El IMSS está enfermo y no se cura con discursos
Cuando los trabajadores de un hospital salen a las calles para denunciar que no tienen condiciones suficientes para atender a los enfermos, el problema ya no puede considerarse exclusivamente laboral. Cuando los pacientes esperan meses por una consulta, una cirugía o un medicamento, tampoco estamos frente a una simple deficiencia administrativa. Y cuando ambas realidades coinciden dentro de la institución de seguridad social más importante de México, lo que tenemos es una crisis que exige mucho más que declaraciones tranquilizadoras. El Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa un conflicto que ha puesto frente a frente a trabajadores, dirigencia sindical y autoridades, pero detrás de esa confrontación existe una cuestión todavía más grave: ¿quién está defendiendo realmente el derecho a la salud de millones de mexicanos? Porque el IMSS no puede funcionar adecuadamente si quienes atienden a los pacientes trabajan en condiciones insatisfactorias, pero tampoco puede permitir que sus problemas internos terminen aumentando el sufrimiento de quienes acuden a sus instalaciones buscando atención.
Las movilizaciones que durante los últimos días han protagonizado trabajadores del Seguro Social no surgieron de la nada ni responden únicamente a una diferencia salarial. Médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, personal técnico y empleados de distintas áreas han expresado inconformidades relacionadas con sus remuneraciones, la insuficiencia de personal, las condiciones de trabajo y las dificultades que enfrentan para desempeñar sus responsabilidades. También existen cuestionamientos a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezada por Rafael Olivos Hernández, cuya representación ha sido puesta en entredicho por grupos de trabajadores inconformes. Las protestas han alcanzado distintos estados y provocado movilizaciones, plantones y bloqueos, mientras las autoridades procuran establecer mecanismos de negociación que permitan recuperar la normalidad.
El detonante inmediato fue el acuerdo salarial que contemplaba un incremento global del 6.8 por ciento, integrado por un aumento del 2.9 por ciento al salario tabular y otro 3.9 por ciento en prestaciones. La distinción es importante porque no todas las percepciones tienen las mismas consecuencias para los trabajadores. El sueldo tabular constituye una referencia fundamental para diversos cálculos laborales, mientras determinadas prestaciones responden a conceptos específicos. Por ello, aunque la dirigencia sindical presentó inicialmente el acuerdo como un incremento global superior a la inflación, numerosos trabajadores consideraron insuficiente el aumento directo a sus salarios y exigieron revisar las condiciones pactadas.
La inconformidad tuvo una consecuencia relevante cuando los propios trabajadores rechazaron la propuesta mediante una consulta realizada el miércoles 14 de octubre. La votación obligó a reconsiderar el acuerdo previamente alcanzado y abrió un nuevo escenario de negociación.
Posteriormente, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y representantes del sindicato instalaron una mesa de trabajo para examinar alternativas salariales y laborales. Sin embargo, las protestas no han desaparecido. Persisten cuestionamientos sobre la representación sindical, las condiciones de las unidades médicas y los resultados que puedan producir las conversaciones. Una nueva movilización nacional ha sido anunciada para el miércoles 21, lo que demuestra que el conflicto permanece abierto.
Aquí conviene reconocer un aspecto positivo: la consulta permitió que los trabajadores expresaran directamente su posición sobre el convenio salarial. La representación sindical no puede entenderse como una autorización permanente para decidir sin escuchar a sus afiliados. Los sindicatos existen para defender derechos y negociar condiciones laborales, no para convertirse en estructuras ajenas a las preocupaciones de quienes les otorgan legitimidad. Pero también debe evitarse la conclusión automática de que todo desacuerdo con una dirigencia demuestra conductas indebidas. Las acusaciones de irregularidades requieren pruebas y procedimientos adecuados. Lo que sí resulta indispensable es garantizar que las decisiones sindicales se adopten democráticamente y que los trabajadores conozcan con claridad los compromisos que se negocian en su nombre.
La discusión sobre los salarios es legítima, pero sería un error reducir a ella toda la controversia. Los trabajadores también han denunciado carencias de medicamentos, materiales de curación, equipamiento y personal suficiente para atender la demanda de servicios. Algunas de esas deficiencias forman parte de problemas estructurales que la institución enfrenta desde hace años. Cuando un médico dispone de poco tiempo para examinar a sus pacientes, cuando una enfermera debe atender simultáneamente demasiadas responsabilidades o cuando una intervención se retrasa por falta de determinados insumos, las consecuencias no se limitan al cansancio o la frustración laboral. También pueden afectar la oportunidad y calidad de la atención.
Eso no significa desconocer el trabajo extraordinario que diariamente realizan miles de profesionales dentro del Seguro Social. México cuenta con médicos, enfermeras, técnicos, investigadores y trabajadores administrativos que han sostenido la operación de hospitales y clínicas en circunstancias difíciles. La pandemia dejó ejemplos de compromiso y sacrificio que no deberían olvidarse. Pero precisamente por respeto a ese personal resulta necesario examinar las condiciones en que desempeña sus tareas. Reconocer su vocación no debe convertirse en una excusa para exigirle que compense permanentemente, mediante esfuerzos individuales, las deficiencias de organización, infraestructura o abastecimiento.
Tampoco sería justo afirmar que todo funciona mal dentro del IMSS. La institución mantiene servicios de alta especialidad, realiza procedimientos complejos, desarrolla actividades preventivas y ofrece prestaciones de enorme importancia para millones de familias. Su infraestructura y experiencia acumulada representan uno de los principales activos del sistema mexicano de seguridad social. Además, las autoridades han informado de una ampliación considerable de la plantilla durante los últimos años, con incorporación de especialistas y personal de enfermería. Esos avances deben reconocerse, pero también evaluarse frente al crecimiento de la demanda y las necesidades reales de atención. Contratar más trabajadores constituye un progreso solamente si esa ampliación consigue traducirse en mejores servicios y condiciones laborales.
El IMSS sostiene que mantiene en operación sus unidades médicas y hospitales, y que están garantizados servicios esenciales como urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis. Esa información es relevante porque permite distinguir entre las protestas laborales y una eventual suspensión generalizada de la atención, que no ha sido anunciada. Sin embargo, mantener abiertas las instalaciones no resuelve necesariamente los problemas de fondo. Un hospital puede seguir funcionando mientras enfrenta saturación, retrasos, dificultades de abastecimiento o carencias en determinadas áreas. La continuidad del servicio es indispensable, pero su calidad y oportunidad deben formar parte de la misma evaluación.
Desde la perspectiva de los derechohabientes, la discusión adquiere una dimensión muy diferente. Para una persona que espera una cirugía, para quien necesita medicamentos permanentes o para una familia que intenta conseguir atención especializada, los debates sobre porcentajes salariales, cuotas sindicales o estructuras administrativas pueden parecer asuntos lejanos. Lo que necesita es recibir atención oportuna, trato digno, diagnósticos confiables y tratamientos adecuados. Esa expectativa no constituye una exigencia extraordinaria. Es precisamente la razón por la que existe una institución financiada mediante aportaciones de trabajadores, patrones y recursos públicos.
La relación entre quienes prestan los servicios y quienes los reciben no debería presentarse como una confrontación de intereses. Los trabajadores tienen derecho a salarios dignos, condiciones seguras y representación sindical efectiva. Los pacientes tienen derecho a recibir atención sin discriminación, retrasos injustificados ni obstáculos derivados de conflictos administrativos. Ambos derechos deben protegerse simultáneamente. Una política que pretenda mejorar los servicios sacrificando permanentemente las condiciones del personal terminará debilitando la atención. Pero una negociación laboral que ignore las necesidades de los derechohabientes también perderá de vista la función esencial de la institución.
En este contexto, las protestas deben respetar la libertad de expresión, manifestación y organización de los trabajadores. Son derechos constitucionales que no desaparecen por desempeñar funciones dentro del sector salud. Al mismo tiempo, quienes convocan movilizaciones deben considerar sus consecuencias sobre la circulación, el acceso a hospitales y la atención de personas vulnerables. Las autoridades tienen la obligación de facilitar las expresiones pacíficas y preservar la prestación de servicios indispensables. No se trata de enfrentar el derecho a protestar con el derecho a la salud, sino de encontrar mecanismos que permitan ejercer ambos sin ocasionar perjuicios evitables a terceros.
La responsabilidad de la dirigencia sindical resulta particularmente importante. Su tarea no consiste solamente en obtener incrementos salariales, sino también en defender condiciones de trabajo, promover capacitación, vigilar el cumplimiento de acuerdos y mantener una comunicación transparente con los afiliados. Cuando una proporción significativa de trabajadores considera que sus representantes no están atendiendo sus preocupaciones, corresponde abrir espacios auténticos de diálogo y rendición de cuentas. La legitimidad sindical no se conserva exclusivamente mediante procedimientos formales; necesita renovarse cotidianamente a través de resultados, cercanía con los trabajadores y respeto a sus decisiones.
Por su parte, la administración del Seguro Social debe responder con información verificable sobre los recursos disponibles, las necesidades de personal y las condiciones reales de operación. No basta con anunciar nuevas contrataciones, inversiones hospitalarias o programas de modernización. Es necesario conocer dónde existen los mayores déficits, qué unidades enfrentan saturación, cuáles son los tiempos de espera y cómo se distribuyen los insumos. Los problemas nacionales requieren soluciones generales, pero también diagnósticos específicos. Las necesidades de un hospital de alta especialidad en una gran ciudad pueden ser muy distintas de las que enfrenta una clínica ubicada en una comunidad apartada.
Un aspecto central es el financiamiento. El Seguro Social tiene obligaciones enormes y una población beneficiaria que requiere servicios cada vez más complejos. El envejecimiento demográfico, la prevalencia de enfermedades crónicas, los tratamientos especializados y la incorporación de nuevas tecnologías incrementan las necesidades de inversión. A ello se suman los compromisos laborales, las pensiones y el mantenimiento de instalaciones. Administrar semejante estructura exige planeación de largo plazo y decisiones presupuestales responsables. No sería serio prometer soluciones ilimitadas sin explicar de dónde saldrán los recursos, pero tampoco resulta aceptable utilizar las restricciones financieras como argumento permanente para justificar deficiencias que afectan derechos fundamentales.
La atención médica no puede administrarse únicamente mediante criterios contables. Una cama hospitalaria disponible, un equipo de diagnóstico funcional o un medicamento entregado oportunamente representan beneficios que van mucho más allá de su costo inmediato. La prevención y el tratamiento adecuado pueden evitar complicaciones que posteriormente resulten mucho más caras para las familias y para el propio sistema. Por ello, invertir en salud también significa proteger la productividad, reducir incapacidades, mejorar la calidad de vida y fortalecer la estabilidad económica del país. La eficiencia administrativa es indispensable, pero debe estar al servicio de los pacientes y no convertirse en un fin separado de ellos.
También conviene revisar los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos. Durante los últimos años, el sistema público de salud mexicano ha enfrentado dificultades relacionadas con compras, abastecimiento y logística. Algunas medidas buscaron corregir prácticas cuestionables, pero su implementación produjo controversias y problemas operativos que deben evaluarse con rigor. La transparencia en las adquisiciones es indispensable, como también lo es impedir irregularidades y sobreprecios. Sin embargo, ninguna reforma administrativa puede considerarse exitosa si los medicamentos no llegan oportunamente a quienes los necesitan. La calidad de una política pública se mide por sus resultados, no solamente por las intenciones que la originaron.
Otro desafío consiste en evitar que las reformas al sistema de salud terminen trasladando nuevas responsabilidades al IMSS sin acompañarlas de recursos, personal e infraestructura suficientes. Los proyectos para ampliar el acceso a los servicios médicos y avanzar hacia una mayor integración institucional pueden perseguir objetivos socialmente valiosos. Pero su viabilidad depende de cálculos financieros, capacidad operativa y coordinación efectiva entre instituciones. Incorporar más beneficiarios sin aumentar proporcionalmente las capacidades disponibles podría agravar la saturación existente. La universalidad de la atención no debe confundirse con la simple ampliación de obligaciones sobre estructuras que ya enfrentan presiones considerables.
En este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una responsabilidad que trasciende la negociación salarial inmediata. La administración federal debe asegurar que las políticas de salud cuenten con recursos suficientes, mecanismos eficientes de ejecución y objetivos susceptibles de evaluación. El director general del IMSS, Zoé Robledo, debe responder por la conducción institucional, mientras las autoridades hacendarias, laborales y sanitarias participan conforme a sus atribuciones. Ninguna dependencia puede resolver aisladamente todos los problemas, pero la complejidad administrativa tampoco debe convertirse en una cadena interminable de responsabilidades dispersas que impida identificar quién debe tomar decisiones.
El conflicto actual ofrece una oportunidad para establecer compromisos concretos. La revisión salarial puede avanzar mediante negociación y mecanismos democráticos de aprobación, pero debería acompañarse de un programa verificable para mejorar las condiciones laborales y la atención médica. Ese programa tendría que identificar prioridades, establecer plazos y permitir evaluar avances reales. No se trata de construir otra declaración de buenas intenciones, sino de definir qué problemas pueden resolverse inmediatamente, cuáles requieren inversiones mayores y qué autoridades serán responsables de cumplir cada compromiso.
La sociedad también necesita mecanismos de seguimiento. Los derechohabientes no deberían permanecer ausentes de las discusiones sobre la calidad de los servicios que reciben. Sus experiencias, quejas y propuestas pueden proporcionar información valiosa sobre tiempos de espera, abastecimiento, trato y continuidad de tratamientos. La participación de especialistas, universidades, colegios profesionales y organizaciones de pacientes puede contribuir a evaluar alternativas y fortalecer la vigilancia pública. El sistema de seguridad social no pertenece exclusivamente a sus administradores ni a sus trabajadores; constituye una institución fundamental para millones de mexicanos que contribuyen a sostenerlo y dependen de su funcionamiento.
Hay además una responsabilidad colectiva que conviene reconocer. Los problemas del IMSS no comenzaron con este conflicto ni pueden atribuirse exclusivamente a una administración. Son resultado de procesos acumulados durante décadas, decisiones presupuestales, transformaciones demográficas y deficiencias de gestión que han cambiado de intensidad con el tiempo. Pero admitir su carácter histórico no debe servir para diluir las obligaciones actuales. Cada gobierno recibe instituciones con fortalezas y problemas heredados, y su responsabilidad consiste en mejorar lo que funciona, corregir lo que falla y evitar que las dificultades continúen trasladándose indefinidamente a las siguientes generaciones.
La presidenta Sheinbaum ha manifestado disposición a examinar las demandas y fortalecer los servicios de salud. Esa intención deberá traducirse en acuerdos, inversiones y resultados observables. También corresponde a los trabajadores y a sus representantes participar responsablemente en las soluciones, reconociendo que la sostenibilidad de la institución constituye un interés compartido. Una negociación puede producir incrementos salariales y resolver determinadas inconformidades, pero la recuperación institucional exige algo más profundo: mejorar la organización, fortalecer la infraestructura, garantizar insumos y restablecer la confianza de quienes reciben atención.
La movilización anunciada para el miércoles 21 de octubre representa otra señal de que el conflicto todavía requiere respuestas. Sería deseable que las conversaciones avanzaran antes de esa fecha, pero no corresponde anticipar acuerdos que aún no existen. Los trabajadores tienen derecho a mantener sus demandas y las autoridades deben atenderlas mediante procedimientos transparentes. Al mismo tiempo, resulta indispensable proteger la continuidad de los servicios médicos y evitar que las diferencias internas se traduzcan en mayores dificultades para los pacientes. El éxito de la negociación no debería medirse solamente por la suspensión de las protestas, sino por la calidad de las soluciones alcanzadas.
El Seguro Social necesita recuperar la confianza de sus trabajadores y de sus derechohabientes. Para conseguirlo debe atender simultáneamente las condiciones salariales, la representación sindical, las necesidades de personal, el abastecimiento de medicamentos y las deficiencias administrativas que afectan la prestación de los servicios. Ninguno de esos asuntos puede resolverse mediante declaraciones aisladas ni trasladando las responsabilidades de una oficina a otra. Tampoco bastará con alcanzar un acuerdo laboral si permanecen intactos los problemas que diariamente enfrentan millones de pacientes.
Porque cuando una institución dedicada a proteger la salud comienza a mostrar síntomas persistentes de deterioro, la respuesta no puede limitarse a tranquilizar a quienes se quejan. Debe identificar las causas, aplicar los tratamientos necesarios y evaluar sus resultados. Ésa es la sentencia: el IMSS no recuperará su salud solamente aumentando salarios, inaugurando hospitales o anunciando nuevas contrataciones, aunque todo ello pueda ser necesario. La recuperará cuando sus trabajadores dispongan de condiciones dignas para cumplir sus responsabilidades y sus derechohabientes reciban atención oportuna, medicamentos y servicios de calidad. Un país puede acostumbrarse peligrosamente a las filas, las esperas y las carencias, pero jamás debería aceptar como normal que la institución encargada de cuidar la salud de millones necesite, ella misma, atención urgente.
@salvadorcosio1
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