Policía concentra el 70,3% de los sancionados disciplinariamente en Colombia: estas son las cifras
La Policía Nacional concentra el 70,3% de las personas sancionadas disciplinariamente en Colombia entre enero y agosto de 2026, según un análisis publicado por la revista Cambio con información de la base de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación. De las 1.268 personas identificadas en el registro, 892 estaban vinculadas a la institución, mientras que las 376 restantes correspondían a otros grupos incluidos en la base de datos.
El informe, elaborado a partir de una consulta realizada el 15 de octubre de 2026, también encontró un aumento en el número de uniformados sancionados frente al mismo periodo del año anterior. La cifra pasó de 642 personas en los primeros ocho meses de 2025 a 892 en 2026, una diferencia de 250 y un incremento del 38,9%.
Los datos corresponden a sanciones que comenzaron a producir efectos durante ese periodo, no necesariamente a faltas cometidas en 2026. Por tanto, la fecha de inicio de la sanción no determina cuándo ocurrieron los hechos que dieron lugar al proceso disciplinario.
Cómo se obtuvieron las cifras de sancionados disciplinariamente
De acuerdo con el medio, la información procede del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (Siri), administrado por la Procuraduría General de la Nación.
Esta plataforma reúne antecedentes sobre sanciones y restricciones para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. Los registros incluyen decisiones reportadas por diferentes autoridades, entre ellas las dependencias disciplinarias de la Policía Nacional.
Por esa razón, que una sanción aparezca en el sistema no significa que haya sido impuesta directamente por la Procuraduría. La institución también registra decisiones adoptadas por otras autoridades competentes.
Para establecer el número de personas sancionadas, la revista revisó los tipos y números de documento y contabilizó a cada persona una sola vez, incluso cuando tenía varias decisiones registradas.
El análisis incluyó servidores y exservidores públicos, así como particulares sujetos a sanciones. La cifra de 1.268 personas corresponde a los antecedentes disponibles en la base consultada el 15 de octubre de 2026, que puede actualizarse a medida que las autoridades reportan decisiones y novedades.
Destitución e inhabilidad, las medidas más frecuentes contra policías
Entre enero y agosto de 2026 comenzaron a producir efectos 933 decisiones disciplinarias contra policías, según los datos analizados. La medida más frecuente fue la destitución acompañada de inhabilidad general para ejercer funciones públicas.
Esta combinación apareció en 635 decisiones. La segunda modalidad más recurrente fue la suspensión con inhabilidad especial, registrada en 292 decisiones. Las seis restantes correspondieron a multas.
La destitución implica la salida del funcionario de la institución, mientras que la inhabilidad general restringe el ejercicio de funciones públicas durante el periodo establecido en el fallo.
En los casos de suspensión, el policía queda apartado temporalmente de sus funciones y deja de recibir sueldo durante el tiempo que dure la medida. La inhabilidad especial limita el ejercicio de funciones públicas en los términos fijados en la decisión disciplinaria.
Las 933 decisiones no equivalen a 933 personas diferentes. De acuerdo con el análisis, los 892 policías identificados acumularon esas decisiones, lo que significa que algunos fueron sancionados más de una vez.
Las sanciones contra policías aumentaron frente a 2025
La comparación entre enero y agosto de 2025 y el mismo periodo de 2026 muestra un incremento tanto en el número de uniformados sancionados como en el total de personas incluidas en la base.
En el caso de la Policía Nacional, los registros pasaron de 642 a 892 personas, un aumento del 38,9%. En el conjunto de la base, la cifra subió de 966 a 1.268 personas, equivalente a un crecimiento del 31,3%.
La variación más pronunciada entre las modalidades de sanción se presentó en las suspensiones acompañadas de inhabilidad. Las decisiones de este tipo contra policías pasaron de 25 en los primeros ocho meses de 2025 a 292 en el mismo periodo de 2026.
En cambio, las decisiones de destitución con inhabilidad general tuvieron una variación menor: pasaron de 632 a 635.
La comparación utiliza los mismos ocho meses de ambos años y cuenta una sola vez a cada persona al calcular el total de sancionados, aunque tenga más de una decisión disciplinaria.
Bogotá registra el mayor número de decisiones contra policías
En la distribución territorial de las 933 decisiones disciplinarias contra uniformados, Bogotá ocupó el primer lugar, con 187 registros. Le siguieron Antioquia, con 119; Valle del Cauca, con 91; y Atlántico, con 87.
Estos cuatro territorios reunieron 484 decisiones, algo más de la mitad del total analizado.
Atlántico presentó el mayor aumento frente al mismo periodo de 2025. Los registros pasaron de 29 a 87 entre enero y agosto de cada año, es decir, se triplicaron y sumaron 58 decisiones adicionales.
En Bogotá, las decisiones aumentaron de 135 a 187, una diferencia de 52. Magdalena también registró un incremento, al pasar de 16 a 45, mientras que Norte de Santander pasó de 14 a 37.
En contraste, las cifras disminuyeron en Huila, donde los registros bajaron de 21 a nueve, y en Putumayo, que pasó de 17 a cuatro.
Los datos corresponden al número de decisiones registradas por territorio y no necesariamente al de personas sancionadas en cada uno, puesto que un mismo uniformado puede tener varias sanciones.
Qué autoridades pueden sancionar a los integrantes de la Policía
La Policía Nacional cuenta con la Inspección General y otras dependencias disciplinarias encargadas de examinar las conductas de sus integrantes y determinar si incumplieron sus deberes.
La Procuraduría General de la Nación también puede investigar a los uniformados y asumir procesos que estén en manos de otras autoridades mediante la facultad conocida como poder preferente.
En consecuencia, las sanciones incluidas en el sistema Siri pueden proceder de distintas autoridades. La presencia de una decisión en la base de la Procuraduría no implica que ese organismo haya adelantado el proceso o impuesto directamente la medida.
Cuando una sanción incluye una inhabilidad vigente, la persona queda impedida para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado, de acuerdo con el alcance de la decisión.
Infobae
