas y capacidad para detectar irregularidades administrativas reales.
Por todo lo anterior, es de suma importancia promover una cultura de denuncia ciudadana informada, de buena fe y basada en hechos concretos, así como fortalecer las capacidades de los órganos internos de control para recibir, valorar e investigar con legalidad, objetividad, proporcionalidad y protección de derechos.
Se debe facilitar que las personas describan hechos, circunstancias y fuentes de información disponibles sin requerir conocimientos jurídicos, así como distinguir las quejas de servicio, los conflictos laborales y la posible comisión de faltas administrativas, sin desatender hechos relevantes, proteger la denuncia anónima y de buena fe, la presunción de inocencia y la confidencialidad.
Para hacer medible el programa de deben generar indicadores útiles sobre calidad, oportunidad y legalidad de la respuesta institucional en la atención de denuncias.

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