Eliminar la jornada laboral 6x1 en Brasil podría impulsar el empleo informal

La eliminación de la jornada laboral 6x1 en Brasil podría elevar los costos de contratación y aumentar la informalidad, según el análisis de Henrique Torrescasana Trevisan, publicado en el Instituto Mises. El autor sostiene que reducir los días de trabajo sin modificar los salarios ni las obligaciones patronales puede dificultar la incorporación de trabajadores al mercado formal, especialmente en sectores con márgenes económicos ajustados.

Esta propuesta legislativa apunta a sustituir el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso por una semana de 40 horas distribuidas en cinco días laborales y dos de descanso. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 461 votos a favor y 19 en contra, mientras que su votación en el Senado permanecía pendiente al momento de redactarse el artículo original.

El cambio mantendría los salarios semanales y las obligaciones establecidas en la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT), vigente desde 1943. Para Torrescasana Trevisan, esta combinación representa el principal problema económico de la iniciativa: trabajar menos horas por la misma remuneración incrementa el costo efectivo de cada hora contratada, sin que necesariamente aumente la productividad.

Al comparar este mecanismo con los efectos de un salario mínimo obligatorio, surgen evidencias reveladoras. Aunque el autor reconoce que ambas medidas son instrumentos legales distintos, argumenta que pueden producir consecuencias semejantes cuando el costo impuesto supera el valor económico que genera un trabajador. Bajo esas condiciones, algunas contrataciones dejarían de resultar viables para los empleadores.

Esta interpretación se apoya en el concepto de desempleo institucional desarrollado por Ludwig von Mises, que describe situaciones donde las intervenciones impiden ajustar las remuneraciones a las condiciones del mercado. Desde esa perspectiva, el riesgo no se limita a una menor contratación, sino que también incluye el desplazamiento de trabajadores hacia actividades informales.

Informalidad laboral y costos

Durante el primer semestre de 2026, la informalidad laboral brasileña rondaba el 37.4% de la población ocupada, equivalente a más de 38 millones de trabajadores fuera del sistema formal. El análisis destaca que esta proporción persiste incluso durante un periodo de resultados favorables del mercado laboral brasileño.

En contraste, la contratación formal implica obligaciones adicionales al salario. Entre ellas figuran una contribución patronal de 20% a la seguridad social, depósitos equivalentes al 8% en el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), el decimotercer salario y las vacaciones obligatorias.

Estos componentes forman un costo acumulado que las empresas deben considerar antes de contratar. Cuando la productividad de un trabajador no permite cubrirlo, aumenta el incentivo económico para recurrir a relaciones laborales fuera del marco formal.

Maranhão, Pará y Amazonas presentan tasas de informalidad superiores al 50%, mientras que Santa Catarina registra aproximadamente 25%. Torrescasana Trevisan interpreta esta distribución como compatible con su planteamiento sobre los costos laborales y los distintos niveles de productividad, aunque reconoce que la comparación no demuestra una relación causal por sí misma.

Menos contratación formal

Uno de los riesgos identificados es que los trabajadores desplazados hacia la informalidad pierdan acceso a prestaciones vinculadas con el empleo registrado. Entre ellas se encuentran las contribuciones patronales a la seguridad social y los beneficios por desempleo, además de mayores dificultades para realizar aportaciones a la jubilación o acceder al crédito formal sin comprobantes de nómina.

Comercio minorista figura entre los sectores potencialmente más vulnerables debido a sus márgenes de operación. Según el razonamiento, un aumento obligatorio del costo por hora podría traducirse en menos contrataciones o en la sustitución de relaciones formales por modalidades informales.

Entonces, la crítica no descarta los beneficios de una semana laboral más corta. Su argumento central distingue entre una reducción de jornada acordada voluntariamente y otra establecida por ley sin modificar las demás condiciones económicas de contratación.

En consecuencia, Torrescasana Trevisan propone simplificar y abaratar el empleo formal antes de incorporar nuevas restricciones a la legislación laboral. Desde su perspectiva, reducir los costos y la rigidez de la contratación permitiría ampliar el número de trabajadores cubiertos por derechos laborales, mientras que imponer nuevas obligaciones sin esos cambios estructurales podría terminar fortaleciendo la informalidad que la reforma pretende combatir.