La justicia salvadoreña admite pruebas para extinción de dominio de bienes del exfiscal Luis Martínez
La justicia de El Salvador admitió pruebas para avanzar en el proceso de extinción de dominio de seis inmuebles y 11 vehículos vinculados con el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, y otras siete personas. El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador evaluará esos elementos durante la audiencia de sentencia, en la que resolverá si los bienes pasan a propiedad del Estado.
La decisión comprende dos inmuebles ubicados en La Libertad y un vehículo Chevrolet que figuran a nombre de Martínez, quien encabezó la Fiscalía General de la República (FGR) entre el 4 de diciembre de 2012 y el 3 de diciembre de 2015.
El tribunal también deberá decidir sobre otros cuatro inmuebles: dos en La Libertad, uno en San Salvador y otro en Sonsonate. El expediente incluye, además, diez vehículos de distintas marcas y modelos, entre ellos tres BMW y dos Porsche.
Durante la audiencia preparatoria, el juzgado declaró pertinentes y útiles las pruebas presentadas por las partes. También aceptó que las declaraciones de Martínez y de Mauricio Antonio Yanes Morales, exgerente de la FGR, sean recibidas durante la etapa de sentencia.
De acuerdo con la información divulgada por Centros Judiciales de El Salvador, la Fiscalía sostiene que los activos investigados estarían relacionados con presuntas operaciones de lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y mezcla de patrimonio legal con recursos de origen ilegal.
La investigación patrimonial abarca ocho personas. Uno de los inmuebles está registrado a nombre de Margarita Lisset Aguirre González, hermana del exfiscal. Otros dos inmuebles y dos vehículos pertenecen, según el proceso, a Yanes Morales. Tres vehículos están inscritos a nombre de José Dolores Zelaya Mendoza, exdirector de Recursos Humanos de la Fiscalía.
La extinción de dominio es un procedimiento de naturaleza patrimonial mediante el cual el Estado solicita la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen o destino se vincule con actividades ilícitas. La resolución que admitió las pruebas no determina aún la transferencia de los bienes: esa decisión quedará en manos del juzgado cuando concluya la audiencia de sentencia.
Según la Fiscalía, las indagaciones permitieron identificar una presunta red de corrupción que operó durante el período en que Martínez estuvo al frente del Ministerio Público. La acusación señala la posible participación de funcionarios y particulares que habrían actuado como testaferros para adquirir o administrar patrimonio bajo investigación.
Entre los hechos que la Fiscalía atribuye a esa estructura aparecen la supuesta sustracción de dinero procedente de comisos y decomisos, el uso irregular de recursos de la institución y la cobertura de gastos particulares con fondos públicos. La entidad también mencionó pagos de telefonía personal con recursos de la Fiscalía, además de presuntas irregularidades en el manejo de investigaciones y la recepción de dádivas.
Martínez enfrenta otros procesos y condenas vinculados con su gestión
El exfiscal afronta otros expedientes judiciales por hechos presuntamente ocurridos durante su administración. En agosto de 2025, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador lo condenó a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación dentro del caso Rais-Martínez.
La Fiscalía acusó entonces a Martínez de favorecer al empresario José Enrique Rais mediante actuaciones y pruebas que, según la acusación, buscaban perjudicar al abogado Mario Calderón y a su esposa, Claudia Herrera. La pena se dividió en cinco años por cada delito.
En diciembre de 2024, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro lo condenó en un proceso civil por enriquecimiento ilícito. La resolución estableció que debía reintegrar al Estado USD 71,736,62 que no logró justificar, además de imponerle una inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Martínez también figura entre los imputados del caso Corruptela, una investigación sobre una presunta red que habría involucrado a exfuncionarios de la Fiscalía, empresarios y particulares. El expediente incluye acusaciones por peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, falsedad documental, omisión de investigación y lavado de dinero y activos.
De momento, la audiencia de sentencia en el proceso de extinción de dominio definirá si la Fiscalía logra acreditar que los seis inmuebles y 11 vehículos proceden, directa o indirectamente, de las actividades ilícitas que atribuye a los investigados.
Infobae
