Familiares de víctimas del Casino Royale exigen a Ernestina Godoy informar sobre liberación de ‘La Rana’
Samara Pérez Muñiz, vocera del Colectivo 52+2, exigió información a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sobre el proceso judicial federal que permitió la salida de prisión de Héctor Javier Montoya Chávez, La Rana. El reclamo se conoció después de que trascendiera, el 14 de octubre de 2026, que el hombre dejó el Centro Federal de Reinserción Social Número 14, en Gómez Palacio, Durango.
Montoya Chávez cumplía una condena de 15 años por su participación en el ataque al Casino Royale de Monterrey. Una jueza federal ordenó su liberación dentro de la causa penal 162/2011, el mismo expediente que investiga a otros implicados en el atentado.
El atentado del 25 de agosto de 2011 en Monterrey
Un grupo armado ingresó el 25 de agosto de 2011 al Casino Royale, ubicado sobre la avenida San Jerónimo. Los agresores rociaron combustible en el interior del inmueble y provocaron un incendio que mató a 52 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas, según informó el portal ABC Noticias.
Héctor Javier Montoya Chávez formaba parte del cártel de Los Zetas al momento del ataque. Un tribunal lo condenó por su responsabilidad en el atentado y por delitos federales adicionales derivados del mismo expediente.
La liberación de Montoya Chávez tras quince años de prisión reabrió la exigencia de justicia de las familias de las 52 víctimas mortales. El colectivo que las representa sostiene que las autoridades federales no les informaron del proceso antes de que se hiciera público en los medios.
Héctor Javier Montoya Chávez sale del Cefereso Número 14 en Durango
La orden judicial estableció la libertad de Montoya Chávez bajo protesta a partir de los últimos minutos del 4 de octubre de 2026. La determinación se aplicó de manera exclusiva a la causa penal 162/2011 y no canceló otros procedimientos pendientes en su contra, de acuerdo con el portal ABC Noticias.
El 8 de octubre de 2026 trascendió que la jueza federal Mabel Cortés Navarrete había autorizado la excarcelación de dos sentenciados por el mismo expediente. Junto a Montoya Chávez figuraba José Alberto Loera Rodríguez, El Voltaje, también señalado como integrante de Los Zetas.
Loera Rodríguez permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato. Otras causas penales por homicidio y asociación delictuosa mantienen vigente su reclusión.
El Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito solicitó al juzgado correspondiente localizar a Montoya Chávez tras confirmarse su salida. La instancia busca obtener un medio de contacto para notificarle futuras resoluciones relacionadas con su proceso judicial.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la liberación a las familias apenas el 12 de octubre de 2026. El aviso llegó después de que el expediente ya hubiera trascendido en medios nacionales, situación que las víctimas calificaron como falta de información oportuna.
Samara Pérez exige a Ernestina Godoy y a la CEAV intervención federal
“Hay dos procesos en el caso, uno federal y uno estatal. De la vertiente federal no tenemos ninguna información”, declaró Samara Pérez Muñiz, vocera de las familias, a medios locales.
La vocera añadió, en la misma entrevista con el periodista Carlos Zúñiga, que las familias han solicitado que la fiscal general de la República las atienda directamente. “Hemos estado solicitando que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, atienda a las familias”, sostuvo.
Pérez Muñiz reclamó además que las autoridades asuman su obligación de informar sin que las familias deban buscar los datos por su cuenta. “Las familias de las víctimas hemos estado tocando las puertas de las autoridades, cuando las autoridades tienen la responsabilidad de informar”, afirmó ante el diario.
Las familias también pidieron la intervención de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La vocera consideró esa intervención necesaria para que las familias accedan a información y acompañamiento en el ámbito federal.
Las autoridades de Nuevo León indicaron a las familias que los asuntos federales no son de su competencia. Esa respuesta dejó a los deudos sin claridad sobre a qué instancia acudir para conocer el avance de esa parte del proceso, según relató a medios locales.
La liberación de La Rana se confirmó pese a los reclamos previos de información que las familias habían presentado ante distintas dependencias desde octubre de 2026. Ese episodio resume la demanda central del colectivo: conocer con precisión el estado del expediente federal antes de que ocurran nuevas excarcelaciones.
Las familias intentaron además contactar al subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, para lograr una reunión con la fiscal Ernestina Godoy. Esa gestión buscaba abrir un canal directo que hasta ahora no se ha concretado.
El colectivo sostuvo una reunión el 12 de octubre de 2026 con el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar. En ese encuentro, la autoridad estatal les informó de la liberación y les explicó que las medidas de protección solo se otorgan cuando ya existe una agresión.
“Las medidas de protección se solicitan por la peligrosidad, no solamente de esta persona Héctor Montoya, sino también por El Voltaje”, señaló Pérez Muñiz al mismo diario. La vocera agregó que la vulneración de sus derechos se extiende por quince años de denuncias constantes.
El fiscal estatal explicó a las familias que una amenaza concreta debe materializarse antes de que proceda cualquier resguardo oficial. “Comentó que entonces para recibir medidas de protección tendría que ser amenazada o estar muerta”, consignó sobre la postura transmitida a la vocera.
Pérez Muñiz había solicitado previamente, el 8 de octubre de 2026, medidas de protección a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Hasta la fecha de las últimas declaraciones, esa petición continuaba sin resolución, de acuerdo con el mismo medio.
En una entrevista anterior con Milenio Televisión, la vocera exigió ser integrada junto con las familias como terceros interesados en el juicio federal. Esa condición procesal les permitiría conocer el universo completo de personas investigadas por el atentado y el estatus actual de cada resolución.
Pérez Muñiz precisó que las familias solo cuentan con información sobre 17 personas sometidas a procesos en el fuero estatal de Nuevo León. De los procesos federales, insistió, no reciben ningún dato oficial.
Las familias de las víctimas también siguen en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un motivo adicional. Existe la posibilidad de que ese organismo cierre la recomendación 66/2012, emitida a raíz de los hechos del Casino Royale.
Esa recomendación acreditó en su momento la ausencia del deber de cuidado y la falta de control por parte de diversas autoridades involucradas en el caso. El pronunciamiento exigió entonces medidas administrativas, jurídicas y de no repetición que el colectivo considera aún pendientes.
“Nos faltan palabras para esta indignación que sentimos, es muy doloroso ver estas situaciones, como la liberación del implicado”, expresó Pérez Muñiz. “A quince años no hemos visto justicia”, agregó la vocera ante el medio.
El reclamo de las familias se mantiene centrado en dos ejes concretos: acceso a la información del expediente federal y garantías de seguridad ante la salida de los sentenciados. Mientras la Fiscalía General de la República no emita una respuesta pública, el colectivo adelantó que continuará recurriendo a cualquier instancia disponible para dar seguimiento al caso.
Infobae
