El derecho a saber en la era de la inteligencia artificial

“El derecho a buscar, recibir y difundir información es parte indisociable del derecho a la libertad de expresión.”

Con estas palabras, la Asamblea General de las Naciones Unidas fundamentó la Resolución 74/5, mediante la cual proclamó el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información. La resolución reconoce, además, que los principios del acceso a la información pueden desempeñar una función crucial en el desarrollo, la democracia, la igualdad y la prestación de servicios públicos.

El pasado 28 de septiembre, en el marco de esta conmemoración, tuvo lugar la Jornada por la transparencia y el derecho a saber, evento coordinado por la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, la Red de Mujeres por la Transparencia y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Este tipo de encuentros permite reafirmar una idea esencial para la vida democrática: el ejercicio del poder público debe estar acompañado de información accesible, razones comprensibles y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

La transparencia no consiste únicamente en poner documentos o datos a disposición del público. Supone que las personas puedan conocer cómo actúan las instituciones, cómo ejercen sus atribuciones y, cuando corresponda, cuáles son las razones que sustentan sus decisiones. La legislación mexicana establece, además, que la información pública debe ser accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna.

Esta exigencia cobra especial relevancia ante la incorporación de la inteligencia artificial a la administración pública. Estas herramientas pueden facilitar tareas, procesar grandes volúmenes de información, mejorar servicios y apoyar decisiones. Pero también plantean nuevas preguntas: ¿para qué se utilizan?, ¿qué información interviene?, ¿qué controles existen?, ¿quién supervisa sus resultados y quién responde por su utilización?

Estas preguntas rebasan el ámbito tecnológico. Son preguntas de administración pública, responsabilidad institucional y ejercicio del poder.

El pasado 22 de septiembre, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, identificó a la inteligencia artificial como una de las grandes “pruebas del poder” de nuestro tiempo y advirtió sobre la creciente concentración de datos, capacidad de cómputo y algoritmos. Su formulación fue especialmente clara: “el peligro no es la tecnología, sino la tecnología sin rendición de cuentas, la capacidad tecnológica sin supervisión, la adopción de decisiones sin transparencia”.

Para el sector público, esta advertencia tiene una consecuencia directa: la incorporación de inteligencia artificial no debe crear nuevas zonas de opacidad.

Cuando estas herramientas intervengan de manera relevante en la producción de información, la prestación de servicios o el apoyo a decisiones públicas, las instituciones deberán conservar la capacidad de documentar su utilización, supervisar sus resultados y determinar con claridad las responsabilidades correspondientes.

Esto no significa divulgar indiscriminadamente algoritmos, códigos o información protegida. Significa algo más fundamental: la tecnología no debe diluir la responsabilidad pública. Una institución no deja de responder por una decisión porque haya utilizado un sistema automatizado para apoyarla.

El derecho a saber adquiere así una nueva dimensión. En determinados casos no bastará con conocer el resultado de la actuación gubernamental; será también necesario que las instituciones puedan explicar cómo intervino la tecnología, con qué finalidad, bajo qué controles y con qué responsabilidades.

Para México, el desafío no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en desarrollar capacidad institucional para utilizarlas con legalidad, eficacia, transparencia y responsabilidad.

Es aquí donde esta discusión se vincula con la misión del INAP. La formación y profesionalización de quienes integran la administración pública, la investigación, la generación de conocimiento y la asistencia técnica son elementos esenciales para construir instituciones capaces de aprovechar la innovación sin debilitar los principios que deben regir la actuación pública.

Más que enseñar a utilizar nuevas herramientas, se trata de fortalecer la capacidad para decidir cuándo utilizarlas, para qué, bajo qué reglas, con qué controles y con qué responsabilidades.

La tecnología seguirá evolucionando. El principio, sin embargo, permanece: en la era de la inteligencia artificial, el ejercicio del poder público debe seguir siendo comprensible, responsable y sujeto al escrutinio de la sociedad.